La ANPYN rechazó por segunda vez el ingreso de inspectores provinciales al Puerto

El conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo, esta vez relacionado con las tareas de fiscalización ambiental que pretende llevar adelante el Gobierno de Tierra del Fuego dentro de la terminal portuaria.

La secretaria Legal del Ministerio de Producción y Ambiente, Lisi Cristofano, confirmó que equipos técnicos de la Provincia intentaron ingresar en dos oportunidades al Puerto de Ushuaia, pero fueron impedidos por las autoridades de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), organismo que actualmente tiene a su cargo la intervención de la terminal.

Según explicó la funcionaria, la Provincia sostiene que mantiene facultades para ejercer controles ambientales dentro del predio, particularmente en aquellas actividades relacionadas con residuos peligrosos, recursos hídricos y obras que puedan generar impacto ambiental.

“El impedimento del ingreso es grave”, sostuvo Cristofano, quien remarcó que el objetivo de las inspecciones es garantizar el cumplimiento de las normas ambientales provinciales.

Uno de los controles que busca realizar la Dirección General de Gestión Ambiental está relacionado con el Certificado Ambiental Anual y la trazabilidad de los residuos peligrosos que son retirados de los buques y posteriormente trasladados hacia operadores habilitados.

En ese sentido, Cristofano explicó que resulta necesario poder controlar el lugar donde se produce la descarga para determinar qué residuos fueron retirados, quién los recibió y cuándo fueron tratados.

“Si uno no puede ingresar al lugar de descarga para que después el operador lo pueda tratar, se pierde la trazabilidad”, señaló.

A su vez, el área de Recursos Hídricos pretende fiscalizar intervenciones y obras que puedan afectar la costa, drenajes, amarraderos y otros componentes relacionados con el recurso hídrico.

La controversia se centra en el alcance de las competencias de cada jurisdicción. Mientras la intervención nacional entiende que la ANPYN tiene responsabilidad primaria sobre la administración y operación del puerto, la Provincia sostiene que las facultades portuarias y ambientales pueden coexistir.

“Nosotros tenemos facultades concurrentes siempre”, afirmó Cristofano.

Desde el Gobierno fueguino también remarcaron que la normativa constitucional reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios y establece competencias en materia de protección ambiental.

No obstante, la aplicación de esas facultades dentro de un puerto sometido a una intervención nacional es precisamente uno de los puntos que permanece en discusión entre ambas administraciones.

Evalúan acciones administrativas

Luego de las dos negativas de ingreso, el Ministerio de Producción y Ambiente comenzó a documentar los intentos de inspección y a elaborar informes sobre las áreas que podrían verse afectadas por la imposibilidad de realizar los controles.

Cristofano indicó que una de las alternativas que se analiza es iniciar sumarios o investigaciones administrativas, mientras que posteriormente podría evaluarse la posibilidad de recurrir a la Justicia.

La funcionaria aclaró que la Secretaría Legal del Ministerio no tiene por sí misma la representación judicial de la Provincia, por lo que una eventual presentación deberá ser analizada por los organismos jurídicos correspondientes.

Además, señaló que, si la situación continúa, podrían verse involucrados prestadores que trabajan con residuos retirados de la terminal portuaria. Por el momento, la intención es notificarlos sobre el conflicto mientras continúa el intercambio con las autoridades nacionales.

Preocupación por las obras en el puerto

El reclamo provincial también adquiere relevancia frente a las obras proyectadas para el Puerto de Ushuaia.

Cristofano sostuvo que cualquier intervención sobre infraestructura vinculada con el agua debería contar con la participación de los organismos ambientales desde las etapas previas de planificación y no recién cuando una obra ya fue adjudicada.

De esta manera, la Provincia continuará con el procedimiento administrativo iniciado tras las dos negativas de ingreso y deberá definir los próximos pasos para intentar garantizar el ejercicio de las tareas de fiscalización ambiental dentro del Puerto de Ushuaia.