El conflicto por la administración del Puerto de Ushuaia sumó una nueva dimensión con la intervención de la International Dockworkers Council (IDC), que manifestó su preocupación por la situación de los trabajadores portuarios y reclamó que el puerto vuelva a estar bajo administración de la Provincia de Tierra del Fuego.
A través de un comunicado, la organización internacional planteó el cierre de la intervención dispuesta en enero de 2026 y pidió que se revisen las decisiones adoptadas durante ese período, con especial atención a la situación laboral de los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos (DPP).
Según la información que la IDC recibió de sus organizaciones afiliadas en Argentina, alrededor de 140 trabajadores habrían sido desplazados de sus tareas habituales durante la intervención.
La organización también señaló que, durante este período, se produjeron incorporaciones y traslados de trabajadores provenientes de otros puertos y jurisdicciones hacia Tierra del Fuego.
Ante este escenario, la IDC reclamó la reincorporación de los trabajadores desplazados, además de garantías respecto de sus salarios, seguridad social, derechos laborales y representación sindical.
Desde la organización internacional remarcaron que los trabajadores “no son responsables” de las decisiones administrativas tomadas durante la intervención y sostuvieron que una eventual disputa entre distintos niveles de gobierno no debería derivar en pérdida de puestos laborales ni en un debilitamiento de la representación colectiva.
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento está relacionado con la administración económica y administrativa del puerto durante el período de intervención.
La IDC solicitó una auditoría completa, independiente y transparente para revisar el funcionamiento del puerto y el destino de los recursos generados por su actividad.
Entre los aspectos que pidió analizar se encuentran los ingresos portuarios, cuentas bancarias, transferencias, contratos, licitaciones, adquisiciones, incorporación de personal, pagos y gastos realizados durante la intervención.
La entidad aclaró que el pedido de auditoría no implica, por sí mismo, que se hayan comprobado irregularidades. En ese sentido, planteó que cualquier denuncia o sospecha deberá ser analizada por los organismos competentes y que sean esas autoridades las que determinen, si corresponde, eventuales responsabilidades.
El reclamo internacional coloca al conflicto por el Puerto de Ushuaia en un nuevo escenario, al incorporar la mirada de una organización que representa a trabajadores portuarios de distintos países.
La IDC sostuvo que los recursos generados por un puerto público deben estar sometidos a los controles correspondientes y administrarse bajo criterios de transparencia.
Como parte de su intervención, la organización internacional anticipó que durante la última semana de octubre representantes de entidades vinculadas a la IDC llegarán a Tierra del Fuego.
Durante su estadía, tienen previsto participar de distintas actividades y reuniones vinculadas con la situación del Puerto de Ushuaia y de los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos.
La IDC también informó que continuará siguiendo la evolución del conflicto y que, si no se alcanza una solución que considere satisfactoria, analizará junto con sus organizaciones afiliadas nuevas medidas internacionales de solidaridad y acción sindical.
De esta manera, el reclamo por la administración del Puerto de Ushuaia suma ahora una instancia internacional, mientras continúa el debate sobre la conducción del puerto, la situación de los trabajadores y el manejo de los recursos generados por la actividad portuaria.