por Redacción Del Pueblo
El legislador provincial y presidente del bloque Provincia Grande, Matías Lapadula, confirmó que este viernes tomará estado parlamentario un proyecto de ley destinado a establecer mecanismos de protección sobre las tierras y recursos estratégicos de Tierra del Fuego, luego de la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia vinculada con la Ley de Tierras.
En diálogo con FM Del Pueblo, Lapadula sostuvo que la iniciativa ya había sido presentada y que el escenario generado a partir del fallo de la Corte refuerza la necesidad de avanzar con herramientas propias desde la provincia.
El legislador cuestionó la decisión judicial y sostuvo que, a su entender, se produjo una situación en la que una medida que no logró avanzar en el Congreso Nacional terminó teniendo vigencia a partir de una decisión judicial.
“Lo que no consiguen en el Congreso, que es el lugar donde se deben discutir estas cosas, hoy lo consiguen mediante un fallo”, afirmó Lapadula.
La provincia y sus recursos
Lapadula explicó que el proyecto fue elaborado teniendo en cuenta los límites constitucionales entre las competencias nacionales y provinciales. En ese sentido, señaló que la provincia tiene atribuciones sobre sus tierras fiscales y sobre los recursos naturales existentes dentro de su territorio.
“Hay cuestiones que tienen que ver con legislación de fondo y el Código Civil, que no es competencia de la provincia, pero el Gobierno y la provincia tienen potestad sobre sus tierras fiscales”, explicó.
A partir de esa facultad, planteó la posibilidad de establecer regulaciones específicas sobre la administración de tierras y sobre aquellos territorios que sean considerados estratégicos para Tierra del Fuego.
El legislador remarcó además que la condición geopolítica de la provincia agrega una dimensión particular al debate. “Nuestra provincia tiene un sentido muy particular. Somos una provincia que está ocupada por una potencia extranjera”, sostuvo, en referencia a la ocupación británica de las Islas Malvinas.
Lapadula consideró que el proyecto provincial puede funcionar como una herramienta de protección mientras continúa el debate sobre el marco normativo nacional.
Un debate que busca llevar al Parlamento Patagónico
El presidente del bloque Provincia Grande también señaló que mantuvo conversaciones con un diputado de Santa Cruz para comenzar a trabajar el tema dentro del Parlamento Patagónico.
Según explicó, el objetivo es generar una posición común entre las provincias de la región frente a lo que definió como un proceso de modificación de normas vinculadas con la protección de tierras, recursos y soberanía.
De todos modos, aclaró que la iniciativa provincial no constituye, a su criterio, una solución definitiva.
“Este proyecto de ley es una respuesta a la avanzada del Gobierno Nacional y es una herramienta local, no es la solución”, expresó. Y agregó que, desde su perspectiva, la solución de fondo requiere una legislación nacional que establezca límites sobre los bienes estratégicos y los recursos del país.
Lapadula también destacó que existen iniciativas impulsadas desde los bloques de Provincia Grande en los concejos deliberantes de Ushuaia y Río Grande relacionadas con las facultades municipales para determinar el uso del suelo.
En ese sentido, sostuvo que las ciudades deben tener capacidad de decisión sobre el destino de terrenos estratégicos y sobre el modelo de desarrollo urbano.
Críticas al financiamiento educativo
Durante la entrevista, Lapadula también fue consultado sobre el proyecto de financiamiento educativo presentado por el Gobierno provincial.
El legislador manifestó inicialmente su rechazo al tratamiento de urgencia y consideró que una legislación de estas características requiere una discusión amplia entre los distintos sectores de la comunidad educativa.
“Es un tema complejo, de difícil solución, que merece una discusión seria, consensuada”, sostuvo.
También cuestionó la posibilidad de incrementar impuestos para obtener nuevos recursos destinados al sistema educativo. Según planteó, durante los últimos años se implementaron distintos adicionales y asignaciones específicas sin que, a su entender, se hayan resuelto los problemas para los cuales fueron creados.
“Dejemos de tirar plata en un barril sin fondo. Empecemos a analizar cómo se administran los recursos que tiene la provincia y por qué no llega ni al salario de los docentes, ni a las aulas”, afirmó.
Lapadula sostuvo que antes de discutir nuevos impuestos debería analizarse el destino de los recursos existentes y las prioridades del gasto provincial.
Finalmente, ante la consulta sobre posibles alternativas para aumentar el financiamiento educativo, propuso revisar la estructura política del Estado provincial.
“Lo más rápido es bajar las 2.500 plantas políticas que tienen y destinar esos recursos a educación”, planteó el legislador, quien aclaró que la administración de los recursos públicos corresponde al Poder Ejecutivo.