por Redacción Del Pueblo
El presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Río Grande, Ricardo Prinos, advirtió sobre la existencia de inmobiliarias que no cumplen con los requisitos legales para desarrollar la actividad en la ciudad y alertó a la comunidad sobre el riesgo de posibles estafas vinculadas con alquileres, administraciones y operaciones de compraventa de propiedades.
En diálogo con FM Del Pueblo, el titular de la entidad explicó que la Ley Provincial 762 regula el ejercicio de la actividad de martilleros y corredores públicos en Tierra del Fuego y establece que las inmobiliarias deben contar con un profesional matriculado que sea responsable de las operaciones.
“Toda inmobiliaria tiene que tener al frente un martillero que sea responsable de todas las actividades de la misma”, sostuvo Prinos, quien remarcó que para ejercer la profesión es necesario contar con el título correspondiente y la matrícula vigente.
El dirigente señaló que, desde la conformación del Colegio hace aproximadamente cuatro años, vienen realizando distintas gestiones para regularizar el funcionamiento del sector. Según explicó, algunas inmobiliarias completaron los estudios y trámites requeridos, obtuvieron su matrícula y actualmente trabajan dentro del marco normativo, mientras que otras todavía presentan irregularidades.
“Tenemos otras inmobiliarias que no lo están y que estamos trabajando sobre ellas, las cuales se van a tener que poner al día como corresponde”, afirmó.
Uno de los principales puntos de preocupación planteados por Prinos es el crecimiento de las publicaciones de viviendas en venta o alquiler a través de redes sociales, especialmente Facebook, realizadas por personas que no cuentan con formación ni habilitación profesional.
El presidente del Colegio advirtió que estas situaciones pueden exponer a los vecinos a perjuicios económicos, particularmente cuando se entregan señas, se pagan comisiones o se transfieren sumas de dinero sin verificar quién está detrás de la operación.
“Hay mucha gente que publica ese tipo de cosas. Son personas que no tienen ningún tipo de conocimiento y, al azar, toman una casa y suben una venta”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que se registran situaciones en las que personas que no son martilleros ni corredores inmobiliarios cobran alquileres, administran propiedades y reciben dinero sin entregar recibos ni facturas.
“Terminan obviamente en una estafa”, advirtió.
Prinos también mencionó casos de personas que ofrecen viviendas inexistentes o prometen alquileres a cambio de adelantos de dinero. Recordó que este tipo de maniobras puede afectar tanto a vecinos de Río Grande como a quienes llegan desde otras localidades en busca de una vivienda.
Durante la entrevista, se mencionó además el caso de una persona que habría sufrido un perjuicio de aproximadamente seis millones de pesos en una operación con supuestos operadores inmobiliarios. Prinos remarcó la importancia de verificar la identidad y las condiciones de quienes intervienen antes de entregar dinero.
El titular del Colegio explicó que el trabajo inmobiliario requiere conocimientos legales y verificaciones que van mucho más allá de publicar una propiedad en internet.
Entre los controles que deben realizarse, mencionó la comprobación de la titularidad del inmueble, la existencia de autorizaciones o poderes cuando corresponda y la revisión de la situación registral de la propiedad.
También destacó la necesidad de verificar que la vivienda reúna condiciones mínimas de habitabilidad antes de ofrecerla en alquiler.
“No es un trabajo tan liviano vender una propiedad”, afirmó, y agregó que detrás de cada operación puede estar comprometido el capital de toda una vida de una familia.
En relación con los alquileres, señaló que también es necesario distinguir las responsabilidades del propietario y del inquilino respecto del mantenimiento y las reparaciones del inmueble.
Con el objetivo de brindar mayor seguridad a la comunidad, Prinos adelantó que el Colegio trabaja en la implementación de un logotipo o calcomanía identificatoria que se colocará en las inmobiliarias que tengan su situación regularizada.
El distintivo incluirá el respaldo de la institución, el número de matrícula del profesional responsable y un código QR que permitirá acceder a información y realizar denuncias ante el Colegio en caso de detectar irregularidades.
La iniciativa busca que cualquier persona que ingrese a una inmobiliaria pueda comprobar si el establecimiento cuenta con un profesional matriculado y se encuentra en condiciones de ejercer la actividad.
“La finalidad va a ser que cada uno que quiera hacer una operación inmobiliaria ingrese a una inmobiliaria y se encuentre con ese logo”, explicó.
Además, Prinos indicó que están trabajando para fortalecer los mecanismos de control y evaluar alternativas de articulación con el Municipio de Río Grande, dado que el Colegio no cuenta con poder de policía para clausurar establecimientos.
Según explicó, una de las posibilidades es impulsar una normativa municipal que contemple la verificación de los requisitos profesionales al momento de habilitar una inmobiliaria.
Prinos señaló que los vecinos que detecten situaciones irregulares pueden realizar una presentación ante el Colegio o recurrir a Defensa del Consumidor, según las características del caso.
Aclaró que la entidad necesita recibir denuncias concretas para analizar las situaciones que se encuentran dentro de su competencia y que, cuando existen posibles estafas o perjuicios económicos, corresponde que las personas damnificadas acudan a la Justicia.
En relación con una denuncia pública contra una inmobiliaria en particular, el dirigente explicó que el Colegio no había recibido una presentación formal y que la firma mencionada no contaría con la matrícula vigente exigida por la institución.
Según detalló, algunas matrículas anteriores, otorgadas antes de la creación del Colegio, debieron ser actualizadas mediante la presentación de documentación y la realización de la correspondiente jura profesional.
Por ese motivo, insistió en la importancia de no confundir una matrícula anterior con una habilitación vigente y de verificar la situación profesional antes de contratar un servicio.
Durante la entrevista también se aclaró que los propietarios pueden ofrecer directamente sus viviendas en alquiler, sin necesidad de contratar una inmobiliaria. Sin embargo, cuando una persona desarrolla profesionalmente actividades de intermediación inmobiliaria, debe cumplir con los requisitos legales correspondientes.
En ese marco, Prinos sostuvo que la regularización del sector también permitirá fortalecer la actividad profesional, mejorar las condiciones de comercialización y brindar mayor previsibilidad a propietarios e inquilinos.
Finalmente, el titular del Colegio reiteró que el objetivo central es proteger a la comunidad frente a operaciones que pueden comprometer importantes sumas de dinero y recomendó verificar la matrícula del profesional, solicitar documentación respaldatoria y evitar entregar señas o adelantos sin comprobar previamente la legitimidad de la operación.