Lapadula denunció que la Provincia le debe más de $18.000 millones a Río Grande

El legislador provincial Matías Lapadula, integrante del bloque Provincia Grande, denunció que el Gobierno de Tierra del Fuego mantiene una deuda superior a los 18.000 millones de pesos con el Municipio de Río Grande por recursos que, según afirmó, corresponden a la ciudad y todavía no fueron transferidos. En diálogo con FM del Pueblo, sostuvo que la situación excede una discusión entre el Gobierno provincial y la gestión del intendente Martín Pérez, porque pone en riesgo el funcionamiento de los servicios municipales y la planificación de obras.

Las declaraciones se produjeron luego del discurso que Pérez brindó el 17 de octubre, durante el acto por el Día de la Lealtad, donde advirtió que una eventual decisión de asfixiar financieramente a su gestión no perjudicaría solamente al intendente, sino también a los 110.000 riograndenses.

Al ser consultado sobre esa afirmación, Lapadula fue contundente: “No hay un rumor, hay un hecho concreto”, expresó, al referirse a la deuda que, según señaló, mantiene la Provincia con el Municipio.

El parlamentario explicó que se trata de una suma considerable, con compromisos acumulados que continúan demorándose, y advirtió que la falta de transferencia de esos fondos puede comenzar a repercutir directamente en los servicios que presta el Estado municipal.

“Esto afecta directamente a los vecinos y vecinas de Río Grande”, remarcó. En ese sentido, sostuvo que el monto adeudado representa prácticamente el equivalente a la obra pública municipal presupuestada para un ejercicio completo.

Para Lapadula, la discusión no debe interpretarse únicamente como un enfrentamiento político entre dos administraciones. Por el contrario, afirmó que el problema central es que los recursos que corresponden a los municipios no están llegando en tiempo y forma, con consecuencias que podrían sentirse en la vida cotidiana de la comunidad.

 

“Lo que falta es voluntad”

 

Durante la entrevista, el legislador también cuestionó los argumentos técnicos planteados por el Ministerio de Economía provincial respecto de la posibilidad de implementar transferencias automáticas y diarias de los fondos de coparticipación.

Lapadula recordó que la única oportunidad en la que pudo abordar directamente el tema con el ministro de Economía fue durante el tratamiento de la iniciativa vinculada con la transferencia diaria de recursos a los municipios. Según relató, en aquella instancia el funcionario negó la existencia de una deuda y sostuvo que no era técnicamente posible realizar las transferencias automáticas en esos términos.

El legislador rechazó esa explicación y aseguró que el mecanismo puede implementarse.

“Soy contador, pero además estuve trabajando en finanzas de municipios y sé perfectamente que eso se puede hacer. Es algo muy sencillo; lo que falta es voluntad”, afirmó.

A partir de las demoras y de la negativa oficial a reconocer el problema, Lapadula consideró que existen motivos para sospechar que detrás de la situación podría haber una decisión política.

En particular, planteó la posibilidad de que el retraso en la transferencia de fondos termine condicionando a una gestión municipal que, según su evaluación, cuenta con una buena valoración entre los vecinos de Río Grande.

El legislador vinculó esa preocupación con el escenario político de 2027 y con el trabajo que Provincia Grande comenzó a desarrollar para presentar una propuesta para toda Tierra del Fuego de cara al próximo año electoral.

No obstante, aclaró que la definición sobre los pasos institucionales que correspondan deberá ser tomada por el Municipio y sus áreas competentes.

 

La caída de la recaudación no justifica las demoras

 

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la situación financiera general de la provincia y la caída de los recursos coparticipables en el contexto de la crisis económica nacional.

Lapadula reconoció que la disminución de la actividad económica impacta en la recaudación y reduce los recursos disponibles, tanto para el Gobierno provincial como para los municipios. Sin embargo, diferenció ese escenario de la obligación de transferir los fondos que corresponden a cada administración.

“Esos recursos no son de la Provincia. Son de los municipios y los tiene que transferir”, sostuvo.

En esa línea, consideró que la administración provincial debe adecuar sus gastos a la disponibilidad de recursos, del mismo modo que lo hacen las gestiones municipales, pero sin retener fondos que tienen otro destinatario.

El legislador señaló que Río Grande enfrenta una doble dificultad: por un lado, la caída de los ingresos en términos reales y, por otro, la demora en recibir recursos que deberían formar parte de sus ingresos habituales.

También reconoció que la reducción de la obra pública nacional y de otros programas de financiamiento profundiza las dificultades presupuestarias de las administraciones provinciales y municipales. Sin embargo, insistió en que ese contexto no justifica que la Provincia deje de cumplir con las transferencias correspondientes.

 

Servicios esenciales y obras públicas, en riesgo

 

Lapadula advirtió que, si la situación no se revierte, las consecuencias podrían extenderse a distintas áreas de la administración municipal.

Entre los servicios que mencionó se encuentran la recolección de residuos, el suministro de agua potable, las cloacas y la atención de salud que presta el Municipio.

Además, puso el foco en el inicio de la temporada de obras públicas, luego de la finalización de la veda invernal, una etapa en la que las administraciones locales necesitan contar con recursos para avanzar con los trabajos previstos y presupuestados.

“Si no se le mandan los recursos, están de alguna manera asfixiando la gestión municipal”, advirtió.

El parlamentario sostuvo que el problema adquiere mayor gravedad porque los fondos adeudados estaban contemplados dentro de la planificación financiera del Municipio. Por lo tanto, las demoras no solo complican el funcionamiento cotidiano, sino que también pueden alterar el cronograma de inversiones y obras.

