La decisión fue adoptada el 23 de septiembre de 2026 en el expediente Nº 2073/2026 STJ-SP, caratulado “Abregú, Ramón Ángel s/ Homicidio simple en concurso ideal con aborto preterintencional en concurso real con tenencia de arma de guerra sin la debida autorización”.
Los hechos investigados ocurrieron el 23 de enero de 2000 en la ciudad de Río Grande. Por ese episodio, el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte había condenado a Abregú por homicidio simple en concurso ideal con aborto, en concurso real con tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal.
El 28 de septiembre de 2000, el Tribunal de Juicio le impuso una pena de 20 años de prisión. La defensa recurrió esa decisión y, el 1º de marzo de 2001, el Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de casación y confirmó la condena.
Sin embargo, la resolución no pudo ser notificada a Abregú debido a que se encontraba prófugo. La causa permaneció en esa situación durante más de dos décadas, hasta que el trámite pudo retomarse el 17 de octubre de 2023.
Al revisar el expediente, la mayoría del Superior Tribunal analizó el tiempo transcurrido y determinó que durante el período comprendido entre la condena y la finalización de la condición de prófugo no se produjeron actos que tuvieran capacidad legal para interrumpir el plazo de prescripción.
En consecuencia, los magistrados que conformaron la mayoría consideraron que la acción penal se encontraba extinguida por prescripción.
Para fundamentar la decisión, el Superior Tribunal tomó como referencia el precedente “Ilarraz” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, relacionado con los criterios aplicables a la prescripción de la acción penal y su armonización con los principios y garantías establecidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional.
De esta manera, el máximo tribunal provincial declaró extinguida por prescripción la acción penal contra Ramón Ángel Abregú, dispuso su sobreseimiento y ordenó su inmediata libertad.
La resolución fue adoptada por mayoría de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y pone fin al proceso penal en los términos establecidos en el fallo.