TIERRA DEL FUEGO
22/09/2026 - Edición Nº586
Legislatura
TIERRA DEL FUEGO
Impulsan un registro provincial para impedir que personas inhabilitadas accedan a cargos públicos
08:46 | El proyecto fue presentado por el bloque del Partido Justicialista en la Legislatura provincial y propone crear el Registro Provincial de Personas Inhabilitadas para el Ejercicio de la Función Pública (REPRI). La iniciativa establece la consulta obligatoria del registro antes de realizar designaciones en los tres poderes del Estado, organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas provinciales.
Un proyecto de ley presentado por el bloque del Partido Justicialista en la Legislatura de Tierra del Fuego propone crear el Registro Provincial de Personas Inhabilitadas para el Ejercicio de la Función Pública (REPRI).
La iniciativa busca centralizar y mantener actualizada la información sobre personas que cuenten con inhabilitaciones judiciales firmes y vigentes para desempeñarse en cargos públicos. El registro alcanzaría a los tres poderes del Estado provincial, organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas estatales.
Según los fundamentos del proyecto, la información actualmente se encuentra dispersa entre distintos organismos, situación que podría dificultar los controles previos a una designación. Por ese motivo, la propuesta establece que el REPRI deberá ser consultado obligatoriamente antes de realizar cualquier designación.
La medida alcanzaría a cargos de planta permanente y transitoria, cargos políticos y personal contratado de los tres poderes del Estado, además de los organismos y empresas provinciales contemplados en la iniciativa.
Para integrar el registro deberá existir una sentencia judicial firme que establezca la inhabilitación, conforme a la legislación vigente.
El proyecto propone como autoridad de aplicación al Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, o al organismo que en el futuro lo reemplace en materia de Justicia. Entre sus funciones estaría administrar y actualizar el registro, garantizar la seguridad de los datos y centralizar la información remitida por el Poder Judicial provincial y federal.
Además, se prevé la posibilidad de establecer mecanismos de interoperabilidad y convenios de colaboración con juzgados y otros organismos para facilitar el intercambio de información.
El REPRI tendría carácter confidencial y debería ajustarse a las disposiciones de la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales. La iniciativa contempla, en cambio, la difusión de estadísticas periódicas sobre las inhabilitaciones vigentes y los tipos de delitos o faltas que les dieron origen, preservando la identidad de las personas cuando corresponda.
La permanencia en el registro estaría limitada al período de inhabilitación dispuesto judicialmente. Una vez cumplido ese plazo y acreditada la rehabilitación, la autoridad de aplicación debería disponer la baja de oficio dentro de los cinco días hábiles.
De acuerdo con los fundamentos, la propuesta apunta a fortalecer los mecanismos de control del Estado y permitir que, antes de una designación, puedan verificarse tanto la idoneidad requerida como la existencia de eventuales impedimentos legales para ejercer una función pública.
