La concentración está prevista desde las 16 horas en Plaza Lavalle, en Talcahuano 550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la consigna “La Patria no se vende. La Soberanía tampoco”.
En el documento difundido para la convocatoria, el CECIM sostuvo que la movilización busca defender la capacidad del Estado y de la sociedad argentina para decidir sobre el territorio, los recursos naturales y el futuro del país.
Críticas a la decisión de la Corte
La organización cuestionó especialmente la resolución del 29 de septiembre, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que dejó sin efecto la sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley 26.737.
La normativa establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y contemplaba mecanismos de información y control sobre la propiedad de esos territorios.
El Gobierno de Javier Milei había derogado esas restricciones mediante el artículo 154 del DNU 70/2023. El CECIM sostiene que esa modificación implica una pérdida de herramientas para controlar la concentración y extranjerización de tierras.
Desde la organización remarcaron que, aunque la Corte presentó su decisión como una cuestión vinculada con la legitimación procesal, sus integrantes consideran que los efectos de la resolución tienen consecuencias sobre la discusión relacionada con la protección del territorio nacional.
“El mismo Estado que nos mandó a la guerra”
Uno de los puntos centrales del documento del CECIM es la comparación entre el rol que tuvo el Estado argentino durante la guerra de Malvinas y las dificultades que, según la organización, enfrentan los excombatientes para acceder a la Justicia en causas vinculadas con la soberanía.
“El Estado argentino pudo mandarnos a morir, a una guerra, pero ese mismo Estado nos dice que no podemos ir a la mesa de entradas de un Juzgado a defender la soberanía”, señalaron.
En ese sentido, cuestionaron que se limite la participación de organizaciones de excombatientes en acciones judiciales vinculadas con cuestiones que consideran de interés colectivo.
También vincularon esta discusión con la memoria de los soldados argentinos fallecidos durante la guerra y con los excombatientes que atravesaron situaciones de extrema vulnerabilidad durante la posguerra.
Tierra, agua, alimentos y recursos estratégicos
El CECIM planteó que la discusión sobre la Ley de Tierras no debe limitarse a la propiedad de los terrenos, sino que debe analizarse en relación con el control de recursos estratégicos.
La organización mencionó particularmente el agua, los alimentos, la energía y los minerales como recursos cuya administración considera vinculada directamente con la soberanía nacional.
“Queremos que las decisiones sobre esa riqueza respondan a las necesidades de quienes vivimos acá”, expresa el documento, en el que también se reclama que los recursos naturales se traduzcan en trabajo, producción, desarrollo científico y mejores condiciones de vida.
El planteo también incluye críticas a distintas políticas implementadas por el Gobierno nacional, entre ellas el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), modificaciones en organismos científicos y tecnológicos, cambios en el régimen de promoción de Tierra del Fuego y políticas vinculadas con infraestructura, energía y defensa.
La soberanía sobre Malvinas y el territorio continental
Para el CECIM, la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas está vinculada con la protección del territorio continental, los mares argentinos y la Antártida.
La organización sostiene que la cuestión Malvinas no puede abordarse de manera aislada y plantea que la defensa de los recursos naturales y del territorio forma parte de una misma concepción de soberanía.
“Lo hacemos con memoria, con derechos humanos y con la paz como bandera”, expresa el documento.
En ese marco, el CECIM también cuestionó que existan causas judiciales relacionadas con excombatientes que permanecen pendientes de resolución desde hace años.
Reclamos al Congreso
Además de cuestionar el fallo de la Corte Suprema, el CECIM reclamó que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023 y que el Congreso establezca nuevamente mecanismos de protección para las tierras rurales argentinas.
Entre sus pedidos figuran límites a la extranjerización y concentración de tierras, mayor transparencia sobre la titularidad de los inmuebles rurales y protección de los bienes considerados estratégicos.
La organización también reclamó mecanismos judiciales que permitan defender derechos colectivos y llamó a sostener la discusión en las provincias, organizaciones sociales, lugares de trabajo y estudio y dentro del Congreso.
La convocatoria culmina con una definición que sintetiza el posicionamiento expresado por los excombatientes: “Nuestro futuro tiene que estar en nuestras manos. La Patria no se vende. La Soberanía tampoco.”