por Redacción Del Pueblo
El secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, trazó un duro diagnóstico sobre la situación económica y social que atraviesan las familias fueguinas y cuestionó las consecuencias del modelo económico impulsado por el presidente Javier Milei. En diálogo con FM del Pueblo, el funcionario puso el foco en las dificultades cotidianas de los vecinos para afrontar el costo de vida, sostener la alimentación familiar, pagar los servicios, trasladarse y garantizar que sus hijos puedan continuar estudiando.
Durante la entrevista con Rulo Quiroga, Díaz sostuvo que la política debe concentrarse en responder a las necesidades concretas de la población, especialmente en un contexto en el que los ingresos pierden capacidad de compra y las familias deben reorganizar permanentemente sus gastos para llegar a fin de mes.
“Lo que importa es lo que le pasa a la gente”, afirmó al comienzo de la conversación, en la que vinculó el deterioro de las condiciones de vida con las decisiones económicas que se adoptan desde el Gobierno nacional.
El funcionario consideró que las discusiones electorales y las diferencias ideológicas no pueden desplazar las preocupaciones de quienes necesitan trabajar, alimentar a sus hijos, acceder a la salud pública y garantizar la continuidad de los estudios de sus familias.
En ese sentido, remarcó que el objetivo de la política debe ser generar oportunidades y construir respuestas frente a una realidad que, según describió, se vuelve cada vez más compleja para amplios sectores de la sociedad.
Díaz describió un escenario en el que las familias deben realizar un esfuerzo cada vez mayor para cubrir gastos esenciales. El transporte, los servicios públicos, la alimentación y la educación aparecen entre las principales preocupaciones, mientras que la posibilidad de acceder a determinados bienes y servicios se vuelve más difícil para quienes tienen ingresos limitados.
El secretario de Gobierno hizo hincapié en la situación de los padres que intentan sostener la educación de sus hijos, particularmente cuando deben trasladarse a otras ciudades para estudiar una carrera universitaria que no se encuentra disponible en Río Grande o en la provincia.
Según planteó, muchas familias realizan un esfuerzo extraordinario para reunir los recursos necesarios y permitir que sus hijos puedan desarrollar una formación profesional.
Para Díaz, estas dificultades reflejan la importancia de que las políticas públicas estén orientadas a las necesidades reales de la comunidad y no exclusivamente a las discusiones partidarias.
“De eso se trata justamente la política”, expresó, al insistir en que el debate público debe estar centrado en cómo mejorar las condiciones de vida de la población.
El funcionario también advirtió que el incremento de los gastos fijos deja cada vez menos margen para afrontar imprevistos, ahorrar o sostener proyectos familiares. En ese contexto, consideró que el deterioro económico no debe analizarse solamente a partir de los indicadores generales, sino también desde el impacto concreto que tiene en los hogares.
Uno de los principales cuestionamientos de Díaz estuvo dirigido al peso creciente de los servicios públicos sobre los ingresos familiares. Para explicar el cambio, comparó la situación actual con la de fines de la década de 1990 y principios de los años 2000.
Según recordó, durante aquel período los gastos correspondientes a los servicios representaban aproximadamente el 5% del salario que ingresaba a una familia. En la actualidad, afirmó, esa proporción se ubica entre el 20% y el 25%.
“Hoy están entre un 20% y un 25%”, señaló, al referirse a los gastos de electricidad, gas, agua, internet, televisión y otros servicios que deben afrontar los hogares.
Díaz explicó que, además de los aumentos tarifarios, cambió la composición de los gastos familiares. Mientras que algunos servicios no tenían la misma presencia en los presupuestos de décadas anteriores, actualmente se convirtieron en consumos habituales que las familias necesitan sostener.
El problema, de acuerdo con su planteo, es que ese incremento de los gastos fijos reduce la disponibilidad de dinero para cubrir otras necesidades, como la alimentación, el transporte, los medicamentos o la educación.
En ese marco, cuestionó la metodología utilizada para elaborar los índices de inflación y consideró que las ponderaciones deben reflejar de manera más adecuada la estructura actual del consumo de los hogares.
Díaz sostuvo que los indicadores utilizados para medir la evolución de los precios conservan ponderaciones que, a su entender, no representan suficientemente el peso que tienen hoy los servicios en el presupuesto familiar.
