Ingreso de residuos peligrosos: La Secretaria de Ambiente analiza ante qué juzgado presentar el reclamo por el Puerto de Ushuaia

La funcionaria sostuvo que la presencia de la Secretaría de Ambiente en el puerto responde a facultades propias de la Provincia en materia de control ambiental. “El hecho por el cual nosotros nos acercamos desde la Secretaría de Ambiente, perteneciente al Ministerio de Producción, es principalmente para tramitar el certificado ambiental que es sobre el puerto y después para tomar intervención respecto a residuos peligrosos”, explicó.

A estos controles se suma la fiscalización de los recursos hídricos, otro de los aspectos que forman parte de las competencias provinciales que la Secretaría busca ejercer dentro del área portuaria.

Cristófano precisó que ya fueron tres las oportunidades en las que los inspectores provinciales intentaron ingresar al puerto y se encontraron con una negativa. Según explicó, en una primera instancia se solicitó autorización a las autoridades provinciales correspondientes, que dieron el visto bueno para que se llevaran adelante las inspecciones.

Sin embargo, cuando el personal de Ambiente se presentó para realizar los controles, representantes de la autoridad nacional que interviene en el puerto no permitieron el acceso.

 

La discusión por las competencias

 

Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con la interpretación respecto de qué autoridad tiene competencia para ejercer el poder de policía ambiental dentro del Puerto de Ushuaia.

Cristófano afirmó que Tierra del Fuego posee facultades propias en materia ambiental y que la Provincia tiene la obligación de ejercer los controles correspondientes.

“En materia ambiental, el organismo de control es provincial”, sostuvo la secretaria Legal, quien señaló que, eventualmente, podrían existir mecanismos de trabajo conjunto con organismos nacionales, pero remarcó que eso no implica que la Provincia pierda sus facultades de fiscalización.

La funcionaria explicó que, frente a la primera negativa, la Provincia decidió solicitar formalmente la intervención de las autoridades nacionales, aunque aclarando que ese pedido no implicaba reconocer la competencia que Nación se atribuye dentro del puerto.

Posteriormente, la ANPYN respondió que la autoridad competente para intervenir dentro del puerto era el organismo nacional y que la Secretaría de Ambiente provincial no tendría competencia para realizar las inspecciones.

Cristófano cuestionó esa interpretación y señaló que desde la Provincia respondieron formalmente haciendo referencia al marco legal que sustenta las facultades provinciales.

“Esa negativa categórica de que nosotros no somos competentes es incorrecta”, afirmó.

Según relató, luego de esa respuesta se produjo un nuevo intercambio y desde Nación volvieron a sostener que la Provincia no estaba habilitada para ingresar a realizar los controles.

 

Cuestionamientos al procedimiento administrativo

 

Además de la discusión estrictamente relacionada con las competencias, Cristófano cuestionó la manera en que se desarrolló el intercambio administrativo entre las partes.

La secretaria Legal explicó que la Provincia había establecido fechas concretas para que sus equipos pudieran ingresar a realizar las inspecciones. Sin embargo, en una de las oportunidades, la respuesta de la ANPYN llegó pocas horas antes de la fecha prevista.

“Nosotros ponemos el 17 de septiembre el día para hacer la inspección, el 16 a las 11 de la noche nos contestan”, relató.

La funcionaria sostuvo que, al encontrarse frente a una discusión jurídica sobre competencias, la Provincia considera que las respuestas deberían encuadrarse dentro de un procedimiento administrativo formal.

En ese sentido, indicó que se esperaba una resolución o acto administrativo acompañado por los fundamentos jurídicos que expliquen por qué el organismo nacional considera que posee las competencias para impedir el ingreso de los inspectores provinciales.

“Debieran contestarnos por resolución, por algún acto administrativo, el por qué, junto con un dictamen jurídico, de por qué se consideran competentes ellos y no nosotros”, planteó.

Para Cristófano, esta situación obliga a la Provincia a formalizar cada una de las actuaciones y reunir toda la documentación necesaria para determinar los próximos pasos.

 

El control de los residuos peligrosos

 

Uno de los aspectos que más preocupa a la Secretaría de Ambiente es la posibilidad de perder la trazabilidad de los residuos peligrosos que desembarcan de los buques.

Cristófano aclaró que la existencia de residuos peligrosos provenientes de embarcaciones no constituye una situación extraordinaria. Por el contrario, explicó que se trata de una categoría habitual de residuos que requiere un tratamiento específico.

La funcionaria diferenció entre los residuos de características ordinarias, que pueden ser trasladados al relleno sanitario de la ciudad de Ushuaia, y aquellos considerados peligrosos debido a que pudieron haber estado en contacto con hidrocarburos, combustibles u otros elementos contaminantes.

Estos últimos no pueden recibir el mismo tratamiento que los residuos comunes y deben ser derivados a operadores habilitados para aplicar procedimientos específicos.

“Para controlar la trazabilidad de ese residuo peligroso que ingresa, necesitamos controlar el desembarco para después analizar cómo lo trató el operador del residuo peligroso”, explicó.

