Chile debate autorizar la caza de perros asilvestrados: la polémica que divide al país

La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado, por 10 votos contra 2, un proyecto de ley que busca autorizar la caza de perros asilvestrados. La iniciativa, que modifica la actual Ley de Caza, ha desatado un fuerte debate por una medida que pretende controlar a la población de canes ferales que ataca a la fauna nativa y a la ganadería en jaurías. Los impulsores defienden la cacería como una solución para resguardar a los animales salvajes —algunos seriamente amenazados como el pudú— y a las especies criadas para la producción. Los detractores cuestionan la norma y apuntan a sancionar el abandono animal en su origen. El corazón del proyecto es la autorización del control de esta especie a través de métodos letales. Según el texto, los perros asilvestrados son aquellos que no tienen un dueño o poseedor conocido e identificable, que, al no relacionarse con el ser humano, ha devenido en un peligro para las personas, para la fauna local o para la salud pública. Durante los últimos años se han reportado múltiples ataques de jaurías en estado salvaje contra ganado, otros animales de compañía, fauna nativa e incluso contra algunas personas, con consecuencias fatales. El proyecto eximiría de sanciones por maltrato animal a quien capture un perro asilvestrado "en defensa propia, de un tercero o del ganado, frente al ataque actual o inminente de uno o más perros salvajes o ferales". Para ejecutar la cacería se requerirá una denuncia previa con registros fotográficos o audiovisuales, informes veterinarios u otros medios probatorios que den cuenta del daño causado. También se eximirá de sanciones a quienes maten a perros asilvestrados por protección de la salud pública, la seguridad de las personas, la conservación de la biodiversidad y la propiedad privada.

La escena merece que la miremos sin la comodidad de las etiquetas porque es un debate real con sufrimiento real en todos los lados. Un pudú, el ciervo más pequeño del mundo, amenazado por jaurías de perros que no tienen dueño. Un ganadero que encuentra a sus ovejas destrozadas por animales que alguna vez fueron mascotas. Una comunidad rural que ya no puede salir al campo con tranquilidad porque hay manadas de perros salvajes que cazan para comer. Y, al mismo tiempo, un perro que fue abandonado, que sobrevivió como pudo, que se reprodujo, que formó una jauría, que aprendió a cazar para no morir de hambre. Ese perro no eligió ser asilvestrado. No eligió vivir en el monte. No eligió convertirse en una amenaza. Lo abandonaron. Lo dejaron en la calle. Y la calle lo convirtió en lo que es. Ahora el Estado debate si autorizar que lo maten. Y en ese debate, nadie pregunta quién lo abandonó. Nadie exige responsabilidades a quien lo dejó atrás. Nadie propone perseguir el abandono en su origen. Solo se discute cómo gestionar la consecuencia. El perro asilvestrado es la víctima que se ha convertido en verdugo, y el proyecto de ley quiere ejecutar al verdugo sin juzgar nunca al culpable original.

Las causas de fondo son las que atraviesan toda la crisis de tenencia responsable en Chile y en América Latina. El perro asilvestrado es un animal que ha perdido su condición doméstica para regresar a su estado salvaje, sin depender de los seres humanos para su crianza y reproducción. Entre sus características está la agresividad frente a las personas, el uso de la caza para alimentarse y su comportamiento de manada. Un perro doméstico es totalmente dependiente del ser humano. Los animales abandonados que están en las calles siguen siendo domésticos y no pertenecen a la categoría de asilvestrados, por lo que no deberían ser capturados o asesinados. La distinción es importante, pero también es incómoda, porque revela la cadena causal que nadie quiere mirar: el abandono crea perros callejeros, los perros callejeros se reproducen sin control, algunos se asilvestran, las jaurías atacan fauna nativa y ganado, y entonces el Estado responde matando. En 2024 el Congreso tramitó una iniciativa similar que fue rechazada. En 2015, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, el ministerio de Agricultura intentó poner en marcha un decreto para autorizar la captura de los canes salvajes, pero echó pie atrás por el rechazo de algunas organizaciones animalistas. El debate lleva más de una década, y en todo ese tiempo el problema no ha hecho más que crecer. Porque no se ha atacado la raíz: la esterilización masiva, la educación en tenencia responsable, la persecución del abandono, el registro de animales, la adopción. Sin eso, cualquier medida de control será un parche, y el parche será cada vez más letal.

El impacto ecológico y moral es enorme y apenas lo medimos. Ecológicamente, los perros asilvestrados son una especie exótica invasora que depreda fauna nativa, compite con depredadores autóctonos, transmite enfermedades, altera ecosistemas. Su impacto sobre especies amenazadas como el pudú, el huemul, el zorro chilote, es real y documentado. La conservación de la biodiversidad exige controlar esa población, y eso es indiscutible. Pero el control no tiene por qué ser letal, y sobre todo no puede ser la única respuesta. Existen métodos de captura, esterilización, reubicación, manejo de jaurías, cercados, protección de ganado. La caza es la solución más fácil, la más barata, la que no exige cambiar nada del sistema que produjo el problema. Y precisamente por eso es la más elegida. Moralmente, la historia revela algo insoportable: hemos convertido a un animal que criamos para que nos ame en un enemigo al que autorizamos matar. El perro asilvestrado no nació salvaje. Fue domesticado durante milenios para depender de nosotros, para confiar en nosotros, para vivir con nosotros. Y cuando lo abandonamos, cuando lo dejamos en la calle, cuando dejó de servirnos, lo empujamos a la intemperie. Allí sobrevivió como pudo. Y ahora, porque sobrevivió, porque se adaptó, porque se convirtió en lo que el abandono lo obligó a ser, lo declaramos especie invasora y autorizamos su caza. La Ley Cholito, que tipifica el maltrato animal en Chile, nació del caso de un perro callejero golpeado hasta la muerte en Santiago en 2017. Ahora el Estado debate eximir de esa ley a quienes maten perros asilvestrados. La ironía es brutal.

Hay esperanza, pero no es ingenua. Existen organizaciones animalistas que llevan años denunciando el abandono, exigiendo esterilización masiva, promoviendo la adopción, educando en tenencia responsable. Existen métodos de control no letales que han funcionado en otros países: captura, esterilización, retorno controlado o reubicación, manejo de colonias, protección de ganado con perros guardianes, cercados eléctricos. Existen municipios que han implementado programas exitosos. La solución no es un misterio: atacar el abandono en su origen, esterilizar masivamente, educar, registrar, adoptar, y solo como último recurso, con criterios científicos y éticos, aplicar medidas de control poblacional. Pero eso exige algo que se nos da mal: invertir dinero y esfuerzo en prevenir, en lugar de gastarlo en matar. Exige asumir la responsabilidad colectiva de una sociedad que abandonó a sus perros y ahora quiere eliminar las consecuencias.

¿Cuántos perros más tendrán que ser abandonados, asilvestrados y cazados antes de que entendamos que el problema no es el animal, sino la sociedad que lo dejó atrás? ¿Cuántos pudús más tendrán que morir en las fauces de una jauría antes de que dejemos de debatir cómo matar y empecemos a debatir cómo prevenir? Lo que está en juego no es un perro, ni un pudú, ni una ley de caza. Lo que está en juego es nuestra capacidad de asumir la responsabilidad de lo que hemos creado. Si seguimos matando a los perros que abandonamos, habremos perdido el alma. Y los perros asilvestrados, que solo aprendieron a sobrevivir en el mundo que les dejamos, seguirán siendo cazados en los montes de Chile mientras miles de perros siguen esperando en las calles a que alguien, algún día, los adopte antes de que sea demasiado tarde.