La consecuencia, según explicó, es que la variación de algunos gastos que impactan fuertemente en la economía cotidiana podría no quedar reflejada de manera proporcional en la percepción general de la inflación.
También mencionó los aumentos del combustible, internet, gas y electricidad como ejemplos de gastos que, según su evaluación, han tenido incrementos significativos.
El funcionario consideró que este escenario obliga a revisar las herramientas con las que se analiza la situación económica, porque la capacidad de consumo de una familia no depende únicamente de la evolución de los precios de los alimentos, sino también del dinero que debe destinar mensualmente a mantener los servicios básicos.
El crecimiento de las necesidades sociales fue otro de los puntos centrales de la entrevista. Díaz aseguró que el Municipio de Río Grande tuvo que incrementar de manera considerable los recursos destinados a acompañar a las familias que atraviesan dificultades económicas.
Consultado sobre cuánto más debió destinarse a estas políticas respecto de años anteriores, el funcionario respondió que el incremento se ubica entre el 300% y el 350%.
La cifra, según explicó, está relacionada con el aumento de la demanda de asistencia alimentaria y de otras prestaciones que el Municipio sostiene en diferentes sectores de la ciudad.
Entre las herramientas mencionadas se encuentran los módulos alimentarios para las familias, los comedores comunitarios, los merenderos, las meriendas que se brindan en distintos centros municipales, el acompañamiento escolar, la asistencia en los barrios y la entrega de leña.
Díaz también hizo referencia a los módulos navideños y a otras acciones que forman parte de las políticas de acompañamiento a los hogares con mayores necesidades.
“Ha crecido muchísimo” la demanda de asistencia alimentaria, sostuvo, al describir la situación que observa el Municipio a partir de las solicitudes de ayuda que recibe.
Para el secretario de Gobierno, este aumento no puede analizarse de manera aislada, ya que está relacionado con la pérdida de ingresos, las dificultades para acceder al empleo y el encarecimiento de los gastos cotidianos.
En ese sentido, responsabilizó al rumbo económico nacional por el deterioro de la actividad productiva y las consecuencias sociales que, según afirmó, enfrenta Tierra del Fuego.
“El Estado Nacional ha destruido Tierra del Fuego, este modelo de industrialización, con una mirada política estratégica de poblarla y demás, no es lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei”, manifestó.
La definición constituye uno de los cuestionamientos más fuertes que realizó durante la entrevista, en la que defendió la necesidad de sostener políticas públicas para evitar que las familias queden desprotegidas frente a la crisis.
Díaz planteó, además, que el incremento de los recursos destinados a la asistencia social refleja el esfuerzo que debe realizar el Estado municipal para atender necesidades que se profundizan en un contexto económico adverso.
El funcionario también se refirió a la situación de las familias que se radicaron en Tierra del Fuego buscando oportunidades laborales y mejores condiciones de vida.
Díaz sostuvo que muchas personas llegaron a la provincia con la expectativa de progresar, construir una vivienda, formar una familia y acceder a un empleo que les permitiera desarrollarse.
Sin embargo, consideró que la situación económica actual dificulta esos objetivos y obliga a numerosos hogares a reorganizar sus vidas para poder permanecer en la provincia.
Al describir esta realidad, señaló que algunas personas que llegaron en los últimos años toman la decisión de regresar a sus lugares de origen, mientras que otras permanecen en Río Grande porque construyeron aquí sus vínculos familiares y comunitarios.
El funcionario explicó que el arraigo es un factor determinante para comprender por qué muchos vecinos continúan en la ciudad a pesar de las dificultades económicas.
En ese escenario, relacionó la expansión del trabajo informal con la necesidad de generar ingresos ante la falta de oportunidades laborales suficientes.
Mencionó como ejemplos a quienes salen a vender choripanes, tortillas y otros productos en la vía pública, así como a quienes buscan diferentes alternativas para obtener dinero y sostener sus hogares.
“Son formas de vida, son trabajos que te llevan un poquito, digamos, de alivio a tu casa”, expresó.
Díaz consideró que detrás de esas actividades hay familias que buscan salir adelante y que encuentran en el trabajo informal una alternativa para afrontar los gastos cotidianos.
