Guillermo Michel: “Si Chile quiere hacer negocios con Malvinas, que no tenga beneficios económicos en la Argentina”

El diputado nacional Guillermo Michel cuestionó con dureza la política del Gobierno nacional respecto de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y planteó la necesidad de avanzar con medidas económicas concretas contra las empresas que, desde su perspectiva, contribuyen al sostenimiento de la ocupación británica. En diálogo con Rulo Quiroga, durante el programa La Mañana del Pueblo, por FM Del Pueblo, el legislador también alertó sobre el impacto de las decisiones económicas de la administración de Javier Milei en la industria fueguina y la pérdida de puestos de trabajo.

Michel explicó que impulsa iniciativas para retirar beneficios fiscales a empresas británicas y chilenas que mantienen actividades comerciales o inversiones en la Argentina, en un contexto en el que cuestionó los vínculos económicos con el territorio malvinense ocupado por el Reino Unido.

“Lo que lleva adelante el Gobierno de Milei es una farsa respecto de la causa Malvinas. Es una causa que nunca abrazó, que siempre desconoció”, afirmó el diputado, quien consideró que las recientes expresiones del oficialismo sobre la cuestión soberana responden a una reacción frente a las críticas que recibió en las redes sociales.

En ese sentido, sostuvo que la defensa de la soberanía no puede limitarse a declaraciones públicas, publicaciones o comunicados, sino que debe traducirse en decisiones concretas que afecten los intereses económicos y logísticos que sostienen la presencia británica en las islas.

“Si uno quiere ser inteligente y pragmático, lo que tiene que atacar es el brazo económico y logístico del sostenimiento ilegal de los kelpers en las Islas Malvinas”, remarcó.

 

Empresas chilenas y beneficios fiscales en la Argentina

 

El legislador detalló que trabaja sobre tres iniciativas, dos relacionadas con los beneficios fiscales y los acuerdos económicos con empresas británicas y chilenas, y una tercera vinculada con la pesca ilegal.

En el caso de las empresas británicas, explicó que propone retirar los beneficios contemplados en los acuerdos de protección de inversiones. Respecto de las firmas chilenas, planteó revisar las ventajas impositivas que reciben en la Argentina, en caso de que mantengan operaciones comerciales vinculadas con las Islas Malvinas.

“Si Chile decide hacer negocios con un territorio ocupado de manera ilegal que forma parte de una provincia argentina, como es Tierra del Fuego, que se decida. Que no trate de jugar a dos bandas”, manifestó.

Michel sostuvo que la Argentina debería utilizar los instrumentos jurídicos disponibles para denunciar los convenios correspondientes y dejar sin efecto los beneficios fiscales otorgados a las empresas alcanzadas. Según explicó, para avanzar con la medida relacionada con Chile sería necesaria una comunicación de la Cancillería argentina a la contraparte chilena, sin que eso implique necesariamente la aprobación de una nueva ley.

El diputado recordó, además, que participó en 2014 de la renegociación de un convenio tributario con Chile cuando se desempeñaba al frente del área internacional de la entonces AFIP. Según indicó, aquella revisión estuvo relacionada con el uso de beneficios impositivos por parte de empresas chilenas que operaban en la Argentina.

Para Michel, el objetivo debe ser evitar que compañías que obtienen ventajas económicas en el país participen, al mismo tiempo, de actividades comerciales que contribuyan al aprovechamiento de recursos naturales de las islas bajo ocupación británica.

“Si Chile quiere operar comercialmente y hacer una asistencia logística y comercial, estando ocupado de manera ilegal territorio argentino y utilizando recursos naturales argentinos, como la pesca y el petróleo, al menos que la Argentina no le dé beneficios económicos a esas empresas acá en nuestro país”, expresó.

 

Uruguay, Brasil y los vínculos comerciales con Malvinas

 

Consultado sobre la posibilidad de extender estas medidas a otros países de la región, como Uruguay y Brasil, Michel señaló que existen diferencias en los vínculos comerciales y en los instrumentos jurídicos disponibles.

