“Es un mazazo a todos los bolsillos”: Lapadula cuestionó el impuesto al gas

El legislador provincial Matías Lapadula, del bloque Provincia Grande, analizó el proyecto de financiamiento educativo que se debate en la Legislatura de Tierra del Fuego y planteó fuertes objeciones al esquema tributario propuesto por el Ejecutivo. En diálogo con FM Del Pueblo, sostuvo que la iniciativa requiere un análisis más profundo, cuestionó el trámite de urgencia y advirtió que las medidas previstas podrían incrementar los costos que afrontan los vecinos, los comercios y los sectores productivos de la provincia.

La discusión se desarrolló luego de una reunión con funcionarios de los ministerios de Economía y Educación, en la que los legisladores recibieron documentación y respuestas a las consultas formuladas por los distintos bloques. Según explicó Lapadula, el encuentro permitió aclarar algunos puntos, aunque consideró que todavía quedan aspectos importantes por revisar antes de avanzar con una definición.

“Es un debate y un proyecto de ley que requiere mucho tiempo de trabajo y análisis. El análisis tiene que ser responsable”, manifestó.

El parlamentario señaló que la intención es continuar con las reuniones de comisión y avanzar en la elaboración de una propuesta que reúna los consensos necesarios. Sin embargo, insistió en que el objetivo debe ser encontrar mecanismos de financiamiento que permitan atender las necesidades de la educación pública sin trasladar la carga económica a los hogares fueguinos.

En ese sentido, remarcó que el financiamiento educativo no puede analizarse de manera aislada y consideró que también es necesario fortalecer el sistema de salud, al entender que ambos servicios esenciales atraviesan dificultades.

 

El impuesto al gas, en el centro de las críticas

 

Uno de los principales cuestionamientos de Lapadula estuvo dirigido al mecanismo de financiamiento que contempla la aplicación de un impuesto relacionado con la distribución de gas. Para el legislador, más allá de cómo se presente formalmente la iniciativa, existe el riesgo de que el costo termine siendo trasladado a los usuarios mediante las facturas.

“Claramente, como está propuesto, la verdad que es un mazazo a todos los bolsillos”, sostuvo, al advertir que la medida tendría consecuencias directas sobre la economía cotidiana de las familias.

Durante la entrevista, el legislador explicó que, a su entender, el régimen jurídico establecido durante las privatizaciones de los servicios públicos en la década de 1990 condiciona la posibilidad de aplicar nuevos tributos a las empresas concesionarias sin que estos terminen repercutiendo en las tarifas.

Como ejemplo, mencionó el tratamiento de determinados impuestos que aparecen incorporados en las facturas de los servicios públicos y señaló que ese esquema constituye un antecedente que debe ser considerado al momento de debatir nuevas herramientas de recaudación.

Lapadula advirtió que, si se establece un nuevo gravamen bajo las condiciones actuales, los usuarios podrían terminar pagando el costo adicional. Por eso, cuestionó la posibilidad de presentar el impuesto como una carga exclusiva para las empresas distribuidoras.

“Hay que decir las cosas como son”, expresó, al insistir en que el debate debe contemplar el impacto efectivo de la medida sobre los consumidores.

El legislador también puso en duda la conveniencia de crear un tributo que, según sus estimaciones, permitiría recaudar alrededor de 2.500 millones de pesos anuales, un monto que consideró insuficiente frente a las necesidades de financiamiento del sistema educativo.

“¿Qué sentido tiene meterle la mano en el bolsillo a la gente si no soluciona nada?”, planteó.

Para Lapadula, la discusión no debe limitarse a la creación de nuevos impuestos, sino que debe contemplar la magnitud de los recursos necesarios, las posibilidades reales de recaudación y el impacto que las medidas tendrán sobre una economía provincial atravesada por dificultades en el empleo, el consumo y la actividad comercial.

 

Rechazo a los cambios impositivos del Presupuesto

 

Otro de los puntos abordados fue la modificación de la estructura tributaria prevista en el proyecto de Presupuesto provincial. Lapadula manifestó su rechazo a los aumentos impositivos que se encuentran en discusión y sostuvo que una medida de esa naturaleza podría agravar la situación económica de Tierra del Fuego.

