El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias orales en las que analizará el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, donde se desarrolla el proyecto petrolero Sea Lion.
La decisión se conoció luego de que el Gobierno de Javier Milei formalizara, el pasado 13 de octubre, una presentación para preservar los derechos soberanos que la Argentina reclama sobre su plataforma continental y evitar que avance la explotación unilateral de recursos naturales en un área cuya soberanía permanece en disputa.
Según informó el organismo internacional, las audiencias serán públicas y podrán seguirse en vivo a través de su sitio oficial. Durante las jornadas, los jueces deberán evaluar si el Tribunal tiene jurisdicción inicial para intervenir, si existe una situación de urgencia que justifique la adopción de medidas provisionales y si las restricciones solicitadas por el Gobierno argentino resultan proporcionales.
El planteo busca obtener una respuesta judicial urgente mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá analizar el fondo de la controversia entre ambos países.
EL GOBIERNO ARGENTINO BUSCA FRENAR LA EXPLOTACIÓN PETROLERA
La presentación argentina se encuadra en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), específicamente en el artículo 290, párrafo 5, que permite solicitar medidas provisionales mientras se conforma un tribunal arbitral.
El procedimiento se inició el 28 de septiembre, cuando el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería a iniciar un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convemar y notificó formalmente al Reino Unido. En ese momento, la Argentina advirtió que recurriría al Tribunal del Mar si no se detenía el avance de las operaciones petroleras dentro del plazo establecido.
Ante la falta de cambios en la posición británica, el canciller Pablo Quirno presentó el pedido de medidas provisionales el 13 de octubre. El Reino Unido había rechazado las medidas solicitadas, mientras que la Argentina cuestionó esa respuesta por considerar que reiteraba argumentos previamente expuestos.
La solicitud no implica una suspensión automática del proyecto. Será el Tribunal el que determine si corresponde adoptar restricciones para evitar que el avance de las operaciones pueda agravar la controversia antes de que exista una resolución definitiva.
En caso de que se dicten medidas favorables a la Argentina, estas serán obligatorias para las partes en los términos que establezca la decisión judicial. Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá mantenerlas, modificarlas o revocarlas.
SEA LION Y LOS RECURSOS NATURALES EN DISPUTA
El proyecto Sea Lion se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Su desarrollo está a cargo de la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, y de la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.
De acuerdo con los planes informados por las empresas, las perforaciones de desarrollo comenzarían en 2027, mientras que el inicio de la producción comercial está previsto para el primer trimestre de 2028.
El avance del emprendimiento generó nuevos cuestionamientos por parte de la Argentina, que considera que la explotación unilateral de hidrocarburos en el área afecta los derechos soberanos que reclama sobre los espacios marítimos circundantes a las islas.
La controversia también se profundizó luego de que el Reino Unido autorizara el avance del proyecto. La decisión británica, atribuida al secretario de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, fue confirmada por Navitas Petroleum y sumó un nuevo capítulo a la disputa diplomática por los recursos naturales del Atlántico Sur.
Para el Gobierno argentino, el desarrollo petrolero constituye una acción unilateral en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa y contradice los llamamientos internacionales a evitar medidas que modifiquen la situación mientras no exista una solución definitiva.
UNA NUEVA INSTANCIA INTERNACIONAL POR MALVINAS
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar es un órgano judicial independiente creado por la Convemar para resolver controversias vinculadas con la interpretación y aplicación de ese tratado. Está integrado por 21 jueces independientes y tiene su sede en Hamburgo.
El sistema de solución de controversias contempla distintos mecanismos, entre ellos el propio Tribunal del Mar, la Corte Internacional de Justicia y los tribunales arbitrales previstos en la Convención.
En este caso, la Argentina busca que el Tribunal adopte medidas urgentes antes de que el arbitraje principal analice el conflicto de fondo. Las audiencias del 10 y 11 de noviembre serán determinantes para conocer los argumentos de las partes y establecer si existen fundamentos para disponer medidas provisionales.
La disputa por Sea Lion vuelve a colocar en el centro de la agenda internacional la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y el control de los recursos naturales en el Atlántico Sur, en un escenario en el que la actividad hidrocarburífera avanza mientras continúa sin resolverse el diferendo entre ambos países.