López: "El organismo que dio el permiso para la instalación del Radar fue la Subsecretaria de Telecomunicación que dependía de la Jefatura de Gobierno"

El exvicepresidente de ENACOM y actual presidente nacional de FORJA, Gustavo López, aseguró que el organismo de comunicaciones no tenía competencia sobre el radar instalado en Tolhuin y sostuvo que la autorización fue otorgada, suspendida y finalmente anulada por una dependencia de la Jefatura de Gabinete de la Nación. “La clave para saber por qué se autorizó fue el funcionario que lo autorizó”, afirmó.

López declaró ante la comisión investigadora que analiza lo ocurrido con el radar instalado en Tierra del Fuego y aclaró que su participación estuvo vinculada precisamente a determinar las competencias que tenía ENACOM al momento de los hechos.

Según explicó, desde la creación del Ministerio de Comunicaciones durante el gobierno de Mauricio Macri, las competencias vinculadas con radares y posiciones orbitales dejaron de estar bajo la órbita de ENACOM. Posteriormente, con la eliminación de ese ministerio durante la gestión de Alberto Fernández, esas atribuciones fueron redistribuidas entre distintas dependencias del Estado nacional.

“ENACOM no era competente”

López remarcó que ENACOM mantiene competencias sobre servicios de radiodifusión, telefonía e internet, pero no sobre radares ni determinadas cuestiones vinculadas con órbitas satelitales.

En ese sentido, explicó que el radar instalado en Tolhuin no prestaba inicialmente ninguno de los servicios regulados por ENACOM, por lo que no correspondía que el organismo interviniera en su autorización.

“Yo aclaré que ENACOM no era competente”, señaló durante la entrevista, y sostuvo que las versiones que atribuían al organismo algún tipo de intervención en el trámite eran incorrectas.

El dirigente indicó que la dependencia que sí intervino fue la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, que funcionaba bajo la órbita de la Secretaría de Innovación Pública y la Jefatura de Gabinete.

Una autorización que luego fue suspendida y anulada

De acuerdo con el relato de López, esa dependencia nacional otorgó una autorización precaria para el funcionamiento del radar en noviembre de 2022. Posteriormente, luego de que tomaran conocimiento del caso distintas áreas del Estado, entre ellas Defensa y Cancillería, el permiso fue suspendido y finalmente revocado.

“Se le da el permiso precario. Luego interviene Defensa, cuando se entera, cuando el hecho es público, le pone objeciones Defensa, le pone objeciones Cancillería, entonces el mismo funcionario suspende el permiso y luego, de un tiempo, anula definitivamente el permiso”, explicó.

López sostuvo que actualmente esa autorización se encuentra anulada y que, según la información que manejaba, el radar dejó de funcionar luego de la cancelación del permiso.

“Todo lo demás depende de esa resolución”

Para el exfuncionario nacional, la investigación debería concentrarse especialmente en las razones por las cuales se concedió inicialmente la autorización.

“La clave para saber por qué se autorizó fue el funcionario que lo autorizó. Todo lo demás es ir alrededor de esa autorización”, planteó.

En ese sentido, consideró necesario determinar por qué se tomó la decisión inicial, qué consultas se realizaron antes de otorgar el permiso y cuáles fueron los motivos que llevaron posteriormente a suspenderlo y anularlo.

López señaló que, si se trataba de una cuestión con posibles implicancias estratégicas, militares o de soberanía, la decisión requería una evaluación más amplia por parte de las distintas áreas nacionales involucradas.

Una cuestión de competencia federal

El dirigente de FORJA también fue categórico al señalar que las provincias y los municipios no tienen la competencia principal sobre este tipo de instalaciones.

“Es un ámbito nacional, esa es la realidad”, sostuvo, al explicar que la autorización correspondía a organismos del Estado nacional y que las autoridades provinciales no fueron quienes habilitaron la instalación.

López agregó que, ante la eventual necesidad de desmantelar una instalación ubicada en propiedad privada, debería intervenir la Justicia Federal. En ese marco, señaló que cualquier medida de decomiso o desmantelamiento debería ser ordenada por el juez federal competente.

Al mismo tiempo, planteó que el Estado nacional podría realizar una inspección a través de los organismos técnicos correspondientes para verificar la situación actual del radar.

La necesidad de determinar qué ocurrió

Para López, la existencia de diferentes organismos con competencias distribuidas sobre telecomunicaciones, radares y otras áreas estratégicas contribuyó a generar confusión.

Por eso, consideró necesario determinar con precisión qué dependencia tenía las atribuciones al momento de otorgar el permiso y reconstruir el proceso administrativo que terminó con la autorización primero concedida y posteriormente anulada.

“Hay que preguntarle al funcionario por qué firmó, por qué después suspendió y por qué después anuló”, resumió.

El exvicepresidente de ENACOM sostuvo además que una cuestión de estas características excede cualquier disputa política o partidaria y requiere analizar concretamente las responsabilidades administrativas y las competencias que tenía cada organismo nacional al momento de tomar las decisiones.