“Diálogo existe, lo que no existe son las transferencias”: duro reclamo de Gastón Díaz

El secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, endureció sus cuestionamientos al Gobierno provincial por las demoras en el envío de los fondos de coparticipación y aseguró que la deuda acumulada con la ciudad ya asciende a $17.200 millones. En una entrevista con el programa “Buscando el Equilibrio”, de Radio Provincia, el funcionario planteó que la situación dejó de ser una demora administrativa para convertirse en un conflicto político y financiero que impacta directamente en los vecinos.

“Existe la decisión política de la Provincia de ahogar financieramente al pueblo de Río Grande”, sostuvo Díaz, al describir el escenario que atraviesa la administración municipal y cuestionar la continuidad de los atrasos en las transferencias de recursos que le corresponden a la ciudad.

Según explicó, el monto reclamado creció considerablemente en las últimas semanas. Cuando el intendente Martín Pérez presentó el Presupuesto municipal ante el Concejo Deliberante, la deuda rondaba los $16.000 millones. Actualmente, de acuerdo con las cifras expuestas por el funcionario, asciende a $17.200 millones.

“Cuando el intendente fue al Concejo Deliberante a presentar el presupuesto eran 16.000 millones; hoy son 17.200 millones que se les adeudan a los vecinos de Río Grande”, remarcó.

Díaz indicó que el volumen de la deuda no es el único motivo de preocupación, sino también el tiempo que transcurre sin que se concreten las transferencias. En ese sentido, afirmó que existen liquidaciones definitivas con más de 60 días de demora, una situación que calificó como inédita para la ciudad.

“Hay atrasos en los definitivos de más de 60 días. Eso no sucedió jamás en Río Grande”, manifestó.

El secretario de Gobierno estimó que la deuda continúa aumentando entre $400 y $500 millones por semana, debido a los recursos que, según sostuvo, ingresaron a las arcas provinciales y todavía no fueron transferidos al Municipio.

“No reclamamos lo que Nación no envió”

En medio de la discusión por la caída de los ingresos públicos, Díaz buscó diferenciar el reclamo de Río Grande de la disminución de los fondos nacionales que reciben las provincias y los municipios.

El funcionario reconoció que la coparticipación nacional se encuentra afectada por la caída de la actividad económica y del consumo. Sin embargo, insistió en que la Municipalidad reclama recursos que, de acuerdo con su planteo, ya fueron recibidos por la Provincia y deben ser distribuidos a los gobiernos locales.

“Nosotros no estamos reclamando sobre lo que el Gobierno no recibió. Estamos reclamando que, además de que se mandan menos recursos desde Nación por la caída del consumo, sobre lo que ya recibió la Provincia existen 40 o 45 días de atraso”, explicó.

De esta manera, el Municipio sostiene que el problema no consiste en exigir una compensación por los fondos nacionales que dejaron de ingresar, sino en reclamar que se cumpla con la transferencia de los recursos coparticipables correspondientes a Río Grande.

El impacto en la salud y la asistencia social

Díaz advirtió que la falta de liquidez comienza a repercutir en la capacidad de respuesta del Municipio frente a las necesidades de la comunidad, especialmente en un contexto económico en el que crece la demanda de asistencia.

En materia sanitaria, señaló que Río Grande cuenta con 15 dispositivos municipales de salud y que cada vez son más las personas que recurren al sistema público local tras perder su empleo o quedarse sin cobertura médica.

A esa situación se suma la demanda de asistencia social, que incluye módulos alimentarios, subsidios, pasajes y acompañamiento a comedores, entre otras intervenciones destinadas a familias que atraviesan dificultades económicas.

“Lo digo con muchísima preocupación porque la Municipalidad termina siendo el primer resorte de contención de aquella gente que la está pasando mal”, expresó.

El funcionario sostuvo que la demora en el envío de los fondos limita las posibilidades de ampliar esa respuesta y obliga a la administración municipal a gestionar sus recursos en un escenario de creciente incertidumbre.

“Cuando se retacean estos fondos al Municipio, lo que nos impide es poder dar una mayor contención social a los que la están pasando mal”, señaló.

En ese marco, remarcó que las consecuencias del conflicto no deben interpretarse únicamente como una disputa entre el intendente Martín Pérez y el gobernador Gustavo Melella, sino como una situación que afecta al conjunto de la comunidad.

