Gran Bretaña activa una ley de bloqueo para proteger a las petroleras en Malvinas y neutralizar las sanciones argentinas

La presentación de la República Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para frenar el proyecto hidrocarburífero Sea Lion detonó una contraofensiva jurídica directa por parte del gobierno británico. Pocas horas después de que la Cancillería argentina radicara en Hamburgo el pedido de medidas provisionales de no innovar, Downing Street anunció la aplicación de la Ley de Protección de Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests Act - PTI) con el propósito expreso de blindar a corporaciones, armadores y directivos frente al cerco judicial y económico impulsado desde Buenos Aires.

El dispositivo normativo, que Londres tramitará de urgencia como legislación secundaria para que entre en vigencia antes de fin de año, opera en los hechos como una típica "ley de bloqueo" (blocking statute): desconoce la extraterritorialidad de las leyes argentinas e impone penalidades dentro del Reino Unido a cualquier sujeto o compañía que acate las intimaciones de las autoridades nacionales o desista de operar en Malvinas por temor a sanciones.

Los tres candados del escudo legal británico

El secretario de Estado de Empresa y Comercio británico, Jonathan Reynolds, y el canciller Ed Miliband confirmaron la entrada en vigor de las salvaguardas legales, cuyos ejes operativos apuntan a contener la fuga de contratistas que comenzó a erosionar la viabilidad de la iniciativa:

1.     Prohibición estricta de cumplimiento: La normativa veta de manera expresa que cualquier compañía o ciudadano bajo órbita jurídica del Reino Unido cumpla con las órdenes, sanciones o requerimientos derivados de la legislación de hidrocarburos argentina (Ley 26.659 y modificatorias).

2.     Inoponibilidad de embargos y fallos extranjeros: Impide a los tribunales británicos reconocer o ejecutar sentencias, medidas cautelares o resoluciones de embargo provenientes de juzgados argentinos —como la cautelar de no innovar radicada en el Juzgado Federal de Río Grande o los exhortos de Comodoro Py—.

3.     Cláusula de repetición o "clawback": Habilita a las petroleras afectadas a demandar ante los tribunales de Londres a contrapartes o Estados extranjeros para recuperar cualquier daño económico, costo financiero o activo perdido como consecuencia de las medidas soberanas de Buenos Aires.