“Eso sí es un impuestazo tremendo y castiga no solo a todos los vecinos, sino también al comercio y a la economía en general”, afirmó.

El legislador aseguró que no acompañará modificaciones tributarias que, desde su perspectiva, incrementen la presión sobre quienes producen, trabajan y consumen en la provincia. Además, consideró que el contexto económico actual no resulta adecuado para avanzar con una suba generalizada de impuestos.

En esa línea, remarcó que la provincia debe evaluar alternativas que permitan sostener los servicios públicos sin comprometer todavía más la actividad económica.

Lapadula también se refirió a la posibilidad de incorporar al financiamiento educativo recursos provenientes de futuros aumentos tributarios contemplados en el esquema presupuestario. Al respecto, señaló que será necesario analizar en detalle la propuesta y sus consecuencias antes de adoptar una posición definitiva sobre cada uno de sus componentes.

 

El Banco Tierra del Fuego y la búsqueda de recursos

 

Durante la entrevista, el legislador también cuestionó el tratamiento previsto para el Banco de Tierra del Fuego dentro del esquema de financiamiento.

Si bien reconoció que la entidad se encuentra exceptuada del pago de Ingresos Brutos, recordó que se trata de un banco de propiedad provincial y destacó el papel que cumple para numerosas familias fueguinas que recurren a sus servicios financieros.

En ese marco, consideró que debe analizarse la relación entre las utilidades de la entidad, las posibilidades de destinarlas al financiamiento de servicios esenciales y la eventual aplicación de nuevos gravámenes.

Lapadula sostuvo que las utilidades del banco podrían contribuir al fondo en la medida en que lo permitan su carta orgánica y las normas del Banco Central. Sin embargo, cuestionó que, al mismo tiempo, se plantee una carga tributaria adicional sin que esté claro cuál será su beneficio efectivo para la educación.

“Para mí no tiene sentido”, expresó, al poner en duda la conveniencia de un esquema que, según su interpretación, podría generar nuevos costos sin garantizar recursos suficientes para resolver los problemas estructurales.

 

“Hay que identificar claramente el gasto”

 

El parlamentario también fue consultado sobre el crecimiento de la estructura estatal y la posibilidad de revisar las contrataciones y los gastos del Gobierno provincial.

Al respecto, consideró que cualquier discusión sobre la necesidad de obtener nuevos recursos debe estar acompañada por un análisis detallado del gasto público. En particular, reclamó una revisión de la planta política y cuestionó el tamaño de la estructura de funcionarios.

“Yo vengo reclamando hace muchísimo que se haga un ajuste en lo que es la planta política. Una planta política que es enorme”, afirmó.

Lapadula sostuvo que el Gobierno provincial debe mostrar voluntad de revisar sus propias erogaciones antes de avanzar con medidas que impacten sobre los ingresos de la población.

En relación con el sistema educativo, mencionó datos que se encuentran bajo análisis y aseguró que, desde el inicio de la gestión del gobernador Gustavo Melella, la planta docente aumentó más del 30%. También señaló que ese crecimiento debe estudiarse en relación con la evolución de la matrícula escolar, que describió como descendente por el cambio demográfico y la caída de la natalidad.

El legislador aclaró que su planteo no se limita a la cantidad de trabajadores, sino que apunta a revisar la organización del Estado, la distribución de los recursos y las prioridades presupuestarias.

A su vez, cuestionó la administración de los fondos provinciales y consideró que existen problemas de gestión que deben abordarse para mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.

 

Responsabilizó al Gobierno nacional por el deterioro educativo

 

Aunque reclamó revisar el gasto de la Provincia, Lapadula también responsabilizó al Gobierno nacional por las dificultades que atraviesa la educación pública en todo el país.

El legislador sostuvo que la eliminación o reducción de programas nacionales obligó a las provincias y los municipios a asumir gastos que anteriormente contaban con financiamiento del Estado nacional.

Entre las políticas mencionadas, enumeró los programas vinculados con la infraestructura escolar, Conectar Igualdad, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el financiamiento del boleto estudiantil.