“Esto no es algo que se le hace al intendente de la ciudad. Es algo que se le está haciendo a los vecinos de Río Grande, al pueblo de Río Grande”, afirmó.

La deuda también condiciona las negociaciones salariales

Uno de los aspectos más sensibles expuestos por Díaz fue la incidencia de la falta de fondos en la discusión salarial con los trabajadores municipales.

El secretario de Gobierno contó que participó de una reunión paritaria con representantes gremiales y que, pese a considerar necesaria una mejora salarial, la situación financiera de la Municipalidad condiciona las posibilidades de avanzar en una propuesta.

“No puedo entrar en un debate o discusión de una mejora salarial absolutamente necesaria para los trabajadores municipales de Río Grande porque los recursos no están llegando”, manifestó.

El funcionario también mencionó que las restricciones financieras repercuten en distintas áreas de la gestión, entre ellas salud, contención social, cultura, deporte y obra pública.

Según su planteo, la acumulación de deuda y los retrasos en las transferencias reducen el margen de planificación del Ejecutivo municipal y dificultan la ejecución de políticas públicas, en un contexto en el que las necesidades de los vecinos demandan una mayor intervención del Estado local.

“Diálogo existe; lo que no existe son las transferencias”

Díaz aclaró que los canales institucionales de comunicación entre el Municipio y el Gobierno provincial continúan abiertos. Mencionó conversaciones entre Martín Pérez y Gustavo Melella, además de encuentros entre los equipos económicos de ambas administraciones.

Sin embargo, cuestionó que esas instancias de diálogo no se hayan traducido en una reducción de la deuda ni en una normalización de los plazos de transferencia.

“Diálogo sí existe. Diálogo existe de parte del intendente con el gobernador, de nuestra Secretaría de Finanzas con el ministro de Economía. Lo que no existe son las transferencias de fondos”, resumió.

El funcionario recordó que meses atrás se había planteado la posibilidad de establecer un cronograma para reducir progresivamente los días de atraso. No obstante, aseguró que la situación empeoró y que las demoras continuaron acumulándose.

Para el Ejecutivo municipal, la falta de previsibilidad constituye uno de los principales problemas, ya que dificulta organizar los compromisos económicos y determinar con qué recursos podrá contar la ciudad para sostener sus servicios y atender las demandas de la población.

El Municipio reclama retomar la ley de goteo

Frente a la continuidad del conflicto, Díaz planteó la necesidad de volver a discutir en la Legislatura provincial la denominada ley de goteo, una iniciativa orientada a establecer un mecanismo de distribución más automático y regular de los recursos coparticipables destinados a los municipios.

“Tenemos que volver a discutir en la Legislatura esta ley de goteo que le va a traer tranquilidad a los municipios”, sostuvo.

La propuesta busca avanzar hacia un esquema que reduzca la discrecionalidad y las demoras en las transferencias, brindando mayor previsibilidad financiera a las administraciones locales.

En paralelo, el Ejecutivo de Río Grande presentó ante el Concejo Deliberante documentación vinculada con la deuda reclamada, las intimaciones realizadas al Ministerio de Economía provincial y el detalle de la composición de los $17.200 millones que el Municipio asegura que se le adeudan.

Díaz sostuvo que la administración municipal continuará utilizando las herramientas institucionales disponibles para exigir el cumplimiento de las transferencias y evitar que el conflicto derive en una confrontación por fuera de los mecanismos formales.

“La gente no nos vota para que salgamos a hacer piquetes a la calle San Martín sino para activar los mecanismos institucionales”, expresó.

Con una deuda denunciada de $17.200 millones, atrasos que superarían los 60 días y consecuencias que, según el Municipio, ya alcanzan distintas áreas de la gestión, el reclamo por la coparticipación volvió a escalar en el escenario político fueguino.

La administración de Martín Pérez insiste en que los recursos reclamados son indispensables para sostener los servicios municipales, responder a la creciente demanda social y garantizar previsibilidad presupuestaria. Mientras tanto, Gastón Díaz elevó el tono de sus críticas y dejó planteada una acusación directa contra el Gobierno provincial: “Existe la decisión política de la Provincia de ahogar financieramente al pueblo de Río Grande”.