Castillo: “La gente quiere volver a su puesto de trabajo y que el puerto vuelva a la provincia”

El trabajador portuario cuestionó con dureza la intervención del puerto de Ushuaia, denunció la falta de respuestas judiciales y políticas y advirtió que podrían realizarse medidas de fuerza cuando comience el movimiento más intenso de la temporada turística. Además, sostuvo que detrás de la intervención existen intereses económicos y apuntó a Santiago Caputo como uno de los impulsores de la medida.

La intervención del puerto de Ushuaia continúa generando preocupación entre los trabajadores y distintos sectores vinculados a la actividad portuaria. En diálogo con Rulo Quiroga, en el programa La Mañana del Pueblo, por FM del Pueblo, Gastón Castillo cuestionó el accionar del Gobierno nacional, reclamó la restitución del puerto a la provincia de Tierra del Fuego y advirtió que el conflicto podría profundizarse con el inicio de la temporada de mayor actividad.

Castillo consideró que la situación tuvo un impacto especialmente doloroso durante los festejos por el aniversario de Ushuaia, al tratarse de una ciudad cuya historia y desarrollo están estrechamente vinculados con la actividad portuaria.

“Pasar un día como el de ayer, que es un día festivo para la ciudad, y pensar que tenemos un puerto usurpado por el Estado nacional, tiene un sabor amargo”, expresó.

En ese sentido, cuestionó también el silencio de representantes políticos frente a lo que considera una situación de gravedad institucional. Sostuvo que el puerto constituye un activo estratégico no solamente para Ushuaia, sino para toda Tierra del Fuego, y manifestó su malestar por la falta de pronunciamientos permanentes en defensa de ese recurso.

“Hablan demagógicamente del cumpleaños de la ciudad, pero se están olvidando de una parte muy importante, que es un activo fundamental para Ushuaia y para Tierra del Fuego en su conjunto”, señaló.

 

“Vinieron a quedarse con el puerto”

 

Uno de los principales cuestionamientos de Castillo estuvo dirigido al carácter y los objetivos de la intervención nacional. El trabajador rechazó que se trate de una medida transitoria y sostuvo que, desde su perspectiva, existe la intención de mantener el control del puerto por tiempo indefinido.

“Nosotros sostenemos desde el principio que ellos no vinieron a intervenir. Primero, vinieron a usurpar y quedarse con el puerto”, afirmó.

En ese marco, puso en duda que la fecha prevista para la finalización de la intervención implique una restitución efectiva de las instalaciones y de su administración a la provincia. Advirtió que, si la situación continúa sin cambios, el Gobierno nacional podría extender la medida cuando llegue el vencimiento establecido para el 21 de enero.

“Ya te puedo asegurar que, si esto continúa y llega el 21 de enero, lo van a renovar y lo van a querer estirar indefinidamente”, manifestó.

Castillo también vinculó el conflicto con las expectativas que una parte de la sociedad había depositado en el Gobierno nacional. En su caso, reconoció haber votado a la actual administración y aseguró que la situación que atraviesa el puerto representa una profunda decepción.

“Uno busca un cambio, pero esto no es un cambio, es un retroceso enorme”, expresó, al comparar el procedimiento utilizado para tomar el control del puerto con prácticas arbitrarias de otras épocas.

El trabajador hizo especial hincapié en el desplazamiento de empleados de sus puestos laborales y en las restricciones que, según denunció, se aplicaron dentro del predio portuario.

 

La falta de respuestas de la Justicia

 

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la actuación de la Justicia frente al conflicto. Castillo manifestó su preocupación por la falta de una resolución que permita determinar el futuro del puerto y cuestionó que las presentaciones realizadas no hayan derivado, hasta el momento, en una respuesta que modifique la situación de los trabajadores.

“Para nosotros está ocurriendo un acto delictivo. Te lo voy a repetir: están robando un puerto y el fiscal ni el juez federal hacen algo”, sostuvo.

El entrevistado consideró que la Justicia Federal tenía herramientas para intervenir y adoptar una definición, pero que la decisión de declararse incompetente terminó prolongando la incertidumbre.

“La Justicia lo termina pateando, lo termina corriendo porque no quiere tomar una definición”, señaló.

