Andrés Dachary: “El despoblamiento de Tierra del Fuego es totalmente perjudicial para los intereses nacionales”

Durante la entrevista, Dachary se refirió inicialmente a la polémica generada por informaciones difundidas en medios chilenos y redes sociales sobre el estado del Cementerio de Darwin, donde descansan los soldados argentinos caídos durante la guerra de Malvinas. El funcionario explicó que las tareas que se llevan adelante en el lugar forman parte de un proceso de mejoras de infraestructura y cuestionó que se presentaran como hechos de vandalismo vinculados con una supuesta escalada del reclamo argentino.

“Me parece que tendría que haber otro cuidado por todo lo que representa, no solo para todos los argentinos, sino en particular para los familiares”, expresó. En ese sentido, remarcó la sensibilidad que rodea al cementerio y la importancia de respetar el vínculo de los familiares con el lugar donde descansan sus seres queridos.

Dachary señaló que la administración y el mantenimiento del cementerio involucran aspectos legales complejos y la coordinación con las asociaciones de familiares de los caídos. Por eso, consideró necesario abordar estas cuestiones con prudencia y evitar interpretaciones que puedan profundizar la controversia alrededor de uno de los espacios más significativos de la memoria nacional.

 

La política internacional y el reclamo por Malvinas

 

Otro de los ejes centrales de la entrevista estuvo relacionado con la postura de Estados Unidos y las posibles modificaciones en el funcionamiento del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, organismo que aborda la situación de los territorios pendientes de descolonización.

Dachary cuestionó que la política exterior argentina quede supeditada a los intereses de otras potencias y apuntó contra la estrategia del Gobierno nacional de depositar expectativas en el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump.

“Vos nunca podés condicionar tus intereses nacionales a otro país. No podés decir ‘yo voy a acompañar a los Estados Unidos con lo que sea’”, afirmó.

El funcionario sostuvo que los intereses de las potencias internacionales responden a sus propias estrategias y pueden modificarse de acuerdo con las circunstancias. En esa línea, consideró un error vincular una cuestión central para la Argentina, como la soberanía sobre las Islas Malvinas, con el apoyo eventual de un mandatario extranjero.

“Es un error garrafal determinar algo tan central como Malvinas al apoyo eventual de un presidente, que después se te da vuelta porque lo que está haciendo es jugando en función de sus propios intereses”, manifestó.

Respecto de las iniciativas estadounidenses relacionadas con una reducción de gastos y una posible reestructuración de organismos de Naciones Unidas, Dachary explicó que una eventual eliminación o debilitamiento del Comité de Descolonización podría tener consecuencias diferentes para la estrategia diplomática argentina.

Según analizó, aunque la medida podría interpretarse como un retroceso para la causa de la descolonización, también podría obligar a la Argentina a regresar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, un ámbito de mayor peso político y visibilidad internacional.

“Si a Argentina le sacás el Comité de Descolonización, el único lugar que te queda para ir es la Asamblea General”, señaló. Y agregó que ese espacio permitiría una discusión de mayor alcance sobre la cuestión Malvinas.

El secretario aclaró que no se trata necesariamente de una oportunidad deseada por el Gobierno, sino de una posible consecuencia de los cambios en el escenario internacional.

 

La relación con Chile y la controversia por el comercio con Malvinas

 

Dachary también se refirió a las tensiones generadas por el vínculo comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino, una cuestión que volvió a instalar el debate sobre la posición chilena respecto de la soberanía argentina en las islas.

El funcionario destacó que Chile ha mantenido históricamente un respaldo a la posición argentina en distintos ámbitos multilaterales, especialmente desde el retorno de la democracia. Sin embargo, manifestó su preocupación por las recientes declaraciones de autoridades políticas chilenas y por determinadas iniciativas que, a su entender, pueden resultar contradictorias con ese apoyo.

“Son dos cosas que no se pueden cumplir a la vez: o apoyás o no apoyás”, sostuvo, al plantear que el respaldo diplomático a la Argentina debe ser coherente con las acciones que puedan favorecer la presencia británica en el Atlántico Sur.

En ese contexto, Dachary mencionó la dimensión económica del intercambio comercial involucrado en la controversia y la comparó con el volumen total del comercio bilateral entre ambos países.

Según detalló, la relación comercial entre Argentina y Chile representa aproximadamente 8.000 millones de dólares, mientras que el intercambio cuestionado rondaría los 20 millones de dólares. También recordó que alrededor de 2,5 millones de argentinos viajan anualmente al país vecino.

Para el funcionario, esos números obligan a analizar la situación desde una perspectiva más amplia y a evitar que un conflicto puntual termine perjudicando una relación estratégica para ambos países.

“Las escaladas nunca terminan bien”, advirtió. En esa línea, consideró que una política de sanciones recíprocas podría profundizar las diferencias y afectar los vínculos económicos, sociales y diplomáticos construidos durante décadas.

