Myriam Martínez pidió que los municipios también aporten al financiamiento educativo

La discusión por el financiamiento educativo en Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo a partir de las declaraciones de la legisladora de FORJA, Myriam Martínez, quien sostuvo que los municipios también deben contribuir al sostenimiento del sistema educativo provincial, en un contexto marcado por los reclamos de las administraciones locales por las transferencias de coparticipación.

Durante una entrevista radial, la parlamentaria defendió la necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiamiento y remarcó que el esfuerzo debe ser compartido entre los distintos niveles del Estado. “Todos tenemos que colaborar. Hablo absolutamente de todos, y en esto incluyo a las municipalidades también”, expresó.

Sin embargo, Martínez no precisó qué porcentaje de los recursos deberían aportar los gobiernos locales ni mediante qué mecanismo se instrumentaría esa participación.

Sus declaraciones se produjeron mientras los municipios reclaman el envío de fondos que les corresponden por coparticipación. Frente a este escenario, la legisladora reconoció las dificultades financieras que atraviesa el Gobierno provincial y señaló que la administración necesita recurrir a adelantos para cumplir con sus obligaciones salariales.

“Para pagar salarios nosotros nos estamos manejando con adelanto de coparticipación. Eso te demuestra a vos y te evidencia la gravedad de la situación que estamos viviendo todos”, afirmó.

Consultada sobre las demandas de los municipios, Martínez insistió en la necesidad de alcanzar acuerdos mediante el diálogo y sostuvo que la Provincia enfrenta una situación compleja por la falta de recursos disponibles. No obstante, el reclamo municipal se centra en la necesidad de contar con los fondos correspondientes para afrontar sus propias obligaciones y garantizar los servicios que reciben los vecinos.

En ese marco, la legisladora defendió el proyecto de financiamiento educativo y rechazó las críticas que lo califican como un aumento impositivo. “Muchos dijeron que era un impuestazo, y nosotros les dijimos que no era un impuestazo”, manifestó.

No obstante, al ser consultada específicamente sobre la posibilidad de que el gravamen vinculado a la distribución de gas natural termine impactando en las facturas de los usuarios, reconoció que ese escenario podría producirse. “Yo te diría que puede pasar”, respondió.

La declaración introduce un punto central en la discusión sobre la iniciativa: aunque el oficialismo sostiene que busca generar recursos para fortalecer el sistema educativo, todavía existe el interrogante sobre cómo se distribuirá el costo de las medidas propuestas y qué impacto podrían tener sobre los consumidores.

Otro de los aspectos cuestionados por Martínez fue el esquema de aportes estatales a establecimientos educativos de gestión privada que, al mismo tiempo, cobran cuotas elevadas a las familias.

“¿Y esa plata por qué está yendo y encima le están cobrando una cuota millonaria?”, planteó la legisladora, al poner en discusión el destino de los recursos públicos que reciben esas instituciones.

Según sostuvo, hay familias que enfrentan dificultades para afrontar las cuotas y terminan trasladando a sus hijos a escuelas estatales. En ese sentido, cuestionó que el Estado destine fondos a establecimientos privados mientras persisten las necesidades de financiamiento del sistema público. Sin embargo, no anunció una propuesta concreta para eliminar o modificar los subsidios.

Martínez también reconoció que la ley de financiamiento educativo no resolvería por sí sola la totalidad de las necesidades presupuestarias del sector. La iniciativa, según explicó, representa una herramienta complementaria que requiere acuerdos políticos y la definición de nuevas fuentes de recursos.

El debate se desarrolla en medio de las dificultades financieras de la Provincia, los reclamos de los municipios por la coparticipación y las demandas de la comunidad educativa por mayores recursos. La discusión legislativa deberá determinar cómo se financiará la propuesta, qué sectores asumirán los costos y de qué manera se garantizará que los fondos lleguen efectivamente al sistema educativo fueguino.