Para Castillo, la falta de una resolución judicial agrava el escenario y deja a la provincia y a la ciudad en una situación de vulnerabilidad frente a una decisión del Gobierno nacional.

En esa línea, advirtió que el conflicto no debería analizarse únicamente como una disputa administrativa, sino como una discusión sobre la autonomía provincial, la defensa de los recursos estratégicos y las atribuciones de las autoridades fueguinas.

También cuestionó que, según su visión, las expresiones de respaldo al puerto hayan sido esporádicas, cuando considera que se necesita una posición sostenida de los distintos sectores políticos e institucionales.

“Hoy la provincia y la ciudad terminan perdiendo un recurso estratégico que ni siquiera la política local sale a defender como debiera”, afirmó.

 

Castillo apuntó a Santiago Caputo

 

Consultado por Rulo Quiroga sobre quién podría tener mayor responsabilidad política en la decisión de intervenir el puerto, Castillo aseguró que maneja información que vincularía la medida con el sector de La Libertad Avanza relacionado con Santiago Caputo.

El trabajador planteó que, dentro del oficialismo nacional, existirían diferentes sectores con influencia en la toma de decisiones y señaló que, de acuerdo con la información que dijo haber recibido, la intervención respondería al espacio vinculado con el asesor presidencial.

“Dentro de esas facciones, las órdenes de lo que se llevó a cabo acá precisamente son de la parte de Santiago Caputo”, manifestó.

Castillo agregó que, según su interpretación, esa estructura política tendría una influencia importante en el desarrollo de la intervención. Sin embargo, reconoció que desconoce cómo se distribuye efectivamente el poder dentro del Gobierno nacional y cuáles serían los intereses específicos detrás de la decisión.

“Es difícil de comprender qué intereses hay detrás de todo esto y cómo se reparten el poder y las cosas que hay detrás”, expresó.

Sus declaraciones se suman a los cuestionamientos sobre la falta de información pública respecto de las decisiones adoptadas en el puerto y sobre quiénes tienen la responsabilidad política de sostener la intervención.

 

Una reunión sin acuerdos y 140 trabajadores que reclaman volver

 

Durante la entrevista también se abordó la reunión que representantes de ATE mantuvieron con legisladores nacionales y otros actores vinculados con el conflicto portuario.

Castillo aclaró que los trabajadores a los que representa no fueron invitados al encuentro y que tampoco participaron directamente de las conversaciones. No obstante, señaló que recibieron información a través de personas que estuvieron presentes.

Según relató, participaron representantes gremiales de ATE y de UPCN, organización que, de acuerdo con sus cuestionamientos, habría acompañado el proceso de intervención. También mencionó la presencia de los diputados Santiago Pauli y Rodríguez, a quienes describió como anfitriones de la reunión.

Castillo consideró que el encuentro estuvo orientado, principalmente, a explorar alternativas para evitar que el conflicto se profundice, aunque aseguró que no se alcanzaron acuerdos concretos.

“Tenemos 140 trabajadores que están afuera reclamando por volver a sus puestos de trabajo”, remarcó.

El entrevistado describió un escenario de tensión entre los empleados que quedaron fuera de sus funciones y aquellos que permanecieron vinculados a la actividad bajo las nuevas condiciones. Según explicó, durante la reunión hubo reproches y diferencias sobre las razones que llevaron a la intervención, sin que se lograra resolver la situación laboral.

El principal reclamo de los trabajadores es recuperar sus puestos y mantener las condiciones laborales que tenían antes de la intervención.

 

Advierten que podría haber medidas de fuerza durante la temporada

 

Castillo confirmó que los trabajadores evalúan avanzar con medidas de fuerza si no aparecen respuestas concretas a sus reclamos. Sin embargo, aclaró que el momento de llevarlas adelante estará condicionado por el nivel de actividad del puerto.

“Va a haber medidas, por supuesto que va a haber medidas. La gente quiere volver a su puesto de trabajo y que el puerto vuelva a la provincia”, sostuvo.

El trabajador explicó que la actividad todavía no había alcanzado su punto máximo y que, al momento de la entrevista, había un solo barco en el muelle. Por ese motivo, consideró que no se justificaba paralizar el puerto en esas condiciones.

No obstante, advirtió que el escenario podría cambiar cuando comience el movimiento más intenso de la temporada turística, período en el que la operatoria portuaria adquiere una relevancia central para Ushuaia.