Según planteó, la interrupción de esas herramientas generó mayores exigencias presupuestarias para los gobiernos subnacionales, que deben responder a las necesidades de las comunidades con recursos limitados.

“En gran medida, el Gobierno nacional es responsable de lo que está pasando en la educación pública, no solamente en Tierra del Fuego, sino en todo el país”, manifestó.

No obstante, reconoció que las dificultades de gestión y administración de los recursos provinciales son anteriores y que la situación actual profundiza problemas que ya existían.

De esta manera, el legislador planteó una doble responsabilidad: por un lado, la necesidad de que la Nación recupere políticas de acompañamiento a la educación pública y, por otro, la obligación del Gobierno provincial de revisar sus prioridades y mejorar la utilización de los recursos disponibles.

 

Las tensiones entre Argentina y Chile: “Nos quieren meter en un conflicto que no tenemos”

 

En el tramo final de la entrevista, Lapadula se refirió a las recientes manifestaciones y discusiones en redes sociales vinculadas con Chile, el estrecho de Magallanes y la cuestión Malvinas.

El legislador expresó preocupación por los mensajes que promueven posiciones confrontativas entre ambos países y consideró que existe una escalada de discursos que puede alimentar un conflicto innecesario.

“Creo que estas manifestaciones son armadas, nos quieren meter en un conflicto que no tenemos, ni Chile ni Argentina”, afirmó.

En ese sentido, pidió bajar el tono de las declaraciones y evitar que las discusiones digitales se conviertan en una fuente de enfrentamiento entre pueblos que mantienen vínculos históricos, familiares, culturales y sociales, especialmente en la Patagonia.

Lapadula destacó la importancia de las expresiones del intendente de Río Grande, Martín Pérez, en defensa de los lazos de amistad y hermandad entre argentinos y chilenos. Consideró que ese debe ser el mensaje central frente a los discursos que buscan instalar una confrontación entre los dos países.

Al mismo tiempo, sostuvo que la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas debe mantenerse como una causa irrenunciable, sin que eso implique construir enemistades con los países vecinos.

“Nosotros tenemos un solo enemigo y ese enemigo se llama Gran Bretaña. Es quien ocupa ilegalmente nuestro territorio y nuestro mar”, manifestó.

El legislador consideró que es necesario diferenciar el legítimo reclamo argentino por Malvinas de los intentos de alimentar disputas con Chile por cuestiones que, según expresó, no deberían derivar en un enfrentamiento entre ambas sociedades.

 

Críticas al gasto militar y al negocio de las armas

 

Lapadula vinculó el clima de tensión regional con el aumento del gasto militar y la compra de equipamiento bélico por parte de los gobiernos de Argentina y Chile.

En su análisis, cuestionó que se destinen importantes sumas de dinero a la adquisición de armamento mientras persisten dificultades para financiar la educación, la salud y otros servicios esenciales.

“Mientras nosotros estamos peleándonos, ellos hacen grandes negocios”, sostuvo, al advertir que una escalada armamentística puede beneficiar a empresas que comercializan armas, sin representar necesariamente una mejora para las condiciones de vida de la población.

El parlamentario también cuestionó algunas adquisiciones de equipamiento militar realizadas por el Gobierno argentino y planteó que los recursos públicos deberían orientarse a resolver las necesidades sociales antes que a alimentar escenarios de conflicto que considera inexistentes.

Además, señaló que tanto Argentina como Chile enfrentan problemáticas vinculadas con la venta de tierras patagónicas a capitales extranjeros, un asunto que, a su entender, debería recibir mayor atención política en lugar de promover enfrentamientos entre países vecinos.

Para cerrar, Lapadula insistió en la necesidad de preservar los vínculos entre ambos pueblos, defender la soberanía argentina y evitar que los discursos extremistas desplacen las prioridades económicas y sociales.

Su planteo dejó dos ejes centrales: en el ámbito provincial, la búsqueda de un financiamiento educativo que no recaiga sobre los bolsillos de los fueguinos y que esté acompañado por una revisión del gasto público; en el plano regional, la defensa de la causa Malvinas sin alimentar conflictos con Chile y sin destinar recursos a una carrera armamentística que, según advirtió, beneficia a intereses económicos ajenos a las necesidades de la población.