Preocupación ambiental en el Puerto de Ushuaia: Colazo pidió informes y advirtió que podrían recurrir a la Justicia

La legisladora provincial Laura Colazo, del Partido Verde, planteó una fuerte preocupación por la situación que atraviesa actualmente el Puerto de Ushuaia y, particularmente, por las dificultades que estaría teniendo la autoridad ambiental de Tierra del Fuego para ingresar al predio y desarrollar las tareas de fiscalización que establece la normativa provincial y nacional.

En diálogo con FM del Pueblo, Colazo confirmó que durante la última sesión de la Legislatura Provincial se presentó un proyecto de resolución mediante el cual se solicitaron informes al Poder Ejecutivo respecto de la fiscalización y el cumplimiento de toda la normativa ambiental aplicable en el Puerto de Ushuaia.

La legisladora explicó que la preocupación surgió tanto a partir de información brindada por las autoridades provinciales como de los propios trabajadores portuarios, quienes vienen advirtiendo sobre las dificultades que atraviesan desde la intervención de la Dirección Provincial de Puertos.

“Estamos hablando de un puerto que es un activo estratégico de nuestra provincia”, sostuvo Colazo, quien cuestionó la intervención dispuesta a través de la resolución 4 de 2026 de AMPIN y consideró que la situación afecta la autonomía provincial.

Pero además del aspecto institucional y político, la legisladora puso el foco en una cuestión que considera aún más delicada: el control ambiental de los residuos que ingresan al territorio fueguino a través del puerto.

 

“La provincia tiene que poder ejercer el control ambiental”

 

Colazo remarcó que Tierra del Fuego es titular de sus recursos naturales y, por lo tanto, tiene competencias específicas para fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales.

En ese sentido, enumeró distintas normas que deben ser aplicadas en las actividades portuarias, entre ellas la legislación vinculada con los recursos hídricos, la Ley General del Ambiente y las normas relacionadas con los residuos peligrosos.

“Es competencia de la Provincia de Tierra del Fuego, que es titular de los recursos naturales, de nuestros bienes comunes naturales, monitorear y velar por el cumplimiento de toda la normativa ambiental”, afirmó.

La legisladora explicó que las actividades desarrolladas en el Puerto de Ushuaia involucran a numerosos organismos y que habitualmente existe una articulación entre Prefectura Naval, la autoridad ambiental provincial y otras áreas relacionadas con las actividades portuarias, turísticas, comerciales, logísticas y antárticas.

Por ese motivo, consideró que la intervención del puerto no debería impedir que cada organismo continúe ejerciendo las competencias que le corresponden.

“La intervención no puede impedir que la provincia lleve adelante este control”, remarcó.

 

Residuos peligrosos y trazabilidad

 

Uno de los puntos centrales de la preocupación expresada por Colazo tiene que ver con los residuos generados por los buques que ingresan al Puerto de Ushuaia.

La legisladora explicó que la Secretaría de Ambiente tiene la responsabilidad de controlar qué residuos ingresan a la provincia, quiénes intervienen en su transporte y tratamiento y cuál es su disposición final.

“Si están ingresando residuos con autorización de AMPIN, nosotros tenemos que chequear cuál es el tratamiento de esos residuos, quiénes son los operadores, los transportistas, si están habilitados, qué tipo de residuos ingresan y cuál es el tratamiento final que se les va a dar”, detalló.

Para Colazo, no se trata solamente de una discusión administrativa, sino de una cuestión vinculada directamente con la seguridad ambiental de la provincia.

La autoridad ambiental debe garantizar, según explicó, la trazabilidad de los residuos desde su generación hasta su tratamiento y disposición final, particularmente cuando se trata de residuos peligrosos.

En ese marco, consideró necesario conocer qué empresas están autorizadas, qué documentación poseen y si continúan realizándose las inspecciones correspondientes.

