Worman advirtió sobre la falta de información pública en el Puerto de Ushuaia

En diálogo con FM Del Pueblo, Worman explicó que desde la madrugada del 22 de enero, cuando se produjo la intervención federal del puerto, los empresarios y prestadores turísticos fueron informados de que las tasas correspondientes al uso de las instalaciones portuarias —como estacionamiento de buques, provisión de agua y combustible y disposición de residuos— debían ser abonadas a organismos nacionales.

A partir de ese momento, según señaló, comenzó un período marcado por la falta de información y de interlocutores oficiales.

“Se desconoce incluso hasta hoy quiénes son los funcionarios. Ningún medio de Tierra del Fuego ha podido hablar con quien está al frente de la intervención. No hay un vocero, nadie da explicaciones, ni a los medios ni a los trabajadores”, sostuvo.

El periodista remarcó que uno de los principales problemas es la pérdida de mecanismos habituales de control sobre la administración de los recursos del puerto. Recordó que anteriormente podían conocerse designaciones, compras y contrataciones a través de mecanismos de publicidad oficial y que existían instancias de rendición ante organismos de control.

“Perdimos control como sociedad de qué está sucediendo con los fondos públicos del puerto”, afirmó.

 

Un pedido de información que llegó a la Justicia

 

Worman explicó que El Diario del Fin del Mundo recurrió a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública para solicitar documentación vinculada con la administración del puerto. Ante la falta de respuesta, el medio inició un amparo judicial.

El periodista señaló que, durante el trámite, desde el Estado nacional se solicitó que determinadas actuaciones fueran reservadas y que el Juzgado Federal de Ushuaia dispuso la reserva del expediente.

“Volvieron secreto un expediente”, cuestionó Worman, quien explicó que actualmente el acceso está restringido y que únicamente los abogados pueden consultar las actuaciones mediante el sistema judicial.

La situación también fue cuestionada públicamente por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que expresó su preocupación por la decisión judicial de declarar reservado el expediente iniciado para obtener información pública.

Para Worman, la discusión no consiste en acceder a información excepcional o confidencial, sino a documentación que debería encontrarse disponible en cualquier administración pública.

“Estamos discutiendo lo básico. Lo que estamos pidiendo es lo que hacen los municipios y la provincia cuando publican los documentos oficiales”, explicó.

En ese sentido, enumeró algunos de los datos que el medio busca conocer: quiénes fueron designados, cuáles son las licitaciones realizadas, qué compras se efectuaron, cuánto dinero ingresa al puerto y en qué se utilizan esos recursos.

 

El manejo de los recursos del puerto

 

Durante la entrevista, Worman sostuvo que el Puerto de Ushuaia constituye un organismo particularmente relevante desde el punto de vista económico y afirmó que, según sus estimaciones, genera una rentabilidad promedio de alrededor de $22.000 millones anuales.

“Es el único organismo o ente público que da superávit”, señaló, en referencia a la administración provincial.

El periodista planteó que, precisamente por el volumen de recursos involucrados, resulta necesario conocer cómo se están tomando las decisiones administrativas durante la intervención.

También hizo referencia a cuestionamientos formulados por trabajadores portuarios respecto de determinadas contrataciones y licitaciones.

Según relató, entre las situaciones denunciadas figura una contratación para la limpieza de azoteas cuyo monto, de acuerdo con las afirmaciones de trabajadores citadas durante la entrevista, habría sido catorce veces superior al costo que afrontaba anteriormente el puerto.

Worman sostuvo que ese tipo de denuncias deberían poder ser verificadas mediante documentación oficial.

“Si pueden responder qué están haciendo, se acaba la discusión. Si están administrando sin compras con sobreprecios, si están gastando lo que corresponde, que lo muestren”, afirmó.

Además, señaló que varias de las empresas que estarían resultando adjudicatarias de contrataciones no serían de Tierra del Fuego, una situación que, según indicó, también genera interrogantes entre los trabajadores.

