por Redacción Del Pueblo
El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis “Gigi” Iglesias, analizó en diálogo con FM Del Pueblo los principales puntos abordados durante la reunión legislativa, en la que funcionarios provinciales expusieron información sobre la recaudación y el destino de los recursos previstos para atender el reclamo salarial de los trabajadores de la educación.
Iglesias explicó que la Cámara participó como invitada para escuchar las exposiciones y conocer los argumentos de los distintos sectores. En ese sentido, señaló que el encuentro permitió revisar las cifras de las finanzas públicas, los requerimientos de los legisladores y las posiciones de los representantes gremiales docentes.
El dirigente comercial sostuvo que los reclamos salariales de los trabajadores de la educación son legítimos, pero advirtió que la discusión debe contemplar la realidad económica de todos los sectores. “Se trata de dinero”, resumió, al describir las diferencias entre las necesidades de los docentes y las posibilidades que plantea el Gobierno provincial para afrontar una recomposición salarial.
“Los reclamos de cada sector son válidos en cuanto a decir que no nos alcanza”, expresó, al tiempo que consideró que la discusión debe desarrollarse con información concreta y sin debates innecesarios.
Durante la entrevista, Iglesias se refirió a los proyectos legislativos que se encontraban en discusión y explicó que la Cámara de Comercio veía con mejores perspectivas la propuesta identificada como asunto 883, vinculada a la reasignación de recursos estatales y a la creación de mecanismos de seguimiento.
Según detalló, la iniciativa contempla herramientas para observar la utilización de los fondos públicos y establecer criterios para el destino de los recursos, además de incorporar mecanismos de control y seguimiento.
En cambio, señaló que las otras propuestas analizadas no le resultaban sostenibles, tanto por su instrumentación como por la forma en que se pretendía asignar los recursos.
El titular de la Cámara aclaró que la entidad decidió no intervenir durante la reunión porque consideró que el eje del encuentro estaba puesto en la discusión salarial docente y en las herramientas para financiar esa recomposición.
Sin embargo, remarcó que el debate sobre los recursos públicos también debe incorporar la situación de las empresas y los comerciantes, que enfrentan dificultades para sostener sus compromisos económicos.
Uno de los puntos más preocupantes señalados por Iglesias fue la caída de la actividad comercial en Río Grande. Según explicó, los datos analizados sobre los ingresos vinculados al sector privado muestran una reducción significativa, que se refleja directamente en las ventas y en la capacidad de los negocios para afrontar sus obligaciones.
“Nosotros vendimos un 30% menos comparado con el año anterior”, afirmó.
El dirigente explicó que la caída de los ingresos no afecta únicamente a los comerciantes, sino también a su capacidad para cumplir con el pago de salarios, proveedores e impuestos.
En ese contexto, advirtió que el sector atraviesa una situación cada vez más comprometida y que muchos establecimientos tienen dificultades para sostener su funcionamiento cotidiano.
“Hoy Río Grande está en una situación muy comprometida en cuanto a los compromisos que tenemos que asumir ante nuestros proveedores y ante nuestros empleados, y ante el ARCA y ante la AREF”, sostuvo.
Iglesias consideró que, así como el Estado debe adecuar sus gastos y obligaciones a los recursos disponibles, los comerciantes también deben encontrar la manera de mantener sus negocios en funcionamiento en un escenario de menores ventas y mayores exigencias.
En ese sentido, planteó que las decisiones económicas deben contemplar la capacidad real de pago de cada sector, sin perder de vista la necesidad de preservar los puestos de trabajo.
Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la competencia que enfrentan los comercios locales frente a las plataformas de venta digital y los vendedores que operan desde otras jurisdicciones.
Iglesias cuestionó las diferencias que, según señaló, existen entre las obligaciones que debe afrontar un comercio radicado en Tierra del Fuego y las condiciones bajo las cuales venden algunos operadores externos.
Como ejemplo, mencionó los porcentajes que se aplican a determinadas operaciones comerciales y sostuvo que los negocios locales enfrentan una carga mayor.
“Sacame el 3% a mí, no me pongas en desventaja contra una persona que vende de otro lado para el comercio local”, reclamó.
Para el dirigente, las condiciones tributarias y comerciales deben revisarse para evitar que los establecimientos de Río Grande queden en una posición desfavorable frente a quienes comercializan productos mediante plataformas digitales.
Iglesias remarcó que el comercio local tiene costos de funcionamiento, salarios, alquileres, impuestos y otras obligaciones que debe afrontar independientemente del nivel de ventas.
Por eso, consideró necesario que los legisladores analicen alternativas que permitan equilibrar las condiciones de competencia y evitar que las diferencias tributarias profundicen la crisis de los negocios establecidos en la ciudad.
En el marco del debate sobre la utilización de recursos para atender la emergencia salarial docente, Iglesias planteó una propuesta concreta para aliviar temporalmente las obligaciones del comercio.
El titular de la Cámara solicitó que se evalúe la suspensión, durante un año, del aporte del 1,5% que, según explicó, el sector destina al financiamiento de obras sociales y al mantenimiento de edificios.