Su planteo apuntó a mostrar que las dificultades económicas no se limitan a los índices de desempleo o a las estadísticas oficiales, sino que también se manifiestan en la multiplicación de estrategias de supervivencia que adoptan los vecinos.
Otro de los ejes de la entrevista estuvo relacionado con la obra pública y el impacto que tuvo la interrupción del financiamiento nacional sobre distintos proyectos que estaban en marcha en Río Grande.
Díaz cuestionó la decisión del Gobierno de Javier Milei de retirar recursos de obras que ya habían comenzado y que, según explicó, estaban destinadas a mejorar la infraestructura urbana y acompañar el desarrollo de la ciudad.
Entre los proyectos que mencionó se encuentran el nuevo centro logístico de camiones, la terminal de transporte, el mercado de productores locales, el entubado de líquidos pluviales desde la zona de Chacra XIII hacia la costa atlántica y el natatorio municipal.
El funcionario sostuvo que esas iniciativas contaban con financiamiento nacional y que su interrupción afectó las posibilidades de avanzar con obras consideradas importantes para Río Grande.
“En Tierra del Fuego lo que ha hecho el Gobierno nacional es interrumpir las obras que ya estaban iniciadas”, afirmó.
En relación con el centro logístico de camiones, explicó que se trataba de una infraestructura destinada a contribuir al ordenamiento del tránsito pesado en la ciudad y en el parque industrial.
También destacó la importancia de la terminal y del mercado de productores locales, proyectos que, según indicó, quedaron afectados por la decisión nacional de dejar de aportar los recursos previstos.
Díaz recordó que el natatorio municipal también había logrado reactivar sus trabajos con financiamiento nacional, pero posteriormente volvió a quedar sin ese respaldo.
Frente a ese panorama, defendió la decisión del Municipio de continuar sosteniendo distintas obras con fondos propios.
“Hoy, cuando se habla de obra pública, nuestro presupuesto es municipal. Estamos hablando de obra pública que es posible con fondos municipales, pura y exclusivamente”, remarcó.
El secretario de Gobierno destacó que el presupuesto de Río Grande contempla intervenciones vinculadas con el mantenimiento de calles, plazas, espacios culturales y deportivos, además de la infraestructura necesaria para sostener los servicios públicos.
En su análisis, la obra pública municipal no debe entenderse únicamente como la construcción de grandes edificios, sino también como el mantenimiento de los espacios que utilizan diariamente los vecinos.
Díaz consideró que sostener esas tareas es fundamental para garantizar condiciones adecuadas de circulación, recreación, acceso a la cultura y prestación de servicios en los distintos barrios.
Entre las obras que el Municipio busca completar con recursos propios, Díaz mencionó el edificio relacionado con la vigilia del 2 de Abril, impulsada por los veteranos de la Guerra de Malvinas.
El funcionario explicó que existe la voluntad de finalizar ese espacio, que tiene un significado especial para los excombatientes y para la comunidad de Río Grande.
La referencia se inscribe en una política de infraestructura que, además de responder a necesidades cotidianas, busca preservar espacios vinculados con la memoria y la identidad de la ciudad.
Díaz sostuvo que, frente a la interrupción de los aportes nacionales, el Municipio debe evaluar sus posibilidades presupuestarias para sostener los proyectos que considera prioritarios.
En ese marco, destacó la decisión de continuar con obras y servicios que, según su mirada, contribuyen al desarrollo de la ciudad y a la calidad de vida de sus habitantes.
Díaz dedicó una parte importante de la entrevista a defender el sistema de salud municipal y la continuidad de los 15 dispositivos que funcionan en Río Grande.
El funcionario sostuvo que estos espacios cumplen una función fundamental para los vecinos que necesitan atención médica y que, en muchos casos, no cuentan con recursos suficientes para recurrir al sistema privado.
En particular, puso el foco en las consecuencias que tiene la pérdida del empleo sobre el acceso a la salud. Cuando una persona pierde su trabajo, explicó, también puede perder la cobertura de una obra social y quedar en una situación de mayor vulnerabilidad.
“Si en Río Grande no existieran los 15 dispositivos de salud, ¿a dónde van los vecinos que se han quedado sin trabajo?”, planteó.
