El Gobierno de Javier Milei volvió a registrar superávit fiscal y financiero durante septiembre de 2026, aunque detrás de los números positivos persisten señales de debilitamiento de las cuentas públicas. Así lo señala un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre la base de datos de la Oficina Nacional de Presupuesto y el INDEC, que analiza la evolución de los ingresos, los gastos y las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según el relevamiento, el Sector Público Nacional obtuvo en septiembre un superávit primario de $1,43 billones. Luego de afrontar intereses de deuda por $450.000 millones, el resultado financiero alcanzó los $980.000 millones.
Los ingresos totales ascendieron a $15,88 billones, mientras que los gastos llegaron a $14,46 billones. Sin embargo, la comparación con años anteriores muestra que el resultado positivo está estrechamente vinculado con la reducción del gasto público. En términos reales, las erogaciones cayeron un 25,8% respecto de septiembre de 2023, mientras que los ingresos se redujeron un 8,9% en el mismo período.
El CEPA advierte que esta dinámica se mantiene durante 2026. En los primeros nueve meses del año, los ingresos acumularon una caída real del 3,5% interanual, mientras que los gastos disminuyeron un 2,3%. En comparación con igual período de 2023, la contracción fue del 10,8% en los recursos y del 29,7% en las erogaciones.
El informe también señala que el superávit fiscal acumulado en los primeros nueve meses de 2026 es inferior al registrado en los mismos períodos de los dos años anteriores. Al descontar los recursos extraordinarios provenientes de la privatización de centrales hidroeléctricas, el resultado acumulado cayó un 34,1% frente a 2024 y un 16,3% respecto de 2025, medido en pesos constantes.
Ingresos debilitados y señales de estancamiento del consumo
Uno de los aspectos centrales del relevamiento es la evolución de los recursos tributarios. Aunque los ingresos impositivos registraron una mejora real interanual del 2,9% durante septiembre, el resultado estuvo impulsado principalmente por los derechos de exportación, que crecieron un 61,6% frente al mismo mes de 2025.
El informe explica que este incremento responde, en buena medida, a una base de comparación baja, debido a la eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones de granos, oleaginosas y carnes durante septiembre del año pasado.
En contraste, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), uno de los principales indicadores del movimiento del consumo interno, volvió a retroceder. Durante septiembre registró una caída real interanual del 5,9% y acumuló once meses consecutivos de disminución.
El IVA representó el 19,9% de los ingresos totales del Estado nacional durante el mes analizado. Para el CEPA, la continuidad de esta tendencia evidencia que el consumo interno todavía no muestra señales claras de recuperación.
También se registraron retrocesos en los derechos de importación, con una baja interanual del 25,3%, y en Bienes Personales, cuya recaudación cayó un 27,9% frente a septiembre de 2025.
En tanto, el informe estima que la reducción de las retenciones a las exportaciones provocó una pérdida acumulada de recaudación de $2,14 billones durante los primeros nueve meses de 2026, a valores constantes de septiembre.
Obra pública, provincias y salarios, entre los sectores más afectados
El ajuste del gasto público continúa concentrándose en partidas vinculadas con la inversión estatal, las transferencias a las provincias y el funcionamiento de la administración nacional.
De acuerdo con el CEPA, el gasto primario medido mediante el promedio móvil de los últimos doce meses registró una reducción real del 28,8% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026.
Entre los recortes más pronunciados se encuentran los gastos de capital, que disminuyeron un 80,3%; las transferencias a las provincias, con una caída del 70%; y los subsidios económicos, que retrocedieron un 48%.
En el caso de los gastos de capital, el informe señala que la contracción refleja el fuerte freno de la obra pública nacional. Puntualmente, esta partida cayó un 72,6% en términos reales durante septiembre respecto del mismo mes de 2023 y registró una nueva disminución interanual del 13%.
Las transferencias corrientes a las provincias también exhibieron un recorte significativo: fueron un 77% inferiores, en términos reales, a las de septiembre de 2023. Esta situación profundiza la presión sobre las finanzas provinciales y reduce los recursos disponibles para afrontar distintas obligaciones.
Los salarios de los trabajadores de la administración pública nacional constituyen otro de los rubros afectados. Según el relevamiento, la partida salarial registró una caída real del 29,7% frente a septiembre de 2023.
El gasto destinado al funcionamiento del Estado disminuyó un 21,6% en la misma comparación, mientras que las universidades nacionales recibieron recursos que, en términos reales, se ubicaron un 11,5% por debajo de los niveles de septiembre de 2023.
