Diputados aprobó la Ley de Propiedad Privada y restituyó las restricciones a la compra de tierras por extranjeros

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo, con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. El resultado permitió avanzar con la iniciativa, aunque el debate obligó a La Libertad Avanza a modificar uno de los puntos centrales del texto: la derogación de las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.

Las seis abstenciones de los diputados de Córdoba resultaron determinantes para alcanzar la mayoría necesaria. En el transcurso de la discusión, el oficialismo cedió en su intención de eliminar las limitaciones establecidas por la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La modificación se produjo en medio de las diferencias sobre la derogación de disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Finalmente, se mantuvo la vigencia de la normativa que establece restricciones a la adquisición de tierras rurales por personas y empresas extranjeras.

El texto también había experimentado cambios durante su tratamiento en el Senado, donde se había recortado el capítulo referido al uso de tierras afectadas por incendios. Con la decisión de Diputados, el proyecto deberá regresar a la Cámara alta, que tendrá que resolver si acepta las modificaciones o insiste con la redacción original.

Expropiaciones e indemnizaciones

Uno de los principales aspectos de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es el endurecimiento de los requisitos para que el Estado pueda avanzar con expropiaciones.

La iniciativa establece que los bienes alcanzados deberán contar con una declaración de utilidad pública y contempla el pago previo de una indemnización calculada a valor de mercado. Además, incorpora el reconocimiento del lucro cesante, es decir, las ganancias que el propietario dejaría de percibir como consecuencia de la expropiación.

Los cuestionamientos al proyecto apuntan a que estas condiciones podrían incrementar los costos y las dificultades para ejecutar obras públicas que requieran incorporar terrenos privados.

Desalojos y plazos para los inquilinos

Otro capítulo relevante está vinculado con los procedimientos de desalojo de inmuebles ocupados, para los cuales se prevé la utilización de juicios sumarísimos con el objetivo de acelerar la restitución de las propiedades a sus titulares.

En el caso de inmuebles destinados a vivienda, el propietario deberá intimar formalmente al inquilino por la falta de pago y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos desde la recepción de la notificación para regularizar la deuda.

Si el incumplimiento continúa, podrá iniciar la acción judicial correspondiente, que, según el texto aprobado, contará con un plazo adicional de diez días hábiles.

La iniciativa también contempla la posibilidad de solicitar la desocupación inmediata en casos de falta de pago o vencimiento del contrato, bajo caución juratoria. Si posteriormente se demuestra que el propietario ocultó hechos o documentación para obtener esa medida, podrá recibir una multa de hasta diez veces el valor del alquiler mensual, a favor de la contraparte.

Protección para personas en situación de vulnerabilidad

El proyecto incorpora previsiones para los casos en que en los inmuebles sujetos a desalojo residan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo.

En esas circunstancias, el juez deberá dar intervención a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional transitoria. El plazo previsto para esa intervención es de hasta diez días, sin que ello implique la suspensión del proceso judicial principal.

Desde el oficialismo, el argumento a favor de agilizar los desalojos se vincula con la restitución de los inmuebles a sus propietarios y con la intención de evitar que las ocupaciones desalienten la oferta de viviendas en alquiler.

Tras la votación en Diputados, la discusión continuará en el Senado, donde se definirá el futuro de una iniciativa que combina cambios en el régimen de propiedad privada, las expropiaciones, los desalojos y las restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.