La AREF habilitó un régimen especial para regularizar deudas hasta fin de año

La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) implementó un régimen especial de regularización de deudas destinado a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de contribuyentes y responsables que atraviesan dificultades económicas. La iniciativa amplía los plazos de financiación habituales y establece condiciones más favorables para quienes necesitan ponerse al día con el fisco provincial.

El director ejecutivo de la AREF, Oscar Bahamonde, confirmó que el programa comenzó a regir el 15 de octubre y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026. El beneficio comprende las obligaciones vencidas al 30 de septiembre y permite acceder a planes de hasta cinco años, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada modalidad.

En diálogo con FM La Isla, el funcionario explicó que la decisión surgió a partir de los planteos de contribuyentes que manifestaron su voluntad de regularizar sus deudas, pero que no podían afrontar las cuotas de los planes tradicionales, cuyo plazo máximo era de 36 meses.

“A veces, sobre todo con deudas abultadas, te dicen: ‘Mirá, por más que quiero regularizar, la cuota me queda en tanto, no lo puedo pagar’”, relató Bahamonde. Frente a esa situación, la Agencia resolvió extender la financiación hasta el máximo permitido por el Código Fiscal provincial.

El régimen contempla seis cuotas sin interés de financiación. Para los planes de entre siete y doce cuotas, la tasa será del 1%; para los que comprendan entre trece y veinticuatro pagos, del 1,5%; mientras que para las opciones de entre 25 y 60 cuotas se aplicará una tasa del 2%, según los porcentajes informados por el titular del organismo.

Bahamonde sostuvo que las condiciones ofrecidas son competitivas frente a las tasas disponibles en el mercado y remarcó que la iniciativa busca brindar una alternativa concreta a quienes acumularon obligaciones tributarias y necesitan plazos más extensos para cumplirlas.

El régimen también permitirá regularizar planes de facilidades de pago que se encuentren caducos, así como obligaciones que estén en instancia administrativa o judicial, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa aplicable.

El funcionario señaló que mantener la situación fiscal regularizada puede resultar fundamental para obtener certificados de cumplimiento, conservar la condición de proveedor del Estado, actualizar documentación bancaria y resolver obligaciones pendientes que eventualmente hayan llegado a instancias judiciales.

La puesta en marcha del programa se produce en un escenario de incremento de la morosidad. Según explicó Bahamonde, los niveles de incumplimiento tributario pasaron de ubicarse entre el 6% y el 7% a porcentajes de entre el 8% y el 10%, una evolución que refleja las dificultades económicas que enfrentan tanto personas como empresas.

“Ese porcentaje de seis, siete por ciento de contribuyentes quizá en mora va aumentando hasta llegar a ocho, diez”, indicó. En ese sentido, explicó que, aunque existen mecanismos de retenciones y percepciones que permiten anticipar parte de las obligaciones fiscales, cada vez se registran mayores dificultades para cancelar los saldos pendientes.

La AREF administra alrededor de 40 mil contribuyentes distribuidos entre el Convenio Multilateral, el régimen local y el monotributo unificado. Dentro de ese universo, el organismo busca ampliar las posibilidades de regularización y evitar que las deudas continúen acumulándose hasta convertirse en compromisos difíciles de afrontar.

Durante la entrevista, Bahamonde también analizó el impacto de la crisis económica sobre los recursos provinciales. Según precisó, la recaudación propia representa actualmente alrededor del 35% de los ingresos de Tierra del Fuego, cuando en otros períodos llegó a alcanzar aproximadamente el 40%.

El funcionario vinculó esa caída con la menor actividad industrial, que repercute sobre el comercio y afecta la recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos. También advirtió sobre las dificultades que atraviesa el sector petrolero, con consecuencias tanto para las regalías como para los ingresos tributarios provinciales.

A este panorama se suma la complejidad de la recaudación nacional y su incidencia sobre los recursos coparticipables que reciben las provincias. Al mismo tiempo, Bahamonde sostuvo que aumentan las demandas de financiamiento para sostener servicios esenciales, particularmente en las áreas de salud y educación.

En materia sanitaria, mencionó el incremento de personas que recurren al sistema público ante la pérdida de puestos de trabajo y de cobertura médica. En educación, señaló las obligaciones que anteriormente contaban con financiamiento nacional y que también generan nuevas exigencias presupuestarias para la provincia.

En ese contexto, el titular de la AREF defendió la necesidad de sostener los ingresos fiscales, aunque reconoció que existen límites para incrementar la presión tributaria sobre los contribuyentes.

“Se requiere de mayor recaudación. Hay veces se puede y hay veces que no, porque también hay que ser realistas”, expresó.

Bahamonde también se refirió a las críticas por supuestos aumentos impositivos y defendió la actualización del impuesto inmobiliario rural. Explicó que las valuaciones fiscales llevaban 14 años sin actualizarse y consideró que las modificaciones deben analizarse teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y los valores utilizados como base de cálculo.

Como ejemplo, indicó que durante 2025 la recaudación total por el inmobiliario rural alcanzó aproximadamente los cinco millones de pesos, mientras que una estancia de 30 mil hectáreas abonaba alrededor de 200 mil pesos anuales.

Con las nuevas referencias, sostuvo que el tributo representa aproximadamente 250 mil pesos anuales por cada mil hectáreas. Para Bahamonde, ese monto todavía resulta bajo en comparación con otras obligaciones fiscales, y aclaró que las valuaciones utilizadas para calcular el impuesto no equivalen al valor comercial de las tierras.

El funcionario también cuestionó las acusaciones de aumentos generalizados en Ingresos Brutos y señaló que los consensos fiscales firmados desde 2017 establecieron límites para modificar las alícuotas provinciales. Según explicó, el margen de maniobra para aplicar incrementos es reducido y las modificaciones deben contemplar las diferencias existentes entre los distintos sectores económicos.

En relación con las iniciativas destinadas a fortalecer el financiamiento educativo, Bahamonde rechazó que se las presente de manera generalizada como un aumento de tarifas o impuestos. Explicó que algunas propuestas contemplan incorporar determinados contribuyentes al sistema tributario y destinar una parte de futuros incrementos de recaudación a un fondo específico para educación.

El titular de la AREF reconoció la tensión entre las dificultades que atraviesan los contribuyentes y las necesidades presupuestarias del Estado, pero remarcó que los impuestos constituyen una de las principales fuentes de financiamiento de los servicios públicos y del funcionamiento de los distintos poderes estatales.

La adhesión al régimen especial se realizará íntegramente de manera digital, a través de la Ventanilla de Trámites disponible en el sitio web oficial de la Agencia de Recaudación Fueguina. Los interesados podrán consultar sus obligaciones pendientes y acceder a las alternativas de financiación sin necesidad de concurrir personalmente a las oficinas del organismo.

Los planes deberán abonarse mediante débito automático, ya sea desde una cuenta bancaria o a través de una tarjeta habilitada.

La posibilidad de adherir permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2026. De esta manera, la AREF busca ofrecer una alternativa para que los contribuyentes puedan regularizar sus obligaciones en un contexto de creciente morosidad y, al mismo tiempo, recuperar recursos necesarios para sostener las cuentas provinciales, afectadas por la desaceleración económica y la caída de la actividad industrial, comercial y petrolera.