 

Reclamo por los controles institucionales

 

Otro de los puntos señalados por Worman fue la relación entre la intervención nacional y los organismos provinciales de control.

Según explicó, el Tribunal de Cuentas de la Provincia habría solicitado formalmente información y rendición de cuentas sobre la administración del puerto, pero la respuesta habría sido negativa bajo el argumento de que se trata actualmente de un organismo bajo jurisdicción nacional.

El periodista también cuestionó el tiempo transcurrido desde el inicio de la intervención.

“Ya se cumplieron ocho meses donde no hay control de legalidad sobre lo que está sucediendo”, sostuvo, al referirse a los distintos planteos judiciales vinculados con la medida.

Worman evitó calificar jurídicamente la situación como ilegal y aclaró que esa definición corresponde a la Justicia.

“Me gustaría decir ilegal, pero eso lo tiene que decir un juez”, expresó.

 

“Estamos volviendo a eso”

 

En otro tramo de la entrevista, el periodista vinculó la discusión sobre el Puerto de Ushuaia con la historia institucional de Tierra del Fuego.

Worman recordó que llegó a la provincia en 1993 y manifestó su respeto por las generaciones que trabajaron por la provincialización y por la construcción de las instituciones fueguinas.

“Gente muy valiosa de Río Grande y de Ushuaia hizo una lucha durante mucho tiempo para dejar de ser un territorio que nos gobiernen desde Buenos Aires”, recordó.

A partir de esa referencia histórica, cuestionó que la intervención federal implique, a su entender, una pérdida de capacidad de decisión provincial sobre una infraestructura estratégica.

“Acá estamos volviendo a eso. En una parte de la provincia que es transformada en un territorio general: el Puerto de Ushuaia”, afirmó.

En ese contexto, sostuvo que debería trabajarse para que el puerto vuelva a ser administrado por autoridades provinciales.

 

Críticas a la falta de posicionamientos

 

Worman también manifestó preocupación por lo que consideró una respuesta insuficiente de distintos sectores políticos y empresariales de la provincia frente a la intervención.

Mencionó que algunos dirigentes y autoridades sí expresaron públicamente sus posiciones, pero señaló que otras autoridades políticas todavía no se pronunciaron.

También cuestionó declaraciones de sectores vinculados al turismo que, según relató, relativizaron la discusión al considerar que mientras el puerto continúe funcionando no tendría importancia si la administración queda en manos nacionales o provinciales.

Para Worman, la discusión excede el funcionamiento cotidiano del puerto y está relacionada con el control de recursos públicos, las instituciones provinciales y el arraigo.

“¿Cuánto queremos de Tierra del Fuego?”, planteó.

 

El reclamo de fondo: información pública

 

Hacia el final de la entrevista, Worman insistió en que el reclamo del medio no busca obtener información privilegiada ni intervenir en las decisiones administrativas, sino acceder a documentación pública.

“No es un juicio de opinión ni algo extraño”, sostuvo.

Y enumeró nuevamente el objetivo del pedido: conocer las personas designadas, las licitaciones, las compras, los ingresos y los gastos.

El periodista remarcó además que la restricción no afecta únicamente a El Diario del Fin del Mundo, sino que representa, según su interpretación, una limitación para el conjunto de los medios de comunicación y, en consecuencia, para la sociedad.

“Es el derecho de la sociedad de saber qué se hace con los recursos”, afirmó.

Mientras el expediente judicial continúa su trámite, Worman anticipó que, si la decisión del juez federal Federico Calvete resultara desfavorable al pedido de acceso a la información, el medio recurrirá ante instancias superiores.

“Estamos discutiendo lo básico”, reiteró. “Lo que estamos pidiendo es que publiquen quiénes son las personas que están designadas, que publiquen las licitaciones, las compras, cuánta plata entra y en qué gastan”.

El contexto judicial del reclamo se mantiene abierto: El Diario del Fin del Mundo informó que el Juzgado Federal de Ushuaia admitió el amparo originado en el pedido de acceso a la información y ordenó respuestas a los organismos nacionales involucrados.