por Redacción Del Pueblo
La diputada sostuvo que existe una responsabilidad particular de la Cámara de Diputados luego de que el Senado rechazara el DNU y cuestionó el accionar de la Corte Suprema en relación con el artículo que derogó la Ley de Tierras.
“Creemos que es una responsabilidad ahora de la Cámara de Diputados, después de que el Senado rechazara este DNU”, afirmó Selva, quien consideró que el reciente fallo del máximo tribunal expone una situación de “gravedad institucional enorme”.
Según explicó, el DNU 70/2023 modificó o derogó cientos de normas y entre sus disposiciones incluyó la derogación de la Ley de Tierras sancionada en 2011. Ese artículo había sido suspendido cautelarmente a partir de una presentación realizada por una organización de excombatientes de La Plata.
Selva cuestionó que la Corte haya resuelto mantener vigente la derogación de esa norma y sostuvo que el máximo tribunal terminó definiendo indirectamente una cuestión de fondo mediante un mecanismo procesal.
“La Corte le garantizó a Milei políticamente lo que Milei no pudo democráticamente”, afirmó la legisladora, al cuestionar que el Gobierno no hubiera conseguido derogar la Ley de Tierras mediante el Congreso y que finalmente esa modificación quedara consolidada a partir del fallo judicial.
La diputada también recordó que existe un planteo de inconstitucionalidad presentado por la CGT contra el DNU sobre el cual, según indicó, la Corte todavía no se expidió. En ese sentido, cuestionó la diferencia entre los tiempos utilizados para resolver ese planteo y la cautelar vinculada con la Ley de Tierras.
Para Selva, la sesión prevista para el 15 de octubre tendrá una importancia central, ya que además del rechazo del DNU 70/2023 contempla otros proyectos impulsados desde la oposición, entre ellos iniciativas vinculadas al endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad.
En relación con la situación de las personas con discapacidad, la diputada cuestionó la decisión del Gobierno nacional de no avanzar con políticas reclamadas por distintos sectores y señaló que existe un conflicto institucional debido al incumplimiento de leyes y decisiones judiciales.
“Un gobierno totalmente disociado de la realidad, que niega la emergencia que atraviesan hoy las personas con discapacidad en la Argentina, los prestadores del Sistema Nacional de Discapacidad y todo el sistema en su conjunto”, sostuvo.
Selva reconoció que todavía necesitan sumar diputados para garantizar el quórum de la sesión, aunque destacó que estarían cerca del número necesario. “Ojalá que tengamos el número”, expresó.
Durante la entrevista también se refirió al denominado programa de ciudadanía por inversión y vinculó esa iniciativa con el debate sobre la extranjerización de las tierras argentinas.
La legisladora planteó que, si el Congreso lograra rechazar el DNU y restablecer la vigencia de la Ley de Tierras, el Gobierno tendría igualmente una herramienta para facilitar el acceso de inversores extranjeros a la ciudadanía argentina.
“Si no lo pueden comprar como extranjeros al territorio, lo puedan hacer comprando la ciudadanía argentina”, cuestionó Selva, quien consideró que se estaría confundiendo el concepto de ciudadanía con una herramienta de inversión.
En ese marco, manifestó su preocupación por el impacto que estas políticas podrían tener especialmente en la Patagonia y sostuvo que el debate sobre la soberanía territorial adquiere una dimensión particular en las provincias del sur.
Finalmente, Selva insistió en la necesidad de que la Cámara de Diputados consiga reunir el número necesario para tratar el rechazo del DNU y afirmó que desde la oposición mantienen expectativas de poder avanzar con la derogación de la norma.