En relación con Brasil, sostuvo que las exportaciones hacia las Islas Malvinas serían reducidas. Sobre Uruguay, mencionó operaciones comerciales vinculadas con la lana procedente de las islas y estimó que durante el año pasado las exportaciones hacia ese país alcanzaron aproximadamente los cuatro millones de dólares.

Sin embargo, aclaró que Uruguay no cuenta con el mismo tipo de convenio tributario con la Argentina que permite otorgar determinados beneficios impositivos a empresas chilenas.

Por ese motivo, insistió en que la prioridad debe ser identificar y actuar sobre los mecanismos que facilitan el sostenimiento económico y logístico de la ocupación británica.

También mencionó la conexión aérea entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, con una escala mensual en Río Gallegos, y cuestionó las diferencias de precios que, según relató el conductor, deben afrontar los pasajeros argentinos que utilizan ese servicio.

Michel sostuvo que Chile debería adoptar decisiones políticas concretas en favor de la posición argentina si realmente considera que ambos países mantienen una relación de pueblos hermanos.

“No digo romper relaciones, no digo dejar de mantener diálogos. Hay que mantener las relaciones y el diálogo, pero hay que tomar medidas pragmáticas y concretas para defender el interés nacional”, afirmó.

 

La industria fueguina, en riesgo por las importaciones

 

Durante la entrevista, el diputado vinculó la discusión sobre Malvinas con otro de los temas que considera centrales para Tierra del Fuego: la defensa de la industria nacional y de los puestos de trabajo.

Michel aseguró que viene trabajando con representantes del sector industrial fueguino y con la diputada nacional Andrea Freites para abordar las consecuencias de las modificaciones en las medidas antidumping aplicadas a productos importados, particularmente en el mercado de los aires acondicionados.

El legislador advirtió que la flexibilización de las restricciones a las importaciones provenientes de China y la reducción de exigencias vinculadas con los procesos productivos podrían generar una competencia difícil de sostener para las empresas radicadas en la provincia.

Según sostuvo, alrededor de mil puestos de trabajo de la región estarían en riesgo como consecuencia de estas decisiones.

“Esto está poniendo en jaque de manera inmediata mil puestos de trabajo en la región”, alertó.

Michel cuestionó que el Gobierno nacional impulse una mayor apertura comercial sin considerar las consecuencias laborales y productivas en una provincia cuya estructura industrial se desarrolló, en buena medida, a partir de los beneficios establecidos por la Ley 19.640.

“¿Qué vamos a hacer con esos mil trabajadores? ¿Les vamos a decir que agarren una moto y trabajen de Rappi, o un auto y trabajen de Uber? No hay trabajo para todos con esa modalidad”, planteó.

El diputado aclaró que su cuestionamiento no está dirigido contra quienes trabajan en esas actividades, sino contra la idea de que el empleo generado por las aplicaciones pueda reemplazar los puestos industriales que se pierden.

Para Michel, las características geográficas y económicas de Tierra del Fuego requieren políticas específicas de protección y desarrollo productivo. En particular, señaló que ciudades como Río Grande dependen de la actividad fabril para sostener una parte significativa del empleo y del movimiento económico local.

 

“La Ley 19.640 no es solamente una cuestión económica”

 

Michel recordó que el régimen de promoción industrial fueguino no se diseñó exclusivamente para otorgar ventajas impositivas a las empresas, sino también para fortalecer la presencia argentina en una región estratégica.

“¿Por qué se decidió impulsar la Ley 19.640 oportunamente en la Argentina? Para darle beneficios a la industria en la provincia más austral de la Argentina. No solo por una cuestión económica, sino también por una cuestión geopolítica”, explicó.

En esa línea, sostuvo que el desarrollo industrial permitió generar población, consolidar comunidades y fortalecer la presencia nacional en un territorio de importancia estratégica por su ubicación y su proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida.