Díaz señaló que la existencia de un hospital público provincial no elimina la necesidad de contar con prestaciones municipales, especialmente cuando los vecinos encuentran dificultades para acceder a determinadas respuestas sanitarias.
En ese sentido, cuestionó los planteos que consideran innecesaria la prestación de servicios similares por parte de diferentes niveles del Estado.
Para el funcionario, la discusión sobre una posible superposición de funciones debe tener en cuenta si el sistema que tiene la responsabilidad principal de brindar una prestación cuenta efectivamente con los recursos y la capacidad necesarios para atender a la población.
“Si vos tenés una institución que brinde un buen servicio, por supuesto, demás está decir que el otro no podría gastar. Ahora, si es deficiente el servicio, ¿dónde vamos a mandar a los pacientes?”, expresó.
Díaz consideró que retirar los dispositivos municipales sin garantizar una alternativa dejaría a numerosos vecinos sin posibilidades concretas de atención.
Por eso, defendió la continuidad de los servicios como una decisión política orientada a dar respuestas a las necesidades de la comunidad.
En relación con el financiamiento del sistema sanitario municipal, Díaz aportó otro dato sobre la cantidad de vecinos que reciben atención en los dispositivos de la ciudad.
Según señaló, aproximadamente el 40% de las prestaciones se brindan a personas afiliadas a OSEF, aunque el Municipio no cuenta con un convenio con la obra social para recuperar los costos correspondientes a esas atenciones.
“Con OSEF no tenemos convenio. El 40% de las prestaciones se dan a vecinos que tienen OSEF, nosotros las seguimos dando igual”, explicó.
El funcionario remarcó que esos servicios se sostienen con recursos municipales, es decir, con fondos que provienen del presupuesto de la ciudad.
De esa manera, planteó que el Municipio continúa garantizando la atención médica independientemente de la cobertura que tenga cada vecino y de la existencia de acuerdos administrativos para recuperar los gastos.
Díaz utilizó este ejemplo para defender el papel del Estado municipal en un contexto en el que, según describió, cada vez más familias necesitan recurrir a los servicios públicos.
También sostuvo que la discusión sobre el gasto estatal debe contemplar las consecuencias que tendría la eliminación de una prestación para quienes no cuentan con alternativas.
En su visión, la eficiencia del Estado no consiste simplemente en reducir servicios o disminuir partidas presupuestarias, sino en utilizar los recursos de manera responsable y asegurar que las necesidades esenciales estén cubiertas.
Al referirse al modelo de Estado que considera necesario, Díaz sostuvo que la discusión debe centrarse en la capacidad de las instituciones para brindar respuestas concretas.
“Prefiero hoy pensar en un Estado eficiente”, afirmó.
El secretario de Gobierno explicó que el Municipio debe administrar los recursos con transparencia, responsabilidad y orden, al mismo tiempo que sostiene los servicios que corresponden a sus competencias.
También señaló que el intendente Martín Pérez gobierna para todos los vecinos, independientemente de sus preferencias políticas o de las posiciones ideológicas que sostengan.
Para Díaz, un Estado eficiente es aquel que utiliza los recursos públicos de manera adecuada y permite que los ciudadanos perciban que las instituciones cumplen una función concreta en sus vidas.
En ese sentido, cuestionó la idea de dejar el funcionamiento de la sociedad exclusivamente en manos del mercado y planteó que el Estado debe intervenir para conectar las necesidades de la población con las oportunidades de desarrollo.
“El mercado le puede ir muy bien, como plantea Javier Milei, libertad de mercado, pero a la gente le está yendo mal”, manifestó.
La frase sintetizó su cuestionamiento al modelo económico nacional y su defensa de un Estado que mantenga una presencia activa en áreas como la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura y la generación de oportunidades laborales.
Díaz sostuvo que no alcanza con que determinados indicadores económicos muestren una evolución favorable si esa mejora no se traduce en mejores condiciones de vida para los ciudadanos.
Desde esa perspectiva, planteó que el desafío de la gestión pública es garantizar que el crecimiento económico, cuando exista, tenga un correlato concreto en el bienestar de las familias.
Durante la entrevista, Díaz también valoró la presentación del presupuesto municipal realizada el 30 de septiembre, en la que participaron representantes de distintos espacios políticos de Río Grande.