“Cuando haya movimiento serio, vamos a tener que llevar adelante medidas, no queda otra”, afirmó.

La advertencia abre un nuevo interrogante sobre el desarrollo de la temporada y el impacto que podría tener la continuidad del conflicto en la actividad portuaria, el turismo y la economía local.

Castillo insistió en que el objetivo de cualquier medida debe ser lograr la salida de la intervención, la devolución del puerto a la provincia y la reincorporación de los trabajadores a sus puestos.

 

El convenio colectivo, otro punto de conflicto

 

Además de la restitución del puerto, Castillo cuestionó las condiciones laborales que, según indicó, se pretenderían establecer para los empleados que actualmente reclaman volver a sus funciones.

Aseguró que los trabajadores buscan continuar bajo el régimen laboral y el convenio colectivo que los ampara desde hace más de dos décadas, y rechazó la posibilidad de quedar sujetos a un esquema de contratación que, a su entender, podría dejarlos expuestos a desvinculaciones discrecionales.

“Ellos no nos quieren adentro o nos quieren dentro de un régimen fuera de nuestro convenio colectivo de trabajo y fuera de la provincia”, sostuvo.

En esa línea, manifestó su preocupación por la posibilidad de que los empleados sean contratados bajo nuevas condiciones, sin las garantías que actualmente reivindican.

“Quieren que seamos contratados por ellos para que, cuando quieran, nos puedan echar o desafectarnos del régimen y quedarnos verdaderamente sin trabajo”, advirtió.

El planteo refleja que el conflicto no se limita a quién administra las instalaciones portuarias, sino que también involucra la continuidad laboral, los derechos adquiridos y el marco bajo el cual deben desempeñarse los trabajadores.

 

“Se crearon un territorio aparte”

 

Hacia el final de la entrevista, Castillo cuestionó el alcance de las decisiones adoptadas dentro del puerto y las restricciones que, según denunció, se habrían impuesto a organismos provinciales.

Para explicar su postura, comparó la situación con otras intervenciones provinciales que, recordó, debieron atravesar los mecanismos institucionales correspondientes y no implicaron el desplazamiento generalizado de empleados públicos ni la suspensión de las normas vigentes en cada territorio.

“Las intervenciones provinciales que conocemos pasaron por donde tienen que pasar, por el Congreso. Y las autoridades que se nombran como interventores no reemplazaron a los empleados públicos, no echaron a la población de la provincia ni dejaron de aplicar las leyes provinciales”, argumentó.

A partir de esa comparación, sostuvo que lo que ocurre en Ushuaia presenta características que, desde su perspectiva, exceden una intervención administrativa convencional.

“Acá ellos se crearon una provincia, un territorio aparte. Dicen que Ambiente no puede pasar y que ellos van a manejar el ambiente”, cuestionó.

La referencia apunta a las restricciones que, según lo denunciado durante la entrevista, habrían afectado el ingreso de organismos provinciales al predio portuario, incluso en cuestiones vinculadas con el control ambiental.

Castillo consideró que esa situación constituye un motivo adicional de preocupación, porque entiende que las autoridades nacionales estarían actuando sin reconocer plenamente las competencias provinciales dentro del territorio fueguino.

 

“No se tiene que normalizar una intervención de estas características”

 

Al cerrar la entrevista con FM del Pueblo, Castillo agradeció el espacio para visibilizar el reclamo y advirtió sobre el riesgo de que la situación termine siendo aceptada como algo habitual.

El trabajador insistió en que la intervención no puede prolongarse sin explicaciones ni una definición institucional que permita resolver el futuro del puerto.

“Lo más importante es que esto no se normalice. No se tiene que normalizar una intervención de estas características”, concluyó.

Mientras los 140 trabajadores continúan reclamando su reincorporación y la restitución del puerto a la provincia, el conflicto mantiene abiertos varios interrogantes: cuál será la respuesta de la Justicia, qué posición asumirán las autoridades políticas fueguinas y si la falta de acuerdos derivará en medidas de fuerza durante la temporada turística.

Para Castillo, la salida debe ser clara: que la intervención nacional se retire, que el puerto vuelva a la órbita provincial y que los trabajadores recuperen sus puestos y sus condiciones laborales.