Greve: "Esto no es un impuestazo, es una ley de Convergencia y debe ser política de largo plazo"

El legislador Federico Greve defendió el proyecto de ley de financiamiento educativo enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura y aseguró que la iniciativa busca establecer una política de Estado para fortalecer la educación durante los próximos cinco años. Frente a las críticas de distintos sectores, negó que se trate de una ley tarifaria y afirmó que “acá no hay ningún aumento de impuestos”.

En diálogo con FM Del Pueblo, Greve se refirió al debate que comenzó a darse en la Legislatura en torno al proyecto y a los cuestionamientos expresados principalmente por el sector comercial, que manifestó preocupación por el posible impacto que algunas de las fuentes de financiamiento podrían tener sobre las tarifas, las tasas de interés y la actividad económica.

El legislador explicó que entre las alternativas planteadas por el Ejecutivo se encuentra la aplicación de un 3% de Ingresos Brutos a CAMUZZI y otro 3% al Banco de Tierra del Fuego, entidades que actualmente cuentan con exenciones tributarias.

“Las fuentes de financiación que hay dentro de la ley de financiamiento educativo son la suba del gas, que tiene que ver con el 3% de Ingresos Brutos a CAMUZZI”, explicó Greve, quien recordó que la empresa históricamente no tributa este impuesto en Tierra del Fuego.

Respecto del Banco de Tierra del Fuego, señaló que la propuesta también contempla eliminar la exención del 3% de Ingresos Brutos. Greve reconoció que ambas alternativas fueron cuestionadas debido a la posibilidad de que el costo termine trasladándose a los usuarios.

Sin embargo, consideró que hasta el momento se trata de una hipótesis. “Todos presumen qué va a suceder, pero nadie ha hablado con CAMUZZI”, sostuvo, y agregó que la Legislatura recibirá a representantes del Banco de Tierra del Fuego para analizar la cuestión.

Greve aseguró además que el Ejecutivo no está cerrado a modificar las fuentes de financiamiento previstas en el proyecto y que se están analizando otras alternativas. Entre ellas mencionó los sectores vinculados al hidrógeno verde, las tecnologías del conocimiento y las empresas estatales.

En este sentido, planteó que parte de las ganancias que generen las empresas del Estado pueda destinarse al financiamiento educativo. “Si esa empresa genera y factura, que el 10% vaya a educación”, explicó al referirse a Terra Ignis y a la posibilidad de que las empresas estatales contribuyan al esquema.

Una política de Estado para la educación

Uno de los principales argumentos de Greve fue que el proyecto no busca resolver solamente una coyuntura salarial, sino establecer un mecanismo de financiamiento progresivo para los próximos cinco años.

“Nosotros planteamos una ley como está a nivel nacional, una ley de convergencia de la Ley de Financiamiento Educativo Nacional”, explicó.

El legislador sostuvo que el objetivo es incrementar progresivamente el porcentaje del Producto Bruto Geográfico destinado a educación, hasta alcanzar el 7,8% en un plazo de cinco años.

Greve aclaró que esos recursos no reemplazarán el presupuesto educativo provincial. “El principal gasto o el principal pago de la educación y el salario y el mantenimiento de la escuela lo hace la provincia. Esta herramienta ayuda a un objetivo político de acá a cinco años”, indicó.

Para el legislador, la discusión debe centrarse en qué modelo educativo quiere sostener la provincia y qué recursos son necesarios para garantizar salarios, infraestructura y calidad educativa.

“Esto es una decisión política. El que no quiera apostar a la educación o no quiera financiar la educación de acá al futuro, que se lo diga a la gente”, afirmó.

Horas cátedra y revisión del gasto

Durante la entrevista también fue consultado por el cuestionamiento a la cantidad de horas cátedra existentes en el sistema educativo provincial. Greve reconoció que es necesario revisar cómo se utilizan y cómo están asignadas.

Explicó que desde 2024 existe un límite de horas cátedra y que el proyecto de presupuesto para este año redujo el número autorizado de aproximadamente 1,2 millones a 1,02 millones.

“Hay que hacer una revisión del uso de las horas cátedras y cómo están asignadas. No estoy en desacuerdo, así que hay que discutirlo y que sea el Ministerio quien pueda explicar en dónde y en qué se gastan”, sostuvo.

El legislador también señaló que las horas cátedra representan un gasto significativo, pero rechazó que su eliminación pueda considerarse una solución para los problemas educativos.

“¿Eliminamos las horas cátedras para resolver los problemas? No, claramente que no”, afirmó, y calificó como una “chicana política” la utilización de ese dato como argumento para cuestionar la totalidad del sistema educativo.

También consideró necesario profundizar los controles sobre las situaciones de reemplazos y licencias prolongadas de docentes. “Hay que agudizar” las auditorías internas, sostuvo, para evitar casos en los que se acumulen reemplazos sobre una misma función.

El rol del Estado y las críticas al proyecto

Greve también cuestionó el discurso que propone una reducción drástica del Estado y defendió la presencia estatal en áreas como educación, salud y asistencia económica.

“Pareciera estar de moda que hoy hay que ir en contra del Estado”, sostuvo. Según planteó, reducir el Estado implica también reducir servicios y derechos para distintos sectores de la sociedad.

En ese marco, defendió la participación del Banco de Tierra del Fuego durante la pandemia y sostuvo que existe una contradicción cuando algunos sectores reclaman asistencia estatal en momentos de crisis pero cuestionan que el sector privado realice un esfuerzo cuando el Estado necesita recursos.

“Me parece que hay que buscar un equilibrio”, afirmó.

También hizo referencia al impacto del incremento de los combustibles sobre la economía y cuestionó que ese aumento no genere el mismo nivel de discusión pública que las medidas incluidas en el proyecto de financiamiento educativo.

Revalúo inmobiliario y nuevas fuentes de recursos

Durante la entrevista, Greve fue consultado además por el revalúo del impuesto inmobiliario rural y su posible utilización como fuente de financiamiento.

El legislador consideró que se trata de un impuesto que necesita ser actualizado, ya que, según explicó, lleva aproximadamente dos décadas sin una modificación significativa.

“Hace 20 años que no se aumenta”, sostuvo, y consideró insuficiente la recaudación actual del impuesto inmobiliario rural.

Greve evitó confirmar los nuevos valores que circularon públicamente, aunque reconoció que el tributo necesariamente deberá actualizarse.

Finalmente, frente a los cuestionamientos expresados por distintos sectores productivos, incluyendo el turismo de Ushuaia, el legislador planteó la necesidad de discutir mecanismos que permitan distribuir los esfuerzos de manera equilibrada.

“Nosotros buscamos que el objetivo sea un costo docente serio, que se pueda mantener en el tiempo y que sea de la mejor calidad posible”, concluyó.