El funcionario destacó la presencia del intendente Martín Pérez ante los bloques que representan a la comunidad y consideró que la instancia permitió mostrar una disposición al diálogo institucional.
Según enumeró, estuvieron representados Provincia Grande, el Partido Justicialista, FORJA, la Unión Cívica Radical, Somos Fueguinos y el Movimiento Popular Fueguino, entre otros espacios políticos con representación local.
Díaz remarcó que el intendente manifestó su disposición a que el proyecto presupuestario pueda recibir modificaciones, agregados o cambios durante su tratamiento legislativo.
Para el secretario de Gobierno, esa actitud representa una muestra de orden institucional y político en un momento en el que las dificultades económicas obligan a priorizar recursos y definir qué políticas deben sostenerse.
El funcionario consideró que el presupuesto debe ser una herramienta para dar respuestas a las necesidades de la ciudad y no solamente un instrumento administrativo.
En ese marco, destacó la importancia de que los representantes políticos puedan discutir las prioridades de Río Grande y plantear modificaciones que contribuyan a mejorar la propuesta.
La referencia al presupuesto también se vinculó con la necesidad de mantener la obra pública municipal, sostener los servicios sanitarios y ampliar las políticas de acompañamiento social.
En el plano político, Díaz confirmó que Provincia Grande comenzó una nueva etapa de expansión territorial con la apertura de una sede en Ushuaia, ubicada sobre la calle Maipú al 800.
El funcionario explicó que el objetivo es acercar a los vecinos de la capital fueguina el modelo de gestión que el espacio político desarrolla en Río Grande y generar un ámbito de participación para quienes quieran conocer sus propuestas.
Díaz sostuvo que la experiencia de gestión municipal constituye uno de los principales elementos que Provincia Grande busca presentar en el conjunto de la provincia.
Según explicó, el espacio considera que Río Grande experimentó transformaciones desde 2019, cuando Martín Pérez asumió la intendencia, y destacó los avances vinculados con la planificación urbana, la apertura de arterias, la conectividad y los servicios públicos.
También mencionó el transporte urbano de pasajeros, cuyo funcionamiento cuenta con subsidios municipales para mantener una tarifa accesible para los usuarios.
Díaz sostuvo que, sin ese acompañamiento económico, el costo que deben afrontar los vecinos sería considerablemente mayor.
A ello sumó las políticas de recolección y tratamiento de residuos y la generación de suelo urbano, que forman parte de los ejes que el espacio político pretende poner en discusión a escala provincial.
El secretario de Gobierno aclaró que la apertura de la sede no busca construirse desde la confrontación con otras fuerzas políticas, sino presentar una propuesta propia y generar vínculos con la comunidad.
“Simplemente queremos llevar nuestro proyecto a toda la provincia y hacerlo conocer”, afirmó.
Díaz anticipó que Provincia Grande realizará actividades en la sede de Ushuaia el sábado 17 de octubre, en el marco del Día de la Lealtad Peronista.
Según detalló, durante la mañana se desarrollarán mesas de trabajo relacionadas con la salud pública, mientras que por la tarde está previsto un acto político.
El funcionario explicó que la intención es sostener el vínculo con los vecinos de la capital y continuar difundiendo los principales lineamientos del modelo de gestión que el espacio impulsa.
Además, destacó la relación institucional con el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, y los convenios de colaboración que mantienen ambos municipios.
Díaz consideró que el trabajo conjunto permitió fortalecer los vínculos entre las ciudades y abrir espacios para compartir experiencias de gestión.
También valoró la cercanía de Harrington con los vecinos y sostuvo que existen puntos de coincidencia entre las formas de administrar los municipios de Río Grande y Tolhuin.
En ese sentido, planteó que la propuesta política debe sostenerse en acciones concretas y no exclusivamente en discursos o posicionamientos partidarios.
“Cuando hablamos de peronismo, cuando hablamos de justicia social, cuando hablamos de comunidad organizada, lo hacemos a través de la gestión”, expresó.
Consultado sobre las definiciones políticas hacia el futuro, Díaz se refirió al respaldo que Daniel Harrington expresó hacia el intendente Martín Pérez y destacó la importancia de la relación entre ambos municipios.
El secretario de Gobierno sostuvo que Harrington fue importante para que Río Grande pudiera sostener distintas iniciativas de colaboración y valoró el vínculo construido entre los dos gobiernos locales.