La trazabilidad resulta fundamental para que el organismo provincial pueda verificar que el material que desembarca de un buque sea efectivamente trasladado y tratado de acuerdo con las normas ambientales vigentes.

La imposibilidad de ingresar al puerto dificulta, según planteó Cristófano, el seguimiento de ese circuito.

“Si perdemos la trazabilidad entre el residuo que baja del buque y el que ingresa al que trata el residuo peligroso, también nosotros estamos incumpliendo como funcionarios públicos”, advirtió.

 

Recursos hídricos y certificación ambiental

 

El control de los residuos no es el único motivo por el cual la Secretaría de Ambiente pretende ingresar al puerto.

Otro de los ejes está relacionado con los recursos hídricos. La Provincia busca verificar que las actividades desarrolladas dentro del área portuaria no generen impactos negativos sobre el agua y que se cumplan las condiciones ambientales correspondientes.

La funcionaria explicó que se trata de controles destinados a verificar el estado de los recursos y determinar si alguna de las actividades desarrolladas en el puerto puede estar afectándolos.

El tercer eje está vinculado con la certificación ambiental del puerto, un procedimiento que forma parte de las tareas habituales de fiscalización ambiental.

Cristófano remarcó que este tipo de inspecciones forman parte de los controles rutinarios que realiza la Secretaría de Ambiente y que no se trata de una intervención extraordinaria.

 

“Esto no suele suceder”

 

La secretaria Legal también destacó que el impedimento para realizar una inspección no es una situación habitual en los procedimientos de control ambiental.

Explicó que normalmente los inspectores provinciales ingresan a los establecimientos y operadores, realizan las verificaciones correspondientes, labran las actas y, cuando se detecta alguna cuestión que debe ser corregida, se establecen plazos y medidas para su cumplimiento.

“Los operadores, o esas personas que reciben residuos peligrosos, nunca nos impiden el ingreso. No es algo habitual que suceda”, señaló.

Por ese motivo, consideró que el aspecto central de la situación no está dado por la existencia de residuos peligrosos en el puerto, sino por el impedimento para que el organismo provincial pueda ejercer sus funciones de control.

“La operación es la normalidad habitual. De hecho, hay operadores que se encargan de eso. Trasciende porque nos impiden el ingreso a controlar en materia ambiental”, sostuvo.

 

Qué podría hacer ahora la Provincia

 

Luego de la tercera negativa, el Gobierno provincial comenzó a analizar los caminos legales disponibles.

Cristófano explicó que existen dos alternativas: continuar con la vía administrativa o avanzar posteriormente por la vía judicial.

“Nosotros tenemos dos vías, la vía administrativa y la vía judicial. Estamos juntando todos los antecedentes correspondientes para ver cuál va a ser la estrategia a seguir”, indicó.

La funcionaria aclaró que todavía deben completarse algunas instancias administrativas y analizar la documentación intercambiada con Nación.

También existe la posibilidad de que se establezca una nueva fecha para que los equipos provinciales puedan acceder al puerto y realizar las inspecciones.

En caso de que continúen las restricciones, la Provincia deberá evaluar la alternativa jurídica que corresponda.

Consultada sobre si el conflicto podría llegar a la Justicia Federal, Cristófano señaló que primero será necesario analizar la naturaleza concreta de la discusión.

“En el caso de que nosotros sigamos discutiendo sobre competencias de autoridades de policía ambiental, podría ser en sede local”, explicó.

La definición dependerá, entre otros factores, de cómo avance la discusión administrativa y de la posición que mantengan las autoridades nacionales respecto del ingreso de los inspectores.

 

La Provincia articula con la Secretaría Legal de Gobierno

 

La funcionaria confirmó además que el área jurídica del Ministerio de Producción y Ambiente trabaja en conjunto con el Servicio Jurídico del Gobernador y la Secretaría Legal de Gobierno para definir los próximos pasos.

El objetivo es reunir los antecedentes, ordenar las actuaciones administrativas y establecer una estrategia frente a la negativa de ingreso.

Cristófano insistió en que la intención de la Provincia es poder ejercer los controles correspondientes sin generar una alteración innecesaria en la actividad portuaria ni afectar a los operadores privados.

Sin embargo, remarcó que el Estado provincial tiene la responsabilidad de garantizar el control ambiental y, particularmente, la trazabilidad de los residuos peligrosos.

“Tratamos de no alterar la situación, ni del privado. Eso es lo que tratamos de resguardar. El hecho está que nuestra protección máxima es el ambiente”, afirmó.

De esta manera, el conflicto entre la Provincia y la autoridad nacional del Puerto de Ushuaia suma una nueva instancia, mientras Tierra del Fuego sostiene que cuenta con facultades para ejercer el poder de policía ambiental y Nación mantiene una interpretación diferente sobre las competencias dentro del área portuaria.

Por ahora, la Provincia continúa recopilando documentación y analizando las alternativas administrativas y judiciales disponibles, mientras los residuos provenientes de los buques continúan siguiendo los circuitos habituales y el Gobierno fueguino busca recuperar el acceso de sus equipos técnicos para garantizar los controles ambientales.