Seleme advirtió por posibles sanciones al Gobierno nacional por el financiamiento universitario

Seleme explicó que el proceso judicial lleva varios meses y que, desde que la medida cautelar quedó firme en la Corte Suprema, el magistrado interviniente había otorgado al Gobierno nacional distintas oportunidades para que pudiera avanzar en su cumplimiento.

De acuerdo con el dirigente universitario, durante ese período se realizaron llamados a paritarias que, según su interpretación, no permitieron alcanzar una solución concreta para el sector. También cuestionó que el Ejecutivo haya informado ante la Justicia que había dado cumplimiento a las disposiciones judiciales.

“Hay que decir que el juez, desde que quedó firme la cautelar en la Corte Suprema, le tuvo demasiada paciencia al Gobierno”, sostuvo Seleme durante la entrevista. Y agregó que el magistrado le había dado la posibilidad al Ejecutivo de presentar un plan para cumplir con lo ordenado.

El referente de FAGDUT señaló que finalmente la Justicia decidió avanzar con una intimación formal bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, sanciones económicas destinadas a forzar el cumplimiento de una resolución judicial.

Cinco días hábiles para cumplir

Uno de los puntos centrales planteados por Seleme fue el plazo otorgado por el juez. Según explicó, el Gobierno nacional cuenta con cinco días hábiles para cumplir con la resolución judicial, por lo que el vencimiento se produciría el miércoles de la próxima semana.

“Nosotros seguimos con nuestro plan de lucha, esperamos que la Justicia avance con las sanciones y la formación de causas penales en caso de que insistan con el incumplimiento”, manifestó.

El dirigente universitario sostuvo que, ante una eventual desobediencia de la orden judicial, el procedimiento podría avanzar primero mediante la aplicación de multas a los funcionarios y luego mediante la apertura de causas penales por incumplimiento.

En ese sentido, remarcó que la discusión no se limita exclusivamente al reclamo salarial o presupuestario de las universidades, sino que también involucra el cumplimiento de las decisiones adoptadas por otros poderes del Estado.

El rol del Gobierno y del Ministerio de Capital Humano

Durante la entrevista, Seleme explicó que las políticas vinculadas a la educación universitaria actualmente se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, debido a la actual estructura del Gobierno nacional.

En ese marco, señaló que existen distintos funcionarios que tendrían responsabilidades dentro del proceso de cumplimiento de las medidas vinculadas al financiamiento universitario, entre ellos la titular de la cartera de Capital Humano, el jefe de Gabinete y el secretario de Políticas Universitarias.

El dirigente cuestionó además que, mientras existe una resolución judicial vinculada al financiamiento universitario, el proyecto de Presupuesto para el próximo año contemple, según su interpretación, una reducción de recursos para las universidades respecto de los niveles actuales.

Para Seleme, esta situación plantea una contradicción entre las obligaciones establecidas por las leyes y las decisiones que el Ejecutivo proyecta en materia presupuestaria.

La comparación con el sector de discapacidad

Otro de los ejes de la entrevista fue la situación de las personas con discapacidad. Seleme sostuvo que existe un patrón similar entre el conflicto universitario y los reclamos relacionados con el cumplimiento de las normas de discapacidad.

“Con la discapacidad han hecho exactamente lo mismo que con las universidades, o sea, hay una ley y no la cumplen”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el sector universitario cuenta con organizaciones gremiales y una estructura nacional que le permite sostener el reclamo, mientras que las personas con discapacidad se encuentran, a su entender, en una situación de mayor vulnerabilidad para exigir el cumplimiento de sus derechos.

Seleme consideró que la discusión presupuestaria debería contemplar las obligaciones establecidas por las leyes vigentes y cuestionó que el Estado pueda establecer partidas presupuestarias que, según su interpretación, resulten incompatibles con esas normas.

El papel del Congreso

La utilizar el Poder Legislativo frente a un eventual incumplimiento del Poder Ejecutivo de una resolución judicial, Seleme mencionó el juicio político como una de las herramientas institucionales disponibles.

Sin embargo, puso en duda que esa alternativa pueda avanzar en el actual escenario político.

La conversación también derivó hacia distintos cuestionamientos formulados por el dirigente contra funcionarios nacionales y episodios que, según sostuvo, deberían ser investigados. Seleme planteó que el conflicto universitario forma parte de una discusión institucional más amplia relacionada con el funcionamiento de los poderes del Estado y el cumplimiento de las leyes.

Una crítica al funcionamiento institucional

El dirigente de FAGDUT también cuestionó la relación entre los distintos poderes del Estado. En particular, se refirió a la situación en la que el Poder Judicial establece una obligación para el Ejecutivo y este debe cumplirla, independientemente de las diferencias políticas que puedan existir.

En este punto, sostuvo que el cumplimiento de las decisiones judiciales resulta fundamental para el funcionamiento institucional y que la situación universitaria debe analizarse dentro de ese marco.

También cuestionó el acompañamiento que distintos gobernadores y legisladores nacionales brindan a las iniciativas del Gobierno de Javier Milei. Según su interpretación, el escenario actual no sería responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, sino que también involucraría a otros actores políticos que acompañan sus decisiones en el Congreso.

La referencia histórica

Durante la entrevista, Rulo Quiroga le consultó a Seleme si existían antecedentes históricos de una situación institucional de características similares.

El dirigente, que además se desempeña como docente universitario, mencionó como antecedente la denominada Década Infame, período de la historia argentina que comenzó en 1930 y estuvo marcado por una fuerte crisis institucional y cuestionamientos vinculados al funcionamiento democrático.

Seleme aclaró que no considera novedoso que Argentina haya atravesado períodos de corrupción y degradación institucional, aunque sostuvo que la particularidad de la situación actual radica en que es la generación presente la que está atravesando el escenario.

En ese contexto, planteó la necesidad de revertir las políticas que considera perjudiciales para las universidades y para otros sectores de la sociedad.

Universidades, ciencia e industria

Hacia el final de la entrevista, Seleme amplió sus cuestionamientos a las políticas nacionales y sostuvo que el impacto no se limita al sistema universitario.

Mencionó también al sistema científico y tecnológico, a los jubilados, a las personas con discapacidad y al sector industrial, al señalar que existen fábricas que atraviesan procesos de cierre o reducción de actividad.

Para el dirigente, todos estos sectores forman parte de una discusión más amplia sobre el rol del Estado y las prioridades presupuestarias del Gobierno nacional.

Desde FAGDUT, mientras tanto, confirmó que continuarán con el plan de lucha y seguirán de cerca el cumplimiento de la resolución judicial.

La atención estará puesta ahora en el vencimiento del plazo de cinco días hábiles otorgado por el juez y en la eventual respuesta del Gobierno nacional. Según explicó Seleme, si el Ejecutivo no cumple con lo ordenado, la Justicia podría avanzar con las sanciones económicas anunciadas y, eventualmente, con otras medidas judiciales.

“El plazo que le ha dado el juez son cinco días hábiles, o sea que el miércoles de la semana próxima tendría que estar cumpliendo la ley”, remarcó Seleme al finalizar la entrevista con FM del Pueblo.