 

Pedido de informes y plazo de diez días

 

Frente a esta situación, el Partido Verde impulsó un pedido de informes que fue aprobado en la Legislatura.

Colazo precisó que el Poder Ejecutivo tiene un plazo de diez días para remitir la información solicitada.

Entre los puntos incluidos se encuentran las inspecciones ambientales que estaban programadas, cuáles pudieron concretarse y cuáles no, las solicitudes de ingreso de los equipos de la Secretaría de Ambiente al puerto y si existieron denegaciones formales.

“Le pedimos que nos detallen todas las inspecciones ambientales que tenían programadas, si se pudieron o no hacer, que nos remitan toda la documentación, las solicitudes de ingreso, si hubo una denegación por escrito al acceso o no”, explicó.

La legisladora sostuvo que, una vez que la Legislatura reciba y analice la documentación, se determinarán los próximos pasos.

En caso de confirmarse que la autoridad ambiental provincial está impedida de ingresar al puerto y realizar sus tareas, Colazo no descartó que pueda avanzar una presentación judicial.

“En base a eso vamos a ver cómo seguimos hacia adelante”, señaló.

 

Cuestionamientos a la intervención de AMPIN

 

La legisladora fue particularmente crítica respecto de la falta de información sobre la intervención.

Según sostuvo, desde la Legislatura se han realizado distintos pedidos y expresiones durante el año, pero todavía no existe una respuesta formal suficiente por parte de AMPIN.

“Rechazamos absolutamente lo que es la intervención”, afirmó.

Colazo sostuvo además que la situación institucional se combina con un conflicto laboral que afecta a los trabajadores del puerto, quienes, según explicó, continúan preocupados por la incertidumbre respecto de su futuro laboral.

La legisladora aseguró que mantiene contacto con los trabajadores y que buena parte de las preocupaciones ambientales llegaron también a la Legislatura a través de ellos.

“Son los que nos mantienen siempre anoticiados de todas las situaciones que están atravesando”, expresó.

 

Una intervención que finalizaría en enero, pero podría prorrogarse

 

Otro de los aspectos que genera preocupación es el plazo de duración de la intervención.

Colazo recordó que la resolución establece un período de 12 meses y que el plazo finalizaría el 21 de enero de 2027.

Sin embargo, advirtió que existe la posibilidad de que la intervención sea prorrogada.

“Lo que nos preocupa es que tiene la posibilidad de ser prorrogable”, sostuvo.

Por este motivo, pidió que la cuestión sea incorporada a las conversaciones que actualmente mantiene el Gobierno provincial con autoridades nacionales.

“Nos gustaría que esto sea objeto de las reuniones que se mantienen con Jefatura de Gabinete de Nación porque no podemos seguir en esta incertidumbre respecto al puerto, que es de todos los fueguinos”, afirmó.

 

Reclamo por la reglamentación de leyes ambientales

 

Durante la entrevista, Colazo también planteó otra preocupación: la falta de reglamentación e implementación de distintas leyes ambientales aprobadas por la Legislatura.

En particular, puso el foco en la llegada de la temporada de mayor riesgo de incendios forestales en Tierra del Fuego.

La legisladora recordó que ese período se extiende desde el 1 de octubre hasta el 1 de mayo, por lo que consideró necesario que los organismos responsables cuenten con los recursos suficientes para prevenir y responder ante posibles emergencias.

Según señaló, todavía no se encuentran reglamentadas la Ley del Servicio de Manejo del Fuego y la norma que crea el cuerpo de guardaparques.

Para Colazo, la situación requiere especial atención debido a los antecedentes de incendios registrados en la provincia.

“El último y tan lamentable incendio comenzó en la Reserva Corazón de la Isla”, recordó.

 

Más guardaparques y recursos para las áreas protegidas

 

La legisladora reclamó que las áreas naturales protegidas cuenten con mayor presencia de personal.