El legislador consideró que las políticas de apertura comercial impulsadas por Milei representan un retroceso en esa estrategia, porque exponen a las fábricas locales a competir con productos importados elaborados bajo condiciones laborales y escalas de producción diferentes.

También cuestionó que el Gobierno se presente como alineado con Occidente mientras facilita, según su interpretación, el ingreso de productos procedentes de China y Taiwán.

“Es imposible, por las condiciones laborales que tienen y la escala, que una industria como la argentina pueda competir en igualdad de condiciones”, señaló, al recordar sus experiencias en China.

 

Reclamo por las medidas antidumping

 

El diputado defendió la utilización de medidas antidumping como una herramienta para proteger a la producción nacional frente a prácticas comerciales que considera desleales. Según explicó, estos instrumentos permiten actuar ante importaciones que ingresan en condiciones capaces de perjudicar a los fabricantes locales.

Michel sostuvo que la discusión no pasa solamente por los precios que pagan los consumidores, sino también por las consecuencias que puede tener la desaparición de la producción nacional sobre el empleo, las capacidades industriales y el desarrollo regional.

En particular, cuestionó las modificaciones vinculadas con los procesos productivos de los aires acondicionados dentro del área aduanera especial fueguina. A su entender, reducir los requisitos de fabricación y facilitar el ingreso de equipos importados puede debilitar a las empresas que generan empleo en Río Grande.

“La pantomima que está haciendo el Gobierno con eso de acortar el plazo y el área aduanera especial es una farsa para mentirle en la cara a los trabajadores y alargar esta situación”, afirmó.

Michel reclamó que se avance con medidas concretas para sostener las herramientas de protección comercial y advirtió que el ingreso de productos importados a precios muy inferiores puede colocar a las fábricas argentinas en una situación de desventaja.

“Lo que hay que hacer es prorrogar las medidas antidumping, que son medidas que aplica cualquier país normal del mundo”, expresó.

Además, cuestionó la diferencia entre los anuncios oficiales y las decisiones económicas que, según sostuvo, terminan afectando a los trabajadores.

“El Gobierno actúa para la tribuna. Hace redes, hace comunicados, hace flyers, le miente a la gente en la cara, pero cuando tiene que aplicar medidas concretas y defender la mano de obra nacional, la industria nacional, nuestro territorio y nuestros recursos naturales, se nos ríe en la cara”, manifestó.

 

Soberanía, industria y empleo: el eje del planteo

 

Sobre el cierre de la entrevista, Michel volvió a plantear que la defensa de Malvinas debe estar acompañada por una política económica que proteja los intereses argentinos y que no se limite a los posicionamientos diplomáticos.

Para el diputado, las relaciones comerciales con otros países deben analizarse también desde su impacto sobre la soberanía, los recursos naturales y la capacidad productiva nacional. En ese marco, insistió en que la Argentina puede mantener relaciones diplomáticas con Chile y, al mismo tiempo, revisar los beneficios económicos que reciben las empresas involucradas en actividades comerciales vinculadas con las islas.

El legislador remarcó que no propone romper relaciones con el país vecino, sino utilizar las herramientas legales disponibles para defender los intereses argentinos.

En paralelo, advirtió que la situación de la industria fueguina exige respuestas urgentes para evitar que la apertura comercial profundice la pérdida de empleo en una provincia donde la actividad fabril cumple una función económica y estratégica.

Su planteo reunió así dos preocupaciones centrales para Tierra del Fuego: la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas y la preservación de un entramado industrial que, según sostuvo, no puede evaluarse únicamente desde una lógica de precios e importaciones.

“Hay que tomar medidas pragmáticas y concretas para defender el interés nacional”, concluyó Michel, al insistir en que tanto la política exterior como las decisiones económicas deben traducirse en acciones efectivas para proteger el territorio, los recursos y el trabajo argentino.