A través de un comunicado oficial, el Poder Ejecutivo confirmó que intimó formalmente a Londres para que frene las actividades hidrocarburíferas del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte en un plazo de dos semanas. De no acatar el requerimiento, la Argentina acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales de resguardo sobre los derechos que reclama en su plataforma continental.
Denuncias por vuelos no autorizados y freno a la conexión con Chile
La ofensiva estatal sumó además un componente en materia aerocomercial. El Gobierno ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, gestiones diplomáticas y denuncias penales contra la firma Thales UK Limited, acusada de realizar vuelos en la ruta que conecta las islas con Punta Arenas (Chile) utilizando una aeronave de matrícula británica sin contar con los permisos exigidos por las autoridades aeronáuticas argentinas.
La medida oficial coincidió de forma estratégica con la apertura del Punta Arenas Business Showroom, una rueda de negocios que reúne a unas 40 firmas para impulsar el lanzamiento del corredor comercial entre la región chilena y el archipiélago.
Cronología de la escalada: decretos, denuncias penales y el proyecto en el Congreso
La secuencia de acciones institucionales se desencadenó el pasado 3 de septiembre con el mensaje por cadena nacional del Presidente, quien anunció la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, la edificación de la Base Naval Integrada en Ushuaia y sanciones directas a las firmas petroleras de la zona.
Al día siguiente, la estrategia se formalizó mediante dos publicaciones clave en el Boletín Oficial:
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Decreto 868/2026: Designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 —que sanciona la explotación no autorizada de recursos en la plataforma continental— e imposibilitó que las compañías infractoras accedan a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
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Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 867/2026: Incrementó las partidas para el área de Defensa en casi $218.000 millones, destinando un tramo de los fondos a reactivar las obras de infraestructura de la Base Naval Integrada en Ushuaia.
En el plano administrativo y contencioso, la Cancillería abrió procedimientos para sancionar a 60 personas humanas y jurídicas de 11 países —entre petroleras, fondos de inversión y asesores— vinculadas al yacimiento Sea Lion.
En el ámbito de la justicia penal, el canciller Pablo Quirno y el Procurador General del Tesoro, Sebastián Amerio, radicaron denuncias ante el Juzgado Federal 12 de Comodoro Py, a cargo del juez Julián Ercolini, contra firmas operadoras como Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas, extendiendo las acciones contra directivos de Rockhopper, Borders & Southern y Desire Petroleum.
Respuesta de Londres ante las Naciones Unidas y la propuesta de Ley de Soberanía
En el terreno legislativo, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el cual contempla penas de 15 a 20 años de prisión, multas de hasta 500.000 barriles de petróleo e instrumentos de intercepción aérea ante violaciones del espacio soberano bajo orden presidencial expresa.
El capítulo diplomático más reciente tuvo lugar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde la delegación argentina reclamó la reanudación de las negociaciones bilaterales. Ante el planteo, la diplomacia británica ratificó su postura histórica al sostener que:
“No puede haber diálogo sobre soberanía salvo que los isleños lo deseen”, defendiendo su potestad para explotar recursos naturales y desconociendo la aplicación de las normas argentinas en la zona.
