En una soleada tarde de jueves, las comunidades educativas de las tres universidades con presencia en Río Grande protagonizaron una nueva jornada de movilización en defensa de la educación pública. La Quinta Marcha Federal Universitaria reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), cuyas columnas partieron desde sus respectivas sedes y confluyeron en la Plaza de las Américas para desarrollar el acto central.
La convocatoria se realizó en el marco de una jornada nacional de protesta contra las políticas presupuestarias del Gobierno de Javier Milei y tuvo como principal reclamo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Los participantes también exigieron una recomposición salarial, la actualización de las becas estudiantiles y mayores recursos para sostener las actividades académicas, científicas y de extensión.
La movilización contó con el acompañamiento de organizaciones sindicales, sociales y políticas, asociaciones civiles, centros de estudiantes y veteranos de guerra de Malvinas. Durante la jornada, los reclamos universitarios se vincularon con la defensa de la soberanía nacional, el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 y la preocupación por la situación económica y laboral que atraviesan distintos sectores de la sociedad.
Una de las columnas estuvo integrada por la comunidad de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, encabezada por su decano, el ingeniero Francisco Javier Álvarez, y su vicedecano, el ingeniero Demian Ferreyra. También participaron representantes de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT), encabezados por su presidente, el licenciado Fabio Seleme, y su vicepresidente, el profesor Hugo Schneider. Por el sector no docente estuvo presente Ana Milano.
La delegación de la UTN contó además con integrantes de distintas áreas académicas e institucionales, entre ellos el secretario de Ciencia y Tecnología, ingeniero Gustavo Tielens; la secretaria de Asuntos Estudiantiles, ingeniera Iara Galichini; y el secretario Académico, Martín Sebeca.
Durante la movilización, Fabio Seleme manifestó su indignación por la situación institucional y judicial relacionada con el cumplimiento de las disposiciones vinculadas al financiamiento universitario. El referente de FAGDUT cuestionó la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de suspender una multa relacionada con el incumplimiento de medidas judiciales y calificó el escenario como “un disparate institucional”.
El dirigente también apuntó contra las contradicciones que, a su entender, existen entre los discursos de algunos representantes políticos y las decisiones que se adoptan a nivel nacional. En ese sentido, cuestionó a quienes manifiestan su respaldo a la educación pública en Tierra del Fuego, pero no acompañan iniciativas destinadas a revertir las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.
“En el medio está la universidad destruida, desfinanciada, la industria destruida, con la apertura indiscriminada de importaciones, con una política de discapacidad absolutamente dañina para el colectivo que lo necesita”, sostuvo Seleme.
Asimismo, cuestionó la ausencia de legisladores en debates parlamentarios vinculados con el DNU 70/23 y reclamó mayor compromiso político para avanzar en su derogación. “Es lamentable que encima se escondan, que no den la cara, y que tengan este doble discurso de venir a apoyar a la universidad y no sentarse a derogar el decreto 70/23”, expresó.
Para el representante sindical, la universidad pública cuenta con un amplio respaldo social y constituye un patrimonio que debe ser defendido por toda la ciudadanía. En ese marco, destacó la importancia de mantener la movilización y fortalecer la organización de los distintos sectores que cuestionan las políticas nacionales.
Por su parte, Andrea Ozamiz, secretaria general de la Asociación Fueguina Universitaria de Docentes e Investigadores (AFUDI), destacó el acompañamiento de la comunidad fueguina tanto en Río Grande como en Ushuaia y remarcó que la convocatoria trascendió los reclamos específicos del sistema universitario.
“La verdad es que el pueblo fueguino en general, tanto en Río Grande como en Ushuaia, ha marchado junto a los universitarios y las universitarias, también junto a las organizaciones sociales y políticas”, señaló.
Ozamiz explicó que, además del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, los manifestantes reclamaron la derogación del DNU 70/23, al considerar que sus disposiciones afectan diferentes aspectos de la vida económica, social y política del país.
“La lucha es una sola, la lucha es por un modelo de país completamente diferente, donde la universidad tenga un rol central para el desarrollo nacional, la formación de sus futuras generaciones, un pueblo con justicia social, con soberanía política y con independencia económica”, afirmó.
La dirigente remarcó que las universidades públicas cumplen una función fundamental en la formación profesional, la producción de conocimiento y el desarrollo de las comunidades. Sin embargo, advirtió que la falta de recursos pone en riesgo la continuidad de investigaciones, proyectos de extensión y actividades de vinculación con la sociedad.
“No tenemos plata para garantizar el funcionamiento de la universidad el año que viene, actividades de investigación, de extensión, de vinculación”, sostuvo, al expresar su preocupación por las perspectivas presupuestarias para 2027.
También hizo referencia al deterioro de los ingresos de los trabajadores universitarios y a las dificultades económicas que atraviesan sus familias. Frente a ese panorama, consideró necesario profundizar la articulación con otros sectores gremiales y sociales para sostener los reclamos.
“Tenemos que estar en las calles, la paritaria es en la calle, la lucha por el sueldo es en la calle, la lucha por la soberanía es en la calle”, manifestó Ozamiz, quien llamó a mantener la unidad para defender los derechos laborales y la educación pública.
El acto central se desarrolló en la Plaza de las Américas, donde confluyeron las columnas de la UTN, la UNTDF y la UNPA. Los manifestantes desplegaron banderas de sus respectivas instituciones y organizaciones, además de carteles con consignas en defensa de la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad.
Antes de comenzar la lectura del documento, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. Posteriormente, estudiantes y docentes de las tres universidades leyeron de manera alternada distintos fragmentos del pronunciamiento titulado “V Marcha Federal Universitaria: por la educación, la soberanía y la democracia”.