El dirigente sostuvo que, si se analiza una reasignación de recursos para atender las necesidades de otros sectores, también debería considerarse la posibilidad de reducir temporalmente las cargas que pesan sobre los comerciantes.
“Nos parece que deberíamos solicitar que por un año también se nos suspenda este punto y medio que estamos dando para ayudar en el crecimiento de nuestro sector”, manifestó.
Iglesias aclaró que el planteo no busca desconocer las necesidades salariales de los docentes, sino incorporar al análisis la situación de quienes deben sostener la actividad económica y garantizar los puestos de trabajo.
En esa línea, insistió en que las medidas excepcionales no deberían concentrarse exclusivamente en un sector, sino contemplar las dificultades que atraviesan los distintos actores de la economía provincial.
“Si estamos en la emergencia, estamos en la emergencia todos”, enfatizó.
Iglesias también se refirió a las dificultades financieras que enfrentan los comerciantes y a la necesidad de generar herramientas que permitan regularizar deudas y recuperar el acceso al sistema bancario.
En ese sentido, mencionó la posibilidad de implementar un nuevo plan de pagos con mejores condiciones y plazos más extensos, que permita a los contribuyentes ordenar sus compromisos y recuperar gradualmente su situación crediticia.
Según explicó, las deudas, los embargos y los reclamos acumulados representan un obstáculo adicional para quienes intentan mantener sus negocios en funcionamiento.
El dirigente consideró que una alternativa de este tipo podría contribuir a que más comerciantes regularicen sus obligaciones y recuperen posibilidades de financiamiento.
Al mismo tiempo, señaló que las soluciones deben contemplar las dificultades económicas concretas que atraviesan las empresas, especialmente en un contexto de caída de las ventas y reducción de los ingresos.
Para Iglesias, exigir el cumplimiento de todas las obligaciones sin contemplar la capacidad económica de los contribuyentes puede profundizar los problemas financieros de quienes ya se encuentran al límite.
El presidente de la Cámara de Comercio describió un escenario de fuerte preocupación entre los comerciantes, atravesados por la incertidumbre sobre cómo afrontar los compromisos cotidianos.
En su exposición, hizo referencia al desgaste que genera la necesidad permanente de reunir los recursos para pagar salarios, proveedores e impuestos, y advirtió sobre el impacto que esa presión tiene en quienes conducen los negocios.
“Estamos llegando al límite”, expresó, al describir las dificultades que enfrenta el sector.
Iglesias remarcó que la prioridad de los comerciantes es preservar las fuentes laborales y cumplir con sus obligaciones, pero sostuvo que esa tarea se vuelve cada vez más difícil cuando los ingresos disminuyen y los costos continúan presionando sobre la actividad.
En ese escenario, consideró que la discusión pública debe abandonar las confrontaciones entre sectores y concentrarse en la búsqueda de alternativas que permitan atravesar la crisis.
Iglesias reconoció que los docentes necesitan una mejora salarial, pero advirtió que el comercio también enfrenta una situación delicada y necesita medidas que le permitan continuar funcionando.
El dirigente planteó así una tensión entre las demandas de recomposición de los ingresos de los trabajadores y las dificultades de los empleadores para afrontar mayores costos en un contexto de retracción económica.
Desde su perspectiva, el desafío consiste en encontrar mecanismos que permitan atender las necesidades salariales sin profundizar los problemas de los sectores productivos y comerciales.
En ese sentido, sostuvo que las soluciones deben construirse a partir de un análisis integral de los recursos disponibles, las obligaciones del Estado y las posibilidades concretas de los distintos sectores económicos.
También destacó como positivo el clima de la reunión legislativa y la disposición de los representantes políticos a escuchar distintas posiciones y discutir propuestas.
“Los legisladores están poniéndose en la exigencia de hacer un tema de concertación, por lo menos en el tratamiento del tema, y discutir ideas y proyectos”, valoró.
Finalmente, Iglesias manifestó la disposición de la Cámara de Comercio de Río Grande para recibir a representantes gremiales, funcionarios y otros sectores interesados en aportar alternativas.
El dirigente consideró que el contexto económico exige mayor diálogo y responsabilidad, especialmente cuando están en juego los ingresos de los trabajadores, la continuidad de las empresas y la recaudación del Estado.
Además, advirtió que los problemas económicos no afectan exclusivamente a Tierra del Fuego, sino que forman parte de un escenario más amplio, marcado por las dificultades para sostener los ingresos, la presión tributaria y la reducción de la actividad.
Para el titular de la Cámara, el objetivo debe ser alcanzar acuerdos que contemplen las necesidades de cada sector y permitan distribuir los esfuerzos de manera razonable.
La propuesta de suspender temporalmente el aporte del 1,5%, el reclamo por condiciones más equitativas frente a las plataformas digitales y la posibilidad de implementar nuevos planes de pago forman parte de las alternativas que el sector comercial busca instalar en la discusión pública.
Con una caída de ventas del 30% interanual, Iglesias advirtió que el comercio de Río Grande necesita medidas concretas para sostener su actividad. Su planteo apunta a que la emergencia económica y financiera sea abordada de manera integral, con herramientas que permitan atender las demandas salariales, aliviar las obligaciones de las empresas y preservar las fuentes de trabajo.