05/10/2026 - Edición Nº599
Nacionales
ECONOMIA
El CEPA advierte por el impacto de la reforma de Zona Fría sobre los hogares patagónicos
08:36 | El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe en el que analiza los principales cambios introducidos por la nueva legislación energética nacional y advierte sobre el impacto que tendrán sobre los usuarios, especialmente en las provincias patagónicas.
El documento aborda la reforma del Régimen de Zona Fría, los beneficios otorgados a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la condonación de deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA y los nuevos proyectos de infraestructura gasífera vinculados con Vaca Muerta.
Reforma de Zona Fría
Según el informe del CEPA, el Senado aprobó la reforma del Régimen de Zona Fría con 38 votos a favor y 8 en contra, luego de un acuerdo entre el Gobierno nacional y gobernadores de provincias del norte argentino.
El nuevo esquema contempla un incremento de los subsidios eléctricos durante los meses de verano para las denominadas zonas cálidas y muy cálidas. Para las zonas muy cálidas, el beneficio pasaría de 300 a 550 kWh mensuales, mientras que para las zonas cálidas subiría de 150 a 300 kWh entre noviembre y abril.
El CEPA sostiene que el cambio implica una reducción significativa del beneficio para numerosos usuarios de las regiones tradicionalmente comprendidas dentro del régimen de Zona Fría.
El informe también advierte que el impacto no se limita a quienes pierdan completamente el beneficio. Incluso los usuarios que continúen incluidos podrían afrontar facturas considerablemente más elevadas debido a que el descuento dejaría de aplicarse sobre el total de la factura y se concentraría sobre el componente correspondiente al precio del gas en el PIST.
A modo de ejemplo, el CEPA plantea una factura teórica de $100.000. Con el esquema anterior, un descuento del 50% podía llevar el monto a $50.000. Con el nuevo mecanismo, el descuento se aplicaría únicamente sobre el componente PIST, llevando la factura estimada a unos $80.000.
De acuerdo con este cálculo, el usuario que conserva el beneficio podría enfrentar un incremento del 60% en el monto final de la factura.
El informe señala además que jubilados y titulares de AUH que queden excluidos podrían perder un descuento del 50%, mientras que los usuarios residenciales generales que pierdan un beneficio del 30% enfrentarían un aumento aproximado del 43%.
El Gobierno estima que unos 1,6 millones de usuarios perderían el beneficio, aunque el CEPA menciona estimaciones alternativas que elevan la cantidad por encima de los 3,3 millones.
Otro punto destacado por el organismo es que la reforma mantiene un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el PIST destinado al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
El CEPA plantea así un interrogante sobre el destino de esos recursos en el nuevo escenario: usuarios que pierdan la Zona Fría continuarían aportando al mecanismo de financiamiento mientras dejarían de recibir el beneficio.
El RIGI bajo análisis judicial
El informe también dedica un capítulo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y a la denuncia presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra funcionarios de la Secretaría de Energía.
La denuncia alcanza a la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti; su antecesor Eduardo Rodríguez Chirillo; y el subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Federico Veller.
Según el CEPA, la investigación está relacionada con el ingreso de Southern Energy al RIGI y plantea posibles delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.
Uno de los elementos señalados es la participación de Harbour Energy en el proyecto, compañía vinculada a la continuidad de las actividades de Premier Oil, que había sido sancionada en 2013 por actividades hidrocarburíferas sin autorización en la plataforma continental argentina, en cercanías de las Islas Malvinas.
El informe plantea que la Justicia deberá determinar si esos antecedentes tenían implicancias sobre la posibilidad de acceder a los beneficios establecidos por el RIGI.
Una condonación de USD 1.842 millones
Otro de los puntos centrales del informe del CEPA es la compensación de deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA por aproximadamente USD 1.842 millones.
El organismo analiza el mecanismo aprobado por el Senado y señala entre los principales beneficiarios a Edenor, Edesur y las empresas pertenecientes al Grupo DESA.
Según el ranking presentado en el informe, Edenor concentraría unos USD 438 millones, Edesur aproximadamente USD 345 millones y el Grupo DESA unos USD 474 millones considerando sus distintas distribuidoras.
El mecanismo contempla compensar las deudas mediante activos regulatorios vinculados con períodos anteriores de congelamiento tarifario.
Para el CEPA, el esquema genera interrogantes respecto de qué obligaciones se están compensando y cómo fueron calculados los montos.
El informe también pone el foco en la ausencia de un beneficio equivalente para las empresas distribuidoras que cumplieron con sus obligaciones de pago.
A esto suma el antecedente laboral de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica y funcionario encargado de implementar el mecanismo, quien anteriormente se desempeñó en empresas vinculadas al Grupo DESA.
Pluspetrol y Vaca Muerta
El informe también analiza el avance de las inversiones vinculadas con Vaca Muerta.
En este marco, Pluspetrol obtuvo la aprobación del RIGI para el proyecto Bajo del Choique–La Invernada, con un compromiso de inversión de USD 12.400 millones durante 25 años.
El proyecto contempla más de 620 pozos horizontales, nuevas plantas de procesamiento y obras de infraestructura para evacuar la producción.
Según los datos incorporados por el CEPA, el área produjo en agosto 46.594 barriles diarios de petróleo, frente a los 13.047 registrados un año antes.
La iniciativa apunta a alcanzar inicialmente los 50.000 barriles diarios y 6 millones de metros cúbicos diarios de gas, para luego superar los 100.000 barriles diarios de petróleo y los 12 millones de metros cúbicos de gas.
El nuevo gasoducto para abastecer y exportar
Finalmente, el informe analiza el proyecto del Gasoducto Manuel Belgrano, impulsado por Transportadora de Gas del Norte (TGN).
La obra contempla una inversión estimada en USD 2.200 millones, tendrá unos 753 kilómetros y conectará Tratayén, en Neuquén, con La Carlota, en Córdoba.
El proyecto atravesará Río Negro, La Pampa y San Luis y tendrá inicialmente una capacidad de transporte de 13 millones de metros cúbicos diarios.
El objetivo declarado es abastecer a centrales eléctricas e industrias del centro y norte del país con gas de Vaca Muerta, reducir importaciones energéticas y ampliar las posibilidades de exportación hacia Brasil.
El CEPA también señala los vínculos empresariales existentes alrededor del proyecto y plantea interrogantes sobre la futura concesión de TGN, cuyo contrato vigente finaliza en diciembre de 2027.
El diagnóstico del CEPA
En su análisis, el Centro de Economía Política Argentina plantea que las modificaciones del esquema energético deben observarse de manera integral: mientras se reducen determinados subsidios destinados a los hogares y se modifica el régimen de Zona Fría, avanzan mecanismos de incentivos para grandes inversiones, compensaciones de deudas para distribuidoras y proyectos de infraestructura destinados a incrementar la producción y exportación de hidrocarburos.
Para la Patagonia, el cambio más inmediato está relacionado con el impacto de la reforma de Zona Fría sobre las facturas de gas.
El informe advierte que el nuevo esquema modifica sustancialmente la estructura de subsidios y puede traducirse en mayores costos para los hogares, particularmente para aquellos usuarios que pierdan total o parcialmente los beneficios que hasta ahora contemplaba el régimen.
