La causa judicial por la tragedia aérea del Learjet 35A, que se estrelló en Río Grande el 1° de julio de 2022 y provocó la muerte de cuatro personas, registró un nuevo avance. El fiscal federal Marcelo Rapoport solicitó la elevación a juicio oral de cinco integrantes de la empresa Air Delta SRL, señalados por presuntas irregularidades en el mantenimiento de la aeronave.
El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Federal de Río Grande y busca que se debatan en un juicio oral las responsabilidades penales de quienes estuvieron vinculados con las tareas técnicas realizadas sobre el avión antes del accidente.
Los imputados son Rubén Barboza, representante técnico del Taller Air Delta; Dino Sánchez, inspector del establecimiento; y los mecánicos Javier Gustavo Galera, Miguel Alberto Velárdez y Leonardo Echeverría. Los cinco están acusados como presuntos coautores del delito de desastre aéreo culposo agravado por la muerte de cuatro personas, una figura que contempla penas de uno a cinco años de prisión.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, durante intervenciones realizadas en 2020 y 2021 se habrían producido omisiones técnicas en el sistema de control de alerones de la aeronave. La investigación sostiene que la ausencia de los clips de bloqueo habría permitido que los tensores de los cables se desenroscaran progresivamente, hasta ocasionar la pérdida de control del avión durante el despegue.
La acusación se apoya en distintos elementos incorporados a la investigación, entre ellos peritajes técnicos, análisis de los restos de la aeronave, grabaciones de cabina, registros fílmicos, informes meteorológicos, estudios de los motores, manuales técnicos y órdenes de trabajo vinculadas con el mantenimiento.
Las pericias, encabezadas por el ingeniero aeronáutico Miguel Cafaro junto con especialistas de la Fuerza Aérea Argentina, concluyeron que la falta de los clips de bloqueo constituyó una “falta gravísima, causante del accidente”. Ese hallazgo ocupa un lugar central en la hipótesis que sostiene la Fiscalía para atribuir responsabilidades por el siniestro.
El accidente ocurrió cuando el Learjet 35A, perteneciente a Flying America S.A., iniciaba un vuelo sanitario de regreso a Buenos Aires luego de trasladar a un niño de cuatro años.
Poco después de despegar desde la pista 26 del aeropuerto de Río Grande, la aeronave perdió estabilidad y terminó precipitándose a tierra. Como consecuencia del impacto, murieron los pilotos Claudio Canelo y Héctor Vittore, el médico Diego Ciolfi y la enfermera Denise Torres García.
La tragedia generó una profunda conmoción en la comunidad fueguina y dio inicio a una investigación destinada a establecer las causas del accidente y determinar si existieron responsabilidades penales relacionadas con el mantenimiento del avión.
El expediente ya había registrado un paso importante en noviembre de 2025, cuando fueron procesados los cinco imputados. Esa decisión fue confirmada en julio de 2026 por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
Ahora, con el pedido de elevación a juicio oral, la Fiscalía busca avanzar hacia una instancia en la que se analicen las pruebas reunidas y se determine la eventual responsabilidad de los acusados.
El requerimiento no implica una condena, sino que constituye un avance procesal en una causa que todavía debe atravesar las instancias judiciales correspondientes.
A más de cuatro años del siniestro, el caso continúa siendo una de las investigaciones judiciales más relevantes vinculadas con la seguridad aérea en Tierra del Fuego. La expectativa está puesta en que el proceso permita esclarecer las circunstancias que derivaron en la caída del Learjet y establecer las responsabilidades que correspondan por la muerte de sus cuatro ocupantes.