El documento sostuvo que la movilización expresa la voluntad de las comunidades universitarias y de la ciudadanía de exigir el cumplimiento de la legislación vigente. “Esta nueva Marcha Federal Universitaria es la manifestación de la voluntad de la comunidad universitaria, pero también de la ciudadanía toda, de hacer cumplir el principal instrumento para su sostenimiento: la Ley de Financiamiento Universitario”, señalaron.
Los organizadores cuestionaron el incumplimiento de esa normativa por parte del Poder Ejecutivo nacional y advirtieron que la situación excede la discusión presupuestaria, porque también involucra el respeto por las decisiones del Congreso y del Poder Judicial.
“El incumplimiento por parte del Gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”, expresaron.
Uno de los ejes centrales del pronunciamiento estuvo relacionado con la situación salarial de los trabajadores docentes y no docentes. Los representantes universitarios advirtieron sobre la pérdida del poder adquisitivo y cuestionaron las dificultades para sostener negociaciones colectivas que permitan recuperar los ingresos frente al aumento del costo de vida.
“La decisión del Gobierno nacional de asfixiar las universidades nacionales tiene uno de sus núcleos más duros en el ataque al salario y a la negociación colectiva de trabajadores docentes y no docentes”, sostuvo el texto.
Entre los reclamos se incluyeron la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la revisión del nomenclador preuniversitario, el financiamiento de las plantas docentes y no docentes, los fondos de capacitación y las garantías salariales. También se planteó la necesidad de revisar la composición de los ingresos y garantizar condiciones adecuadas de salud y jubilación para los trabajadores universitarios.
Las dificultades económicas que enfrentan los estudiantes para ingresar, permanecer y finalizar sus carreras constituyeron otro de los puntos destacados. El documento sostuvo que la gratuidad de la educación superior debe estar acompañada por políticas públicas que garanticen el acceso efectivo a las universidades, especialmente para quienes provienen de sectores de menores ingresos.
“Las becas no constituyen un subsidio ni un gasto: son la herramienta imprescindible para garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de miles de jóvenes que necesitan del apoyo estatal para sostener sus estudios”, señalaron.
En particular, los organizadores cuestionaron el congelamiento de las Becas Progresar, cuyo monto indicaron que permanece en 35.000 pesos desde 2024. Consideraron que esa suma resulta insuficiente para afrontar los gastos de transporte, materiales de estudio y otras necesidades básicas. También expresaron preocupación por la situación de las Becas Manuel Belgrano y de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional.
La discusión sobre el Presupuesto Nacional 2027 ocupó otro lugar relevante en el pronunciamiento. Los representantes universitarios cuestionaron que el proyecto presentado por el Ejecutivo no contemple, según señalaron, los recursos necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario ni mecanismos suficientes para recuperar las pérdidas presupuestarias acumuladas.
“Las universidades están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”, advirtieron.
En ese contexto, hicieron referencia a la propuesta presupuestaria elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que plantea la necesidad de incrementar los recursos para garantizar el funcionamiento del sistema. De acuerdo con lo expresado durante la movilización, el presupuesto universitario debería aumentar un 33,4% respecto de las partidas contempladas en el proyecto presentado por el Gobierno nacional.
Los organizadores señalaron que las dificultades económicas no solo afectan el funcionamiento cotidiano de las instituciones, sino también la continuidad de proyectos de investigación, las actividades de extensión, la adquisición de equipamiento y la vinculación con los sectores productivos.
La defensa del sistema científico y tecnológico argentino también constituyó uno de los ejes de la jornada. Los participantes destacaron el papel estratégico de las universidades en la formación de investigadores, la generación de conocimientos y el desarrollo de soluciones para los problemas económicos, sociales, ambientales y productivos del país.
“La ciencia y la tecnología son parte sustantiva de la universidad pública argentina y contribuyen de manera fundamental a la soberanía del conocimiento y de la soberanía tecnológica”, expresaron.
El documento alertó sobre las dificultades para acceder a becas científicas, la paralización del financiamiento de proyectos, las restricciones para adquirir insumos y equipamiento y la emigración de investigadores formados en el país. Según plantearon, la pérdida de profesionales especializados debilita las capacidades científicas y limita las posibilidades de desarrollo de las distintas regiones.
“El éxodo de científicas y científicos que nuestro país formó es una realidad que debemos revertir de manera urgente. Cada persona que sale del sistema es una carrera que se apaga, es una región que se empobrece”, afirmaron.
Los representantes universitarios también reivindicaron los principios históricos del sistema argentino, entre ellos la autonomía, el cogobierno, la gratuidad, el ingreso irrestricto y la inclusión territorial. Sostuvieron que la universidad pública constituye una herramienta fundamental para ampliar las oportunidades de formación profesional y favorecer la movilidad social.
“La universidad pública es una herramienta fundamental de justicia social, movilidad social ascendente y construcción de soberanía nacional”, manifestaron en el documento.
En el tramo final, los organizadores reafirmaron su compromiso con la defensa de la educación superior y del sistema nacional de ciencia y tecnología. “Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución”, expresaron.
El pronunciamiento concluyó con las consignas “Por una patria democrática. Por una patria soberana. Por una patria educada”, y con una última expresión de respaldo a las instituciones públicas: “Viva la universidad pública, viva el pueblo argentino”.
Tras la lectura del documento, los presentes entonaron la Marcha de las Malvinas, que también constituye el himno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De esta manera, la Quinta Marcha Federal Universitaria concluyó en la Plaza de las Américas con la participación de las tres universidades y el acompañamiento de distintos sectores de la comunidad. La jornada dejó como eje central el reclamo al Gobierno nacional para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y garantice los recursos necesarios para sostener los salarios, las becas estudiantiles, la investigación científica y el funcionamiento de las instituciones públicas.