Javier Calisaya reclamó decisiones concretas para frenar el avance de los perros asilvestrados en Tierra del Fuego

El subsecretario de Servicios y Seguridad Ciudadana del Municipio de Río Grande, Javier Calisaya, se refirió a dos problemáticas que requieren atención en Tierra del Fuego: la educación vial y el avance de los perros asilvestrados en el ámbito rural. En diálogo con FM Del Pueblo, destacó las políticas municipales destinadas a generar conciencia desde las infancias y reclamó que el Gobierno provincial adopte medidas concretas para abordar una situación que, según advirtió, continúa agravándose.

En primer lugar, Calisaya puso en valor las iniciativas de educación vial que el Municipio lleva adelante en los distintos niveles educativos, con el objetivo de promover conductas responsables entre peatones, ciclistas y conductores. Entre las propuestas mencionó el parque vial, el mini parque vial, la Biciescuela y el programa Primera Licencia, que acerca a los instructores municipales a los establecimientos secundarios.

“Nos interesa mucho la educación vial articulada con las instituciones educativas”, señaló el funcionario, quien explicó que las actividades buscan que los chicos aprendan jugando, incorporen conocimientos sobre las señales de tránsito y comprendan la responsabilidad que implica circular por la vía pública.

En el caso de los adolescentes de 16 y 17 años, el programa Primera Licencia permite que los instructores de tránsito se acerquen a las escuelas secundarias para trabajar con quienes comienzan a interesarse por la posibilidad de conducir vehículos y necesitan avanzar en su formación.

Calisaya sostuvo que, más allá de que los estudiantes puedan completar o no el trámite para obtener la licencia, el objetivo principal es fortalecer la educación vial. “Ganamos en educación vial en los colegios”, afirmó, y remarcó que el trabajo sostenido desde edades tempranas puede generar cambios positivos a largo plazo.

Los chicos como agentes de concientización

El subsecretario también destacó la participación de los estudiantes, quienes muchas veces identifican y cuestionan conductas incorrectas de los adultos en la vía pública.

“Lo primero que hacen es mandar al frente a las familias o a los vecinos”, comentó sobre las experiencias en las aulas, al explicar que los chicos suelen señalar las infracciones que observan cotidianamente.

Como ejemplo, mencionó una actividad desarrollada en la Escuela N.º 44, donde una docente convocó al Municipio para acompañar un trabajo de educación vial. La iniciativa incluyó una recorrida por los alrededores del establecimiento para evaluar la señalización, el estado de los cordones y las formas de estacionamiento de las familias durante el ingreso y la salida de los alumnos.

Durante esa experiencia, los propios estudiantes advirtieron que numerosos vehículos se estacionaban frente a la escuela en sectores con cordones pintados de amarillo. Los chicos señalaron que esos espacios deben permanecer despejados para facilitar el acceso ante una emergencia y garantizar la disponibilidad de lugares destinados a personas con discapacidad.

Para Calisaya, estas experiencias demuestran que la educación vial puede trascender el aula y contribuir a modificar hábitos familiares y sociales.

En ese sentido, sostuvo que la política municipal se basa en tres ejes: prevención, educación y control. Las sanciones económicas y las multas, explicó, constituyen una instancia posterior, una vez agotadas las herramientas de concientización y las acciones destinadas a evitar siniestros.

Perros asilvestrados: reclamo de medidas urgentes

El segundo eje de la entrevista estuvo centrado en la problemática de los perros asilvestrados, cuyo crecimiento en las zonas rurales de Tierra del Fuego genera preocupación por sus consecuencias sobre la producción ganadera, la fauna nativa y la seguridad de las personas.

Calisaya recordó que el Municipio viene reclamando que se adopten decisiones concretas y explicó que participa de los espacios de articulación destinados al control y manejo de estos animales. Sin embargo, consideró que la situación requiere una intervención más firme del Gobierno provincial, especialmente en los sectores rurales.

“Hay una situación, una problemática que data de hace bastante tiempo”, manifestó, y señaló que el Municipio desarrolla distintas acciones dentro de sus competencias, como jornadas de castración masiva, vacunación, registración, colocación de microchips y controles en la vía pública para evitar la presencia de animales sueltos.

No obstante, advirtió que esas medidas no alcanzan para resolver el problema si no se interviene también en el ámbito rural, donde las jaurías se reproducen sin los controles habituales.

“Si en el supuesto caso nosotros hoy pusiésemos una barrera alrededor de las tres ciudades de la provincia, lo cierto es que la problemática no se va a terminar”, afirmó.

Según explicó, el crecimiento de la población canina en las zonas rurales ya no depende exclusivamente del traslado de animales desde los ejidos urbanos hacia el campo, sino que existe una reproducción natural de las jaurías en esos mismos territorios.