Frente a ese escenario, consideró que deben agotarse las instancias de diálogo y negociación política, pero no descartó que sea necesario avanzar por otras vías si no se produce una solución.

“Hay que hacer el reclamo por todas las vías institucionales, administrativas y judiciales que haga falta”, señaló, al tiempo que aclaró que la decisión sobre las medidas concretas corresponderá al Municipio.

 

Lapadula convocará al Ministerio de Economía a la Legislatura

 

En su condición de presidente de la comisión legislativa vinculada con el tratamiento presupuestario, Lapadula anticipó que trabaja en la convocatoria para comenzar a discutir el proyecto de Presupuesto 2027.

Al mismo tiempo, adelantó que buscará que el Ministerio de Economía concurra a la Legislatura para brindar explicaciones sobre los retrasos en la coparticipación municipal.

“Necesitamos que den explicaciones y, en todo caso, que nos digan cómo se va a revertir esta situación”, manifestó.

El legislador señaló que pretende que la discusión se desarrolle en el ámbito institucional correspondiente y que el Gobierno provincial explique los motivos de las demoras, así como las medidas previstas para normalizar las transferencias.

La convocatoria podría convertirse en una instancia clave para que los legisladores conozcan el estado de las obligaciones pendientes con los municipios y las previsiones oficiales para afrontar los compromisos financieros.

Lapadula también sostuvo que la situación económica de Río Grande requiere un tratamiento urgente, especialmente por la pérdida de empleos y las dificultades que atraviesa el entramado productivo de la ciudad.

 

Críticas por la distribución de los fondos del FAMP

 

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la distribución de los recursos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), una herramienta concebida para promover inversiones y diversificar la actividad económica de Tierra del Fuego.

Lapadula cuestionó que se hayan anunciado convenios y proyectos de inversión vinculados con Ushuaia mientras, según afirmó, Río Grande no recibe iniciativas de una magnitud comparable para enfrentar su situación económica y laboral.

Durante el intercambio se mencionaron convenios por aproximadamente 20.000 millones de pesos destinados a proyectos vinculados con cámaras de seguridad y una embarcación, además de iniciativas relacionadas con infraestructura turística en Ushuaia.

El legislador aclaró que los dos convenios mencionados durante la entrevista fueron firmados entre el Gobierno nacional y el Gobierno provincial, y no directamente con el Municipio de Ushuaia. También señaló que las decisiones sobre el destino de los proyectos y la aprobación de los fondos involucran a los organismos responsables de administrar el FAMP y al Gobierno nacional.

Sin embargo, cuestionó la falta de anuncios de inversiones para Río Grande y sostuvo que la ciudad necesita recursos para recuperar puestos de trabajo, generar nuevas actividades y ampliar su matriz productiva.

“Se están olvidando de Río Grande, claramente”, afirmó.

Lapadula consideró que la distribución de los fondos debe tener en cuenta la situación particular de cada localidad y priorizar aquellas que atraviesan mayores dificultades productivas y sociales.

En ese sentido, destacó que Río Grande necesita herramientas concretas para enfrentar las consecuencias de la crisis industrial, que golpea especialmente al empleo y a las actividades vinculadas con la producción.

Para el legislador, el FAMP debería contribuir a generar alternativas económicas, atraer inversiones y promover nuevas fuentes laborales, objetivos que, a su entender, hacen especialmente necesario que se contemplen proyectos para el norte de la provincia.

 

El reclamo por el puerto de Río Grande

 

La conversación también incluyó referencias al proyecto del puerto de Río Grande, una iniciativa que durante años generó expectativas por su potencial para impulsar la actividad económica, logística y productiva de la ciudad.

Lapadula coincidió con el planteo sobre la necesidad de avanzar con esa obra y sostuvo que debería convertirse en una prioridad para Tierra del Fuego.

El legislador reconoció las dificultades que atraviesa la comunidad y la decepción que generan los anuncios de proyectos estratégicos que no logran concretarse. En ese marco, insistió en que la provincia necesita inversiones que tengan un impacto real sobre la producción y el empleo.

“Necesitamos que pongan la mirada también acá, en el norte de la provincia”, expresó.

Asimismo, afirmó que el puerto representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo económico de Río Grande y generar nuevas posibilidades en un contexto marcado por la caída de la actividad industrial.

 

Una discusión que se profundiza rumbo a 2027

 

Las declaraciones de Lapadula vuelven a poner en el centro de la agenda la relación financiera entre el Gobierno provincial y los municipios, en un escenario de restricciones presupuestarias, caída de la actividad económica y crecientes demandas sociales.

El legislador insistió en que la deuda denunciada por Río Grande no puede tratarse como una diferencia administrativa menor, debido a su magnitud y a las consecuencias que podría tener sobre los servicios públicos y las obras previstas.

A la vez, anticipó que Provincia Grande continuará impulsando sus reclamos en la Legislatura y trabajando en una propuesta política para el próximo año.

La convocatoria al Ministerio de Economía para que explique los retrasos en las transferencias y el inicio del debate del Presupuesto 2027 aparecen, así, como dos instancias centrales para determinar cómo se abordará el conflicto.

Mientras tanto, Lapadula sostuvo que la Provincia debe regularizar los fondos que corresponden a Río Grande y garantizar que las diferencias entre administraciones no terminen afectando a los vecinos.

El planteo se suma a la advertencia formulada por el intendente Martín Pérez durante el Día de la Lealtad: detrás de la discusión por los recursos, sostuvo el legislador, están en juego la capacidad de gestión municipal, la continuidad de los servicios y las posibilidades de desarrollo de una ciudad que enfrenta una profunda crisis económica y laboral.