Araujo quiere investigar la intervención del puerto de Ushuaia y apunta a la falta de respuestas del gobierno nacional

El diputado nacional por Tierra del Fuego, Jorge Neri Araujo Hernández, presentó el proyecto de resolución 5527-D-2026, mediante el cual propone crear una Comisión Especial Investigadora para analizar la intervención del Puerto de Ushuaia, dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) a través de la Resolución 4/2026, firmada por su director ejecutivo, Iñaki Miguel Arreseygor.

La iniciativa busca que el Congreso de la Nación avance en una investigación integral sobre una medida que involucra a una infraestructura estratégica para Tierra del Fuego y para los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

El proyecto apunta a esclarecer los fundamentos que llevaron a la intervención, reconstruir los procedimientos administrativos que se aplicaron y determinar si las decisiones adoptadas se ajustaron al marco normativo vigente. Además, pretende evaluar las consecuencias de la medida sobre el funcionamiento del puerto, el empleo, la actividad económica y las competencias de las autoridades provinciales y municipales.

La propuesta establece la conformación de una comisión integrada por 15 diputados nacionales, procurando garantizar la representación proporcional de los distintos bloques parlamentarios. Entre sus funciones estará examinar los antecedentes administrativos, los informes técnicos y jurídicos y las decisiones que derivaron en la intervención. También deberá analizar la compatibilidad de la medida con el régimen portuario vigente y con las atribuciones que corresponden a los distintos niveles del Estado.

Para desarrollar su tarea, la comisión podrá requerir documentación e informes, convocar a funcionarios nacionales, provinciales y municipales, recibir testimonios y solicitar la colaboración de organismos de control y especialistas. Una vez constituida, tendrá un plazo de 90 días corridos para presentar un informe final ante la Cámara de Diputados, con la posibilidad de una única prórroga de 60 días.

Uno de los principales argumentos de Araujo Hernández es que los pedidos de información presentados anteriormente no habían recibido respuesta del Poder Ejecutivo Nacional, según consta en los fundamentos del proyecto. Entre los antecedentes figuran los expedientes 7187-D-2025 y 0103-D-2026, vinculados con la convocatoria a reuniones informativas públicas en la Comisión de Transportes.

A estas iniciativas se suman los expedientes 7144-D-2025, 0626-D-2026, 0870-D-2026, 0950-D-2026 y 0951-D-2026, mediante los cuales se solicitaron explicaciones sobre la intervención, sus implicancias y la actuación de las autoridades nacionales. Uno de los planteos también buscó obtener precisiones sobre una posible vinculación entre la medida y la incorporación de la Argentina a la denominada Junta de Paz, conocida internacionalmente como Peace Board.

Frente a la falta de respuestas oficiales, el legislador propone pasar de los requerimientos de información a una investigación que permita reunir, ordenar y contrastar documentación para determinar cómo se tomó la decisión y cuáles fueron sus consecuencias.

El proyecto contempla, además, investigar la gestión económica y financiera del puerto durante la intervención, incluyendo los recursos administrados, las contrataciones, las inversiones y las condiciones laborales. También se busca conocer el impacto sobre los trabajadores portuarios, la continuidad de los servicios y los operadores económicos vinculados con la actividad de la terminal.

La comisión podrá convocar a sindicatos, trabajadores, autoridades y especialistas para incorporar distintas perspectivas y obtener información verificable sobre el funcionamiento del puerto durante este período.

Otro de los aspectos centrales será la importancia estratégica del Puerto de Ushuaia para el abastecimiento de bases científicas, las operaciones de apoyo logístico a la Antártida y la recepción de expediciones y cruceros internacionales. En ese sentido, se propone evaluar si la intervención tuvo consecuencias sobre estas actividades y sobre la proyección argentina en el Atlántico Sur.

En los fundamentos se aclara que la iniciativa no presupone la existencia de irregularidades ni anticipa responsabilidades individuales. Su finalidad es esclarecer los hechos, determinar si las decisiones se ajustaron a las normas aplicables e identificar eventuales deficiencias administrativas o responsabilidades políticas sobre la base de documentación y pruebas comprobables.

Con la presentación del proyecto 5527-D-2026, Araujo Hernández busca que la Cámara de Diputados asuma un papel activo en el control parlamentario de la intervención del Puerto de Ushuaia, en medio de las controversias sobre la administración de una infraestructura clave para la economía fueguina, el empleo portuario y la logística antártica.

El avance de la iniciativa dependerá ahora de su tratamiento legislativo y de la decisión de la Cámara de Diputados sobre la creación de la comisión investigadora.