por Redacción Del Pueblo
El Gobierno de Tierra del Fuego busca avanzar en la regularización de las tierras del Macizo 67, ubicado en la margen sur de Río Grande, donde numerosos productores desarrollan actividades agrícolas y ganaderas desde hace más de dos décadas. El objetivo es brindar seguridad jurídica a las familias que trabajan el lugar y permitir que continúen desarrollando sus emprendimientos productivos.
En diálogo con FM Del Pueblo, el secretario de Representación Política del Gobierno provincial, Federico Giménez, explicó que la iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo junto con la legisladora Myriam Martínez y que responde a un reclamo histórico de los productores de la zona.
El funcionario recordó que, durante una gestión anterior, se avanzó con un proceso de expropiación en un sector de la margen sur mediante la Ley Provincial 1287, pero el área que actualmente comprende el Macizo 67 quedó excluida por cuestiones legales vinculadas con la situación de las tierras y sus propietarios.
En ese contexto, Giménez señaló que los productores llevan más de 20 años trabajando el sector y que, durante ese tiempo, realizaron importantes inversiones para acondicionar los terrenos y desarrollar sus actividades. Entre otras tareas, rellenaron las parcelas con tierra fértil, abrieron calles e incorporaron servicios como agua y electricidad.
El secretario remarcó que se trata de familias que desarrollan actividades frutihortícolas, agrícolas y de cría de cerdos, con un potencial importante para fortalecer la producción local y el abastecimiento de alimentos en la ciudad.
Además, sostuvo que la situación de estos productores debe diferenciarse de otras ocupaciones irregulares, ya que, según explicó, en este caso existieron antecedentes de intervención estatal que permitieron a las familias asentarse y comenzar a producir en el lugar.
El proyecto obtuvo dictamen y será tratado en el recinto
Giménez confirmó que la iniciativa consiguió dictamen favorable en una reunión conjunta de las comisiones 2 y 5 de la Legislatura provincial, con un amplio respaldo de los legisladores presentes. De esta manera, quedó habilitada para ser tratada en la próxima sesión, donde deberá obtener la aprobación correspondiente para continuar con el proceso.
El funcionario explicó que los primeros artículos del proyecto están vinculados con el Macizo 67, mientras que el resto contempla adecuaciones para armonizar el marco legal aplicable.
Si la Legislatura aprueba la propuesta, las tierras serán declaradas de utilidad pública, lo que permitirá al Ejecutivo avanzar con los pasos administrativos y legales necesarios para una eventual expropiación.
Sin embargo, Giménez aclaró que la aprobación legislativa no implica una expropiación inmediata. Luego será necesario realizar una nueva tasación de los terrenos a través del organismo competente y actualizar la información sobre la situación de los productores y las parcelas involucradas.
En ese proceso intervendrían distintas áreas del Gobierno provincial, junto con el Ministerio de Producción y el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), con el propósito de avanzar en la regularización del sector.
La falta de financiamiento, uno de los principales desafíos
Uno de los puntos centrales será conseguir los recursos necesarios para afrontar una eventual expropiación. Giménez reconoció que la situación económica de la provincia obliga a evaluar distintas alternativas de financiamiento, entre ellas la posibilidad de obtener fondos de organismos nacionales o de inversores privados.
Una vez que se cuente con la tasación, el Ejecutivo podrá presentar la valuación a los propietarios e iniciar una instancia de negociación para alcanzar un acuerdo. Si no fuera posible concretarlo, el funcionario indicó que existe la alternativa de recurrir a un juicio de expropiación, en el marco de los instrumentos legales correspondientes.
El secretario también se refirió a las dificultades que enfrenta Río Grande para disponer de tierras fiscales con servicios, una problemática que condiciona tanto el crecimiento urbano como el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales y productivos.
En ese sentido, mencionó los antecedentes de negociaciones para el desarrollo de San Martín Norte y señaló que la escasez de terrenos disponibles obliga tanto al Municipio como a la Provincia a buscar alternativas para ampliar las posibilidades de crecimiento.
El objetivo es sostener la producción local
Giménez insistió en que la prioridad del Gobierno es brindar tranquilidad a las familias productoras y resguardar las inversiones realizadas durante años de trabajo. Según explicó, la incertidumbre sobre la tenencia de la tierra y los reclamos de restitución planteados por los propietarios generan preocupación entre quienes desarrollan sus actividades en el Macizo 67.
El funcionario sostuvo que la regularización permitiría consolidar el potencial productivo del sector y fortalecer el consumo local, en un contexto en el que la ampliación de la matriz productiva aparece como uno de los desafíos económicos de Tierra del Fuego.
Por el momento, el proyecto deberá ser tratado por la Legislatura. Su aprobación abriría una nueva etapa administrativa y legal para avanzar en la tasación, la búsqueda de financiamiento y las negociaciones necesarias para definir el futuro de las tierras y de los productores que trabajan allí desde hace más de 20 años.