Imputaron a Iñaki Arreseygor por abuso de autoridad y otros delitos en el puerto de Ushuaia

El director ejecutivo de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Miguel Arreseygor, fue imputado formalmente por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público e impedimento o estorbo a un funcionario público en el cumplimiento de un acto propio de sus funciones.

La decisión fue adoptada por el fiscal provincial de Ushuaia, Nicolás Arias, tras analizar la denuncia penal presentada por la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego. La investigación busca determinar las responsabilidades por las reiteradas negativas al ingreso de personal de la Secretaría de Ambiente al puerto de Ushuaia, intervenido por el organismo nacional desde enero de 2026.

En su dictamen, Arias sostuvo que también deben investigarse las posibles responsabilidades de otros funcionarios y agentes que hubieran dispuesto, transmitido o ejecutado los impedimentos de ingreso denunciados.

El caso se originó a partir de tres episodios en los que inspectores ambientales de la provincia no habrían podido ingresar a las instalaciones portuarias para realizar la Auditoría Ambiental Anual vinculada con los residuos peligrosos provenientes de los barcos.

Según la denuncia, las restricciones impidieron que el Gobierno provincial ejerciera sus facultades de fiscalización sobre la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de esos residuos, además de sus atribuciones de control y policía ambiental.

El primer episodio denunciado ocurrió el 25 de agosto, alrededor de las 10:30, cuando el agente de Seguridad Portuaria Julio Fernández habría negado el acceso a las funcionarias Ana Carolina Antonelli, Elizabeth Ruiz y Magalí Roth.

Al día siguiente, el 26 de agosto, se remitió una nota directamente a Arreseygor para solicitar que dispusiera las medidas operativas necesarias para permitir el ingreso del personal provincial. Sin embargo, de acuerdo con el dictamen fiscal, el funcionario respondió el 31 de agosto desconociendo las facultades de control de la provincia.

La situación se habría repetido el 1 de septiembre, cuando, cerca de las 10:13, volvió a denegarse el ingreso por el mismo motivo.

El tercer episodio señalado tuvo lugar el 17 de septiembre. En esa oportunidad, pese a que la inspección había sido anunciada formalmente, el coordinador general de Despacho, Elvio Julio Romero, habría impedido el acceso de las funcionarias Elizabeth Ruiz, Luciana Martínez y Constanza Guerra.

Para el fiscal Arias, los hechos deben ser investigados por la Justicia provincial, debido a que las funciones que presuntamente fueron obstaculizadas corresponden a la autoridad ambiental de Tierra del Fuego. En esa línea, argumentó que la ANPYN no habría actuado en el caso exclusivamente como autoridad portuaria nacional, sino como administradora de un establecimiento provincial intervenido.

Según esa interpretación, las decisiones adoptadas en ese carácter conservarían naturaleza local y quedarían sujetas a la jurisdicción de los tribunales fueguinos.

La jueza rechazó la competencia provincial

Sin embargo, la jueza de Instrucción N.º 2 de Ushuaia, María Cristina Barrionuevo, sostuvo una postura diferente y declaró la incompetencia de la Justicia provincial para continuar con la investigación.

La magistrada consideró que la causa exige analizar la validez, el alcance y la interpretación de actos e instrucciones dictados por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de sus funciones oficiales.

En función de ese argumento y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la competencia federal en casos que involucran actuaciones oficiales de funcionarios nacionales, Barrionuevo resolvió remitir las actuaciones al Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo del juez Federico Calvete.

De esta manera, además de determinar si existieron conductas penalmente relevantes, la causa deberá resolver qué fuero judicial tiene competencia para investigarlas.

Al cierre de la información, Calvete había dado intervención a la Fiscalía Federal para que expresara su posición antes de adoptar una decisión definitiva sobre la competencia.

La imputación abre un nuevo capítulo judicial en torno a la intervención nacional del puerto de Ushuaia y al alcance de las facultades de fiscalización ambiental de Tierra del Fuego. La investigación deberá establecer qué ocurrió en los tres episodios denunciados, quiénes fueron responsables de las restricciones y si las conductas señaladas configuran alguno de los delitos investigados.