Río Grande reclama $17.000 millones en coparticipación atrasada y advierte por el impacto en las finanzas municipales

El Municipio de Río Grande reclama alrededor de $17.000 millones en concepto de coparticipación provincial atrasada, en un contexto de creciente preocupación por el impacto que las demoras en las transferencias tienen sobre el funcionamiento de la administración municipal. Así lo explicó el subsecretario de Finanzas, Nicolás Giordano, quien advirtió que los fondos llegan con retrasos de hasta 60 días y que esta situación compromete la previsibilidad financiera de la ciudad.

El funcionario señaló que cerca del 80% de los ingresos municipales provienen de la coparticipación nacional y provincial. Por ese motivo, sostuvo que el cumplimiento de los plazos de transferencia resulta determinante para garantizar la continuidad de los servicios públicos, afrontar los compromisos económicos y organizar las obligaciones presupuestarias del Estado local.

En ese sentido, Giordano remarcó que los atrasos ya no pueden considerarse una demora administrativa habitual, debido a la continuidad que vienen registrando durante los últimos años. “Esta complejidad nos rompe la planificación de todos los servicios que llevamos adelante”, afirmó, al describir las dificultades que enfrenta el Municipio para sostener su funcionamiento cotidiano.

El subsecretario explicó que la falta de disponibilidad oportuna de los recursos impacta sobre distintos compromisos económicos, entre ellos el pago a proveedores y las obligaciones vinculadas con la prestación de servicios esenciales. También condiciona la organización de los gastos, dado que las proyecciones presupuestarias municipales se elaboran sobre la base de ingresos que deberían ingresar en determinados períodos y que, en la práctica, no se acreditan en los plazos previstos.

$5.900 millones acumulan entre 40 y 60 días de demora

Al detallar la situación financiera, Giordano precisó que aproximadamente $5.900 millones corresponden a recursos que registran atrasos de entre 40 y 60 días. Esta acumulación de fondos pendientes profundiza las dificultades de planificación y reduce la liquidez disponible para atender las necesidades de la administración municipal.

“Si uno planifica en función de estimaciones, pero todos los meses sigue generando esa diferencia de deuda y se va estirando en el tiempo, se hace muy difícil. Esa es la situación que estamos viviendo hoy”, sostuvo el funcionario.

El planteo apunta a las consecuencias que genera la acumulación de obligaciones pendientes. Cuando los recursos no ingresan en las fechas esperadas, el Municipio debe reorganizar sus compromisos financieros y afrontar mayores dificultades para cumplir con los gastos previstos, aun cuando se trate de fondos que le corresponden por ley.

El reclamo por los plazos de transferencia

Giordano también hizo referencia al marco normativo que regula las transferencias de recursos coparticipables. En particular, mencionó la Resolución Ministerial 665/09, que establece pautas sobre la periodicidad de las transferencias de fondos nacionales y provinciales a los municipios.

Asimismo, recordó que, en el marco de antecedentes judiciales vinculados con esta problemática, se había establecido un plazo de 21 días como período razonable para concretar las transferencias. Según advirtió, los atrasos que se registran actualmente superan ampliamente ese parámetro y generan una situación de incertidumbre para la administración de los recursos públicos.

Desde el Municipio sostienen que la regularidad en el envío de los fondos no es solamente una cuestión contable, sino una condición necesaria para garantizar la prestación de servicios y el cumplimiento de las responsabilidades estatales. En esa línea, remarcan que la coparticipación constituye una parte central de los ingresos municipales y que su demora repercute directamente en la capacidad de respuesta ante las demandas de los vecinos.

Presentaciones administrativas y documentación respaldatoria

El subsecretario indicó que el Municipio viene realizando presentaciones por las vías correspondientes y manteniendo conversaciones con las autoridades provinciales para solicitar la regularización de las transferencias. Sin embargo, advirtió que la persistencia de los atrasos durante los últimos tres años obliga a evaluar nuevas herramientas institucionales para avanzar con el reclamo.

En ese marco, señaló que la administración municipal ya informó al Concejo Deliberante sobre la situación y cuenta con un informe contable emitido por el Tribunal de Cuentas Municipal. Según explicó, el planteo está acompañado por documentación respaldatoria, conciliaciones bancarias e información relacionada con los recursos que corresponden a cada municipio.

Giordano sostuvo que estos elementos permiten fundamentar el reclamo y respaldar la posición de Río Grande frente a las demoras en la acreditación de los fondos. Además, cuestionó los plazos de publicación de los informes definitivos sobre la recaudación provincial, ya que, según explicó, esa demora dificulta contar con información actualizada para realizar un seguimiento preciso de los ingresos y las transferencias pendientes.

El funcionario remarcó que la acumulación de deuda genera un problema que se profundiza mes a mes. A medida que se prolongan los plazos de pago, el Municipio pierde margen para organizar sus recursos y cumplir con los compromisos asumidos, incluso cuando estos fueron contemplados en la planificación presupuestaria.

Advierten por el impacto en los servicios municipales

Giordano insistió en que la problemática no se limita al área financiera, sino que tiene consecuencias sobre el conjunto de la estructura municipal. La falta de previsibilidad en el ingreso de los recursos obliga a revisar prioridades, reorganizar gastos y afrontar mayores dificultades para sostener las prestaciones y las obligaciones habituales.

“Este atraso permanente, sistemático, que se viene dando en los últimos tres años, lleva a nosotros a tener una situación mucho más complicada”, advirtió.

En ese contexto, el Municipio busca que se regularicen las transferencias y que los recursos sean enviados dentro de los plazos correspondientes, con el objetivo de evitar que la deuda continúe acumulándose y genere mayores restricciones financieras.

El reclamo adquiere especial relevancia por el peso que tiene la coparticipación en los ingresos de Río Grande. De acuerdo con lo expuesto por el subsecretario, cuando una porción significativa de los recursos previstos no llega a tiempo, la administración municipal ve afectada su capacidad para sostener una planificación económica estable y responder a las necesidades de la comunidad.

Finalmente, Giordano sostuvo que las acciones impulsadas por el Municipio tienen como objetivo defender los recursos que corresponden a la ciudad y garantizar que puedan destinarse al cumplimiento de sus responsabilidades.

“Este reclamo es en resguardo de los derechos de los vecinos de Río Grande, que son los verdaderos titulares de los recursos que le corresponden a la ciudad”, concluyó.

Con una deuda reclamada de $17.000 millones y demoras que alcanzan los 60 días, el Municipio insiste en la necesidad de normalizar las transferencias de coparticipación provincial y anticipa que continuará avanzando por las vías institucionales para exigir el envío de los fondos adeudados.