En ese sentido, sostuvo que no alcanza solamente con aprobar leyes, sino que es necesario garantizar su implementación efectiva mediante presupuesto, vehículos, combustible y recursos humanos.

“Necesitamos dotar al cuerpo de guardaparques de más personal, que tengan sus recursos, sus vehículos, su combustible para poder recorrer todas las áreas naturales protegidas”, manifestó.

La preocupación se incrementa, según explicó, durante la temporada primavera-verano debido al incremento de visitantes.

Colazo destacó que Tierra del Fuego recibe miles de turistas que recorren sus reservas y parques y que la presencia de guardaparques resulta fundamental tanto para proteger los ambientes naturales como para orientar a los visitantes.

 

Glaciar Vinciguerra: otra de las áreas bajo la lupa

 

Otro de los reclamos formulados por la legisladora está relacionado con la ley que establece el Área Natural Protegida Glaciar Vinciguerra.

Colazo destacó la importancia estratégica de esa zona, particularmente por su condición de reserva hídrica y por su cercanía con distintos sectores de la ciudad de Ushuaia.

La legisladora también mencionó las recientes actividades realizadas por personal militar estadounidense en la zona y expresó preocupación por tratarse de un ambiente especialmente delicado.

“Es una reserva hídrica, provee de agua dulce a la ciudad de Ushuaia”, señaló.

Además, explicó que el área se encuentra próxima a distintos barrios de la ciudad, a una reserva natural privada y a tierras fiscales municipales.

Por ese motivo, reclamó que se avance con la reglamentación correspondiente y con la elaboración de un plan de manejo específico.

 

“Las leyes tienen sentido cuando se implementan”

 

Colazo destacó que el Partido Verde impulsó una agenda ambiental que incluye alrededor de diez leyes consideradas centrales para la provincia.

Sin embargo, sostuvo que el verdadero impacto de esas normas se produce cuando son reglamentadas y aplicadas.

“Las leyes que nosotros elaboramos, esta agenda ambiental que llega a las diez leyes tan importantes para la agenda socioambiental de la provincia, nos sirven y cumplen sus efectos cuando se reglamentan y se implementan”, afirmó.

Por ese motivo, explicó que desde su bloque impulsaron distintos pedidos de informes para conocer qué grado de cumplimiento tienen las leyes aprobadas.

 

Ambiente, turismo y empleo

 

La legisladora también buscó poner el debate ambiental en relación directa con la economía y el empleo.

Sostuvo que la protección de los recursos naturales no debe ser considerada únicamente desde una perspectiva de conservación, sino también como una herramienta para sostener actividades económicas fundamentales para Tierra del Fuego.

En particular, destacó el turismo de naturaleza.

Según los datos del INFUETUR mencionados por Colazo, esta actividad genera aproximadamente 22.000 a 23.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la provincia.

“Si implementamos estas leyes, cuidamos nuestros bienes comunes naturales, estamos cuidando sobre todo el trabajo de los fueguinos”, afirmó.

En ese sentido, señaló que el turismo de naturaleza genera empleo en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande y consideró que todavía existe un importante potencial de crecimiento.

“Tenemos que seguir cuidando estas fuentes de trabajo y poder generar más”, agregó.

 

La preocupación por los residuos provenientes de la Antártida

 

Otro de los aspectos destacados durante la entrevista fue el vínculo entre el Puerto de Ushuaia y la actividad antártica.

Colazo recordó que por el puerto ingresan residuos generados en las bases antárticas argentinas y que, por ese motivo, la provincia tiene un papel relevante en la trazabilidad de esos materiales.

La legisladora vinculó esta situación con el Protocolo de Madrid, que establece normas estrictas para la protección ambiental del continente antártico y la gestión de los residuos generados allí.

“Es muy importante también desde el punto de vista de los compromisos que tiene nuestro país en el Sistema del Tratado Antártico que nosotros podamos garantizar como autoridad ambiental la trazabilidad de estos residuos que se generan en el sector antártico”, explicó.