También consideró que la cercanía del intendente de Tolhuin con los vecinos permite compartir una forma de gestión que pone el foco en las necesidades de la comunidad.
Díaz señaló que Provincia Grande busca trasladar esa experiencia al resto de Tierra del Fuego, con la intención de presentar una propuesta basada en el funcionamiento del Estado y la prestación de servicios.
Al referirse al peronismo, insistió en que la identidad política debe expresarse en las decisiones de gobierno y en la capacidad de resolver problemas concretos.
“Me parece que el peronismo no necesita que nadie le venga a contar de qué se trata el modelo peronista”, manifestó.
Y agregó que lo importante es demostrarlo cuando se ejerce una función pública.
Las declaraciones se producen en un escenario en el que distintos sectores políticos comienzan a discutir sus posicionamientos y perspectivas de cara a los próximos desafíos electorales en la provincia.
Sin embargo, Díaz evitó centrar su análisis en las encuestas y sostuvo que las necesidades de la población deben ocupar el primer lugar en la agenda política.
En el tramo final de la entrevista, el funcionario volvió a cuestionar la política económica nacional a partir de los reclamos de los vecinos por el aumento de las tarifas, la pérdida del empleo y las dificultades para llegar a fin de mes.
Consultado sobre las preocupaciones vinculadas con el precio del gas y la evolución de los ingresos, Díaz insistió en que los indicadores generales no siempre reflejan adecuadamente lo que sucede en la economía cotidiana.
Volvió a mencionar el peso de los servicios públicos y consideró que los aumentos de los gastos básicos afectan especialmente a los hogares que tienen menos margen para reorganizar sus presupuestos.
En ese contexto, cuestionó el rumbo económico impulsado por Milei y sostuvo que el deterioro de las condiciones de vida debe ser un elemento central para evaluar las decisiones políticas.
El funcionario también se refirió a las encuestas que muestran preferencias electorales y aseguró que no basa su análisis en esos resultados.
“Yo no miro encuestas, Rulo”, afirmó.
Para Díaz, la realidad debe analizarse a partir de las necesidades concretas de los vecinos y de la capacidad de los gobiernos para dar respuestas.
En ese sentido, enumeró las principales demandas sociales: empleo, alimentación, educación, salud, seguridad y Justicia.
Consideró que esas áreas constituyen las responsabilidades fundamentales de un Estado que pretende ser eficiente y que busca generar condiciones para que las familias puedan progresar.
Al cerrar la entrevista, Díaz insistió en que el trabajo debe ser el punto de partida de cualquier estrategia destinada a mejorar las condiciones de vida de la población.
El funcionario sostuvo que contar con un empleo permite a las familias afrontar sus gastos, llevar alimentos a sus hogares y ofrecer a sus hijos la posibilidad de estudiar y formarse profesionalmente.
También destacó la necesidad de garantizar una atención sanitaria adecuada, un sistema de seguridad que brinde respuestas y una Justicia accesible para la ciudadanía.
Para el secretario de Gobierno, las políticas públicas deben evaluarse a partir de su capacidad para responder a esas necesidades, especialmente en un contexto económico que obliga a los municipios a reforzar sus mecanismos de asistencia.
La entrevista dejó expuesta una fuerte crítica al rumbo del Gobierno nacional y una defensa del papel que desempeña el Municipio de Río Grande frente al aumento de la demanda social.
Díaz planteó que el Estado local debe continuar sosteniendo los servicios esenciales, las políticas sanitarias y la obra pública, aun cuando parte del financiamiento nacional previsto para determinados proyectos haya sido interrumpido.
Al mismo tiempo, ratificó la intención de Provincia Grande de ampliar su presencia política en Tierra del Fuego y de presentar su experiencia de gestión como base para una propuesta de alcance provincial.
“Si logra dar trabajo, generar empleo, dar seguridad, justicia, educación, salud, me parece que por ahí va la cosa”, concluyó.
De esta manera, el secretario de Gobierno dejó planteada su posición frente a la crisis económica y social: defender la presencia del Estado, sostener las políticas públicas que atienden las necesidades de la población y construir una alternativa política que, según afirmó, tenga como prioridad el empleo, los servicios y la calidad de vida de los fueguinos.