En el acumulado de los primeros nueve meses de 2026, el financiamiento universitario registró una reducción real del 22,5% frente al mismo período de 2023, de acuerdo con el documento.
Jubilaciones, programas sociales y subsidios
El informe también identifica diferencias importantes entre las distintas partidas de prestaciones sociales. En conjunto, el gasto en este rubro cayó un 14,7% en términos reales respecto de septiembre de 2023.
Entre las partidas que registraron aumentos se encuentran las jubilaciones y pensiones contributivas, con una mejora real del 3,7%, y la Asignación Universal para Protección Social, con una suba del 47,5% frente al mismo mes de 2023.
Sin embargo, otros componentes sufrieron reducciones pronunciadas. La partida de otros programas sociales cayó un 66,6%, las asignaciones familiares disminuyeron un 25,2% y las pensiones no contributivas registraron una baja del 14,8%.
El CEPA destaca que dentro de la categoría de otros programas se encuentran políticas destinadas a sectores vulnerables, como la Tarjeta Alimentar, las transferencias a comedores comunitarios y merenderos, el exprograma Potenciar Trabajo y el programa Acompañar, entre otras iniciativas.
En materia de subsidios, el gasto total acumulado durante los primeros nueve meses de 2026 se redujo un 54,4% en términos reales frente al mismo período de 2023. Los subsidios a la energía cayeron un 57,1%, mientras que los destinados al transporte disminuyeron un 40,5%.
El documento señala que, en el caso del transporte, el recorte acumulado equivale a $1,78 billones a precios constantes de septiembre de 2026. El ajuste está relacionado, entre otros factores, con la suspensión de compensaciones tarifarias al transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires mediante el sistema Red SUBE.
Por su parte, los subsidios energéticos mostraron una evolución diferente durante 2026, con un incremento interanual del 27,3% en el acumulado de los primeros nueve meses, impulsado en parte por el aumento internacional de los combustibles asociado al conflicto bélico en Irán. No obstante, el gasto en esta área todavía se encuentra muy por debajo de los niveles de noviembre de 2023.
Las metas con el FMI, bajo presión
Otro de los puntos centrales del informe es la posibilidad de que el Gobierno cumpla con los objetivos fiscales acordados con el Fondo Monetario Internacional.
Tras la revisión del programa realizada en 2026, el organismo fijó una meta de superávit primario acumulado de $16,26 billones para diciembre. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno contempla un resultado positivo de $15,54 billones para el cierre de este año, una cifra inferior en $720.000 millones al objetivo establecido.
Además, el CEPA elaboró una proyección a partir del comportamiento estacional de 2025 y estimó que el resultado fiscal primario podría alcanzar los $13,26 billones al finalizar 2026. De concretarse ese escenario, quedarían $3 billones por debajo de la meta acordada con el organismo internacional.
El centro de estudios considera que el cumplimiento del objetivo anual resulta altamente improbable, especialmente porque durante los dos primeros años de la gestión de La Libertad Avanza aproximadamente dos tercios del superávit se concentraron en el primer semestre.
La deuda y los intereses que no aparecen en el resultado financiero
El documento también pone el foco en el mecanismo de capitalización de intereses de los títulos públicos en pesos, particularmente las Letras del Tesoro Capitalizables (LECAP), los Bonos del Tesoro Capitalizables (BONCAP) y los títulos DUALES.
Estos instrumentos permiten que los intereses generados se incorporen al capital y se paguen en el vencimiento, en lugar de registrarse como una erogación inmediata.
Según el análisis del CEPA, si se incorporaran los intereses capitalizados en LECAP, BONCAP y DUALES, que durante septiembre alcanzaron los $2,11 billones, el resultado financiero del mes pasaría de un superávit de $980.000 millones a un déficit de $1,14 billones.
El informe sostiene que esta modalidad permite mostrar un resultado financiero positivo sin reflejar en su totalidad el costo de los intereses que se acumulan en los instrumentos de deuda.
En conclusión, el CEPA advierte que el superávit fiscal continúa siendo uno de los principales objetivos económicos del Gobierno nacional, pero remarca que su sostenimiento depende de una fuerte reducción del gasto público, en un contexto de ingresos debilitados, retroceso de la inversión estatal y dificultades para cumplir las metas fiscales previstas para diciembre.
El desafío para la administración de Javier Milei será sostener el equilibrio de las cuentas públicas sin profundizar las restricciones sobre la obra pública, las provincias, los salarios y las políticas sociales, mientras busca recuperar los ingresos y cumplir con los compromisos asumidos ante el FMI.