Garcia “Las marchas universitarias han condicionado políticamente al Gobierno”

El vicerrector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), Juan Ignacio García, defendió la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria, que tendrá lugar este jueves 15 de octubre en Río Grande y Ushuaia, y cuestionó al Gobierno nacional por no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

En diálogo con FM Del Pueblo, García sostuvo que la movilización busca defender el derecho de la sociedad argentina a acceder a una educación universitaria de calidad y remarcó que la normativa vigente representa una decisión institucional respaldada por el Congreso de la Nación.

“Estamos por hacer la quinta marcha para defender este derecho que tiene la sociedad argentina de tener una educación universitaria de calidad”, expresó el vicerrector, quien consideró que la educación pública constituye una de las políticas de Estado que lograron sostenerse a lo largo del tiempo y reunir el acompañamiento de distintos sectores sociales y políticos.

Sin embargo, cuestionó que el Gobierno nacional desconozca esas definiciones y no cumpla con las obligaciones establecidas por la ley. “Hoy nos vemos obligados a estar en la calle cuando lo que quisiéramos sería poder estar dando clases, poder estar investigando, que es para lo que nos formamos y lo que nos gusta hacer”, manifestó.

En ese sentido, señaló que la protesta no responde únicamente a una demanda sectorial, sino que involucra al conjunto de la sociedad, debido al papel que desempeñan las universidades en la formación de profesionales, la producción de conocimiento y la investigación de las problemáticas de cada territorio.

“La manifestación social es una herramienta válida”

Consultado sobre los cuestionamientos de funcionarios y representantes políticos a la movilización, García afirmó que las marchas universitarias demostraron capacidad para condicionar políticamente al Gobierno nacional.

El vicerrector recordó que, tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, el Congreso volvió a intervenir para ratificar la norma, en un escenario en el que distintos espacios políticos que habitualmente acompañan al oficialismo adoptaron posiciones diferentes.

“Las movilizaciones de la universidad, de las marchas universitarias, han servido para fortalecer ese reclamo, para fortalecer esta posición y han condicionado de una manera política”, sostuvo.

En esa línea, consideró que el Gobierno comprende el impacto que puede tener una movilización multitudinaria. “No digo que le tengan miedo, pero saben que es una expresión que los debilita políticamente y los condiciona”, señaló.

García también planteó que la protesta social se convirtió en una herramienta para reclamar el cumplimiento de las normas vigentes, ante lo que consideró una insuficiencia de los mecanismos institucionales para garantizar que el Poder Ejecutivo respete las decisiones legislativas y judiciales.

“En un orden democrático, el hecho de que una ley esté vigente debería ser suficiente para que un gobierno la cumpla y, sin embargo, eso no está pasando”, cuestionó.

Asimismo, mencionó que la situación llegó a un punto excepcional, al referirse a la decisión judicial que estableció la aplicación de una multa diaria por el incumplimiento de la ley. Para el vicerrector, ese escenario demuestra la gravedad del conflicto en torno al financiamiento universitario.

Reclamo por salarios y recursos para las universidades

Durante la entrevista, García insistió en que la comunidad universitaria reclama tanto una recomposición salarial como los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de las instituciones.

“Estamos reclamando nuevamente las recomposiciones salariales que no se dieron y el financiamiento para que pueda funcionar y mantenerse abierta la universidad, que tampoco está garantizado”, advirtió.

El representante de la UNTDF sostuvo que el financiamiento de la educación superior debe entenderse como una inversión estratégica para el desarrollo del país. Según explicó, cualquier modelo de crecimiento necesita profesionales capacitados, recursos humanos formados y generación de conocimiento científico.

“La universidad pública gratuita es una política de Estado en Argentina, muy valorada socialmente”, afirmó, al destacar que el acompañamiento a la movilización trasciende las diferencias partidarias.

En ese marco, valoró el respaldo expresado por gremios, organizaciones sociales, partidos políticos y distintos sectores de la comunidad. Indicó que ese acompañamiento se manifiesta tanto a través de mensajes como en la participación concreta en las marchas anteriores.

Para García, la educación universitaria constituye un punto de encuentro entre diferentes sectores políticos, incluso cuando existen diferencias respecto del modelo de desarrollo que necesita la Argentina.

Los horarios de la marcha en Río Grande y Ushuaia

El vicerrector también brindó detalles sobre la organización de la jornada de protesta en Tierra del Fuego.

En Río Grande, la convocatoria está prevista para las 17:30, con una movilización desde las universidades y distintos puntos de concentración hacia la Plaza de las Américas, donde se realizará el acto central.

En Ushuaia, la actividad comenzará a las 15:00, con una concentración en la Plaza Malvinas y una movilización hacia la sede universitaria.

La jornada forma parte de una nueva convocatoria nacional en defensa de la educación pública y del financiamiento de las universidades, en medio del conflicto entre las instituciones educativas y el Gobierno nacional.

Finalmente, García reiteró la importancia de la participación ciudadana y agradeció la difusión de la convocatoria. El objetivo, señaló, es que el Gobierno cumpla con lo establecido por la legislación vigente y garantice las condiciones necesarias para sostener el sistema universitario público.

La quinta Marcha Federal Universitaria buscará, una vez más, visibilizar el reclamo por salarios, presupuesto y funcionamiento institucional, con el respaldo de una comunidad universitaria que reclama respuestas concretas para garantizar la continuidad y la calidad de la educación superior.