El funcionario remarcó que los perros asilvestrados no deben confundirse con los animales domésticos. Sostuvo que han perdido el vínculo con las personas y que pueden atacar en grupo a ovejas y otros animales, además de representar una amenaza para la fauna nativa.

En ese contexto, advirtió sobre las consecuencias que los ataques pueden generar en la producción bovina y ovina, así como los riesgos asociados para quienes viven o trabajan en establecimientos rurales.

El modelo chileno y las alternativas para el control

Durante la entrevista también se abordó la discusión que se desarrolla en Chile respecto de posibles cambios en la legislación para controlar la población de perros asilvestrados, incluida la alternativa de autorizar su caza.

Consultado sobre esa posibilidad, Calisaya consideró que las experiencias del país vecino deben analizarse, aunque aclaró que la realidad fueguina presenta particularidades que deben ser tenidas en cuenta antes de definir una estrategia.

“Más allá de que las realidades son similares, las particularidades tenemos que atenderlas”, expresó.

El subsecretario sostuvo que es necesario evaluar el papel de los distintos actores involucrados, entre ellos los integrantes de la Sociedad Rural, los estancieros y los propietarios de predios ubicados en zonas rurales. También consideró que el abordaje debe contemplar las herramientas legislativas disponibles y las responsabilidades de cada nivel del Estado.

En ese marco, recordó que el legislador Lapadula había impulsado propuestas vinculadas con la declaración de una emergencia para disponer de recursos destinados a enfrentar la problemática.

Para Calisaya, cualquier política de control requiere financiamiento, personal capacitado y recursos materiales que permitan sostener las intervenciones en el territorio. Por eso, insistió en que no alcanza con debatir alternativas: es necesario avanzar hacia decisiones ejecutivas que puedan implementarse de manera efectiva.

La diferencia de recursos entre el Municipio y la Provincia

Uno de los principales cuestionamientos del funcionario estuvo dirigido a la diferencia entre los recursos que destina el Municipio de Río Grande y los que aporta el Gobierno provincial para atender la problemática.

Calisaya afirmó que el Municipio destina más de 10.000 millones de pesos anuales a la prestación de servicios vinculados con la salud animal, incluyendo insumos médicos, profesionales veterinarios, castraciones masivas, vacunación y atención gratuita para los vecinos.

En contraste, señaló que los fondos provinciales vinculados con el impuesto inmobiliario rural serían considerablemente menores. Durante la entrevista mencionó una asignación de cinco millones de pesos anuales y explicó que, en el esquema que se venía discutiendo, el monto destinado a esta problemática se reduciría a 2,5 millones de pesos por año.

El funcionario utilizó esa comparación para cuestionar la distribución del esfuerzo económico entre las jurisdicciones y reclamar una mayor participación provincial.

“Hay un desbalance muy significativo entre lo que invierten los municipios y lo que invierte el ámbito provincial para atender esta problemática”, sostuvo.

Las cifras mencionadas corresponden a lo expresado por Calisaya durante la entrevista y requieren una verificación presupuestaria específica para establecer con precisión los montos efectivamente ejecutados y las partidas correspondientes.

Críticas a la demora en la toma de decisiones

Finalmente, el subsecretario cuestionó que las discusiones en los espacios de articulación no se traduzcan con la rapidez necesaria en medidas concretas.

Explicó que en el comité de control y manejo del perro asilvestrado participan distintos sectores, entre ellos municipios, organismos científicos, representantes de la Sociedad Rural, profesionales veterinarios y el Gobierno provincial. Sin embargo, consideró que la diversidad de actores y la prolongación de los debates han dificultado la implementación de soluciones.

“Se delibera, se debate, se propone y demás, pero en un ámbito quizás horizontal [...] la verdad es que se alarga el tiempo del debate y no se toman decisiones”, manifestó.

Calisaya expresó su expectativa de que la nueva conducción del área provincial de Ambiente y Producción, a cargo de Francisco De Vita, permita avanzar hacia una respuesta más efectiva.

El funcionario insistió en que el crecimiento de las jaurías en el ámbito rural requiere una estrategia integral, con recursos suficientes y responsabilidades claramente definidas. Mientras tanto, remarcó que el Municipio continuará desarrollando las acciones de prevención y atención animal que se encuentran dentro de sus competencias.

La educación vial y el control de los perros asilvestrados, aunque responden a problemáticas diferentes, dejaron un mensaje común en la entrevista: la necesidad de sostener políticas preventivas, coordinar el trabajo entre las instituciones y traducir los diagnósticos en acciones concretas que permitan mejorar la convivencia y la seguridad en Tierra del Fuego.