Dachary remarcó que la Argentina y Chile tienen intereses compartidos en materia de integración regional, prevención de desastres, comercio y cooperación antártica. Por eso, defendió la necesidad de recuperar una agenda común que permita sostener el reclamo de soberanía sin profundizar enfrentamientos entre las sociedades de ambos países.

“El mejor destino para el Cono Sur es Chile y Argentina trabajando de la mano”, afirmó.

 

Las autoridades chilenas y la legitimidad de la posición argentina

 

Durante la entrevista, el secretario distinguió entre las operaciones comerciales de empresas privadas y las acciones de funcionarios públicos que mantienen encuentros o reciben a quienes se presentan como autoridades de las Islas Malvinas.

Para Dachary, esta última situación tiene una gravedad política particular porque puede interpretarse como un reconocimiento institucional a las autoridades británicas que ejercen el control sobre el territorio en disputa.

“Para mí es más grave un alcalde con una foto con alguien que se pretende una autoridad de Malvinas que un barco llevando mercaderías”, expresó.

El funcionario sostuvo que la Argentina debe trabajar diplomáticamente para reencauzar la relación y evitar que las diferencias actuales deterioren los mecanismos de cooperación regional.

Asimismo, consideró que la disputa por Malvinas no puede quedar reducida a una cuestión comercial, ya que involucra principios vinculados con la soberanía, la integridad territorial y el rechazo al colonialismo.

En ese marco, insistió en que la cooperación entre Argentina y Chile resulta fundamental para la defensa de los intereses de ambos países en el Atlántico Sur y la Antártida. También recordó que los dos Estados mantienen posiciones de reconocimiento recíproco de sus respectivas reclamaciones de soberanía antártica, una particularidad que, según sostuvo, debe ser preservada frente a los intereses de otras potencias.

 

La crisis industrial y el riesgo de despoblamiento de Río Grande

 

Hacia el final de la entrevista, Dachary vinculó la situación económica de Tierra del Fuego con la cuestión de la soberanía y la importancia estratégica de mantener una población creciente y con oportunidades de desarrollo.

El funcionario recordó que el régimen de promoción establecido por la Ley 19.640 fue concebido, entre otros objetivos, para promover el poblamiento y el desarrollo económico de esta región del país.

En ese sentido, señaló que Tierra del Fuego ocupa una posición geopolítica relevante por su ubicación en el Atlántico Sur, su condición bicontinental y su relación con los pasos bioceánicos y el territorio antártico.

“Tenemos que ser centros urbanos crecientes, pujantes, desarrollados, con cada vez más habitantes y con cada vez mayor prestación de servicios, y no exactamente lo contrario”, afirmó.

Dachary expresó su preocupación por la situación de las personas que se ven obligadas a abandonar la provincia ante la falta de oportunidades laborales, particularmente en Río Grande, donde se concentra una parte importante de la industria manufacturera electrónica.

“Que haya personas que no encuentran la posibilidad de continuar su vida en Tierra del Fuego producto de la situación económica, y particularmente en Río Grande, es totalmente perjudicial no solamente para los intereses fueguinos, sino para los intereses nacionales”, remarcó.

El secretario cuestionó la orientación económica del Gobierno de Javier Milei y consideró que las políticas nacionales no contemplan adecuadamente las consecuencias territoriales y sociales de la crisis productiva.

A su entender, el análisis económico no puede limitarse a los indicadores generales, sino que debe contemplar el cierre de pequeñas y medianas empresas, la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro de las condiciones de vida de las familias.

En el caso fueguino, sostuvo que la retracción industrial puede tener consecuencias que van más allá de la economía, porque afecta la capacidad de sostener una población estable en una zona estratégica para la Argentina.

 

La Ley 19.640 y la defensa del territorio

 

Dachary también cuestionó las posturas que relativizan la importancia de las restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros y advirtió sobre las implicancias de considerar el territorio únicamente desde una perspectiva económica.

En esa línea, vinculó el debate sobre la propiedad de la tierra con la necesidad de preservar la presencia argentina en regiones de importancia estratégica.

“Imaginate cuánto va a preocupar la industria manufacturera electrónica en Tierra del Fuego si esta gente está dispuesta a venderte La Pampa, Chubut, Río Negro o Formosa a cualquier señor que venga y ponga la plata”, manifestó.

El funcionario consideró que las decisiones sobre la industria, la población y el uso del territorio deben analizarse como parte de una misma discusión sobre el futuro nacional.

Para Dachary, el desarrollo de Río Grande y del resto de Tierra del Fuego no constituye solamente una cuestión provincial, sino una condición importante para sostener la presencia argentina en el extremo austral del continente.

Finalmente, insistió en que el escenario internacional exige una política exterior con objetivos propios, una defensa sostenida de la soberanía sobre Malvinas y una estrategia de integración regional con Chile. Al mismo tiempo, advirtió que la crisis industrial y la emigración de habitantes representan desafíos que deben ocupar un lugar central en el debate político argentino.