El proceso, según detalló, debe permitir conocer el recorrido de los residuos desde su generación en las bases antárticas hasta su ingreso por Ushuaia y su posterior tratamiento o disposición final en Tierra del Fuego.

También remarcó que los operadores encargados del tratamiento de residuos peligrosos deben contar con las correspondientes habilitaciones y certificaciones.

 

“La Antártida tiene que tener el mayor nivel de protección”

 

Colazo coincidió además con la preocupación planteada durante la entrevista respecto de la posibilidad de que los residuos generados por los buques o actividades antárticas no tengan una adecuada trazabilidad.

La legisladora consideró que el control ambiental en Ushuaia tiene consecuencias que trascienden a la provincia, justamente por su condición de puerta de entrada a la Antártida.

Por eso insistió en la necesidad de garantizar controles rigurosos sobre los residuos que ingresan y salen del territorio.

“Estamos hablando de cuestiones que son importantes, que tienen impacto y trascienden a nuestra provincia”, sostuvo.

 

Críticas al proyecto de financiamiento educativo y al tratamiento de urgencia

 

En otro tramo de la entrevista, Colazo se refirió al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo provincial que contempla distintas medidas económicas y que recibió tratamiento de urgencia.

La legisladora explicó que desde su espacio intentaron eliminar ese mecanismo para evitar que el proyecto pueda convertirse en ley automáticamente si no es tratado dentro del plazo previsto.

Sin embargo, señaló que no lograron reunir los votos necesarios.

“Lamentablemente no pudimos tener los consensos para quitarle el tratamiento de urgencia”, indicó.

Colazo manifestó preocupación por el impacto económico que podría generar el proyecto y señaló que contempla modificaciones que alcanzan, entre otros aspectos, la distribución del gas y al Banco de Tierra del Fuego.

En ese contexto, sostuvo que su intención era evitar generar mayor incertidumbre entre familias, comerciantes y contribuyentes.

“Nosotros queríamos sacarle el tratamiento de urgencia para transmitir tranquilidad a todos los contribuyentes, sobre todo de Río Grande”, explicó.

 

“No podemos angustiar más a las familias”

 

La legisladora sostuvo que Río Grande atraviesa una situación económica particularmente delicada y que, por ese motivo, considera necesario analizar con mayor profundidad cualquier modificación que pueda implicar nuevos costos para los vecinos.

“Estamos atravesando nuestra ciudad una situación tan crítica, tan delicada en lo económico”, afirmó.

Según explicó, su posición no implica rechazar el debate del proyecto, sino cuestionar el mecanismo de urgencia.

“Estamos todos de acuerdo en debatir un proyecto de ley, pero no en generar la angustia a las familias y a los comerciantes y a los contribuyentes de la provincia que ya se ven tan angustiados por la realidad”, expresó.

Colazo anticipó que desde el Partido Verde trabajarán en las comisiones para analizar el proyecto y buscar modificaciones.

En particular, cuestionó los aumentos tributarios incluidos en la iniciativa enviada por el Ejecutivo.

“Vamos a trabajar nosotros en las comisiones para defender y sacar todos estos aumentos de impuestos que pretende el Poder Ejecutivo de la provincia”, afirmó.

De esta manera, la legisladora planteó una agenda que combina el reclamo institucional por la situación del Puerto de Ushuaia, la defensa de las competencias ambientales de la provincia, la necesidad de reglamentar las leyes vinculadas al cuidado de los recursos naturales y la discusión sobre el impacto económico de las medidas impulsadas por el Ejecutivo.

Para Colazo, el debate ambiental no puede quedar separado de la economía, el turismo, el empleo y la soberanía sobre los recursos naturales. En ese marco, insistió en que la provincia debe recuperar plenamente la capacidad de fiscalizar sus recursos y garantizar que las normas ambientales sean efectivamente cumplidas.