El radar de Leolabs bajo investigación: Villegas apunta a exfuncionarios provinciales

El legislador provincial Pablo Villegas se refirió a la investigación sobre la instalación del radar de la empresa LeoLabs en Tierra del Fuego y anticipó que la comisión investigadora volverá a convocar a funcionarios vinculados con las autorizaciones ambientales y la provisión de energía eléctrica al emprendimiento ubicado en la estancia El Relincho, en Tolhuin.

En diálogo con La Mañana del Pueblo, Villegas confirmó que la comisión tenía previsto reunirse para recibir los testimonios del actual ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, y de la exministra del área, Sonia Castiglione. El objetivo es conocer los fundamentos de las decisiones adoptadas y establecer si se cumplieron las medidas dispuestas luego de que el Ministerio de Defensa de la Nación advirtiera sobre los riesgos del radar para la defensa y la soberanía nacional.

El legislador explicó que la autorización ambiental provincial fue uno de los pasos que posibilitaron el avance del proyecto. En ese sentido, cuestionó que se haya utilizado una Guía de Aviso de Proyecto (GAP), un procedimiento simplificado previsto para emprendimientos de menor incidencia ambiental, en lugar de exigir un estudio de impacto ambiental.

“Queremos saber por qué se le autorizó una simple guía ambiental y no un estudio de impacto ambiental, donde el trámite es mucho más complejo y tiene que haber audiencia pública”, planteó Villegas.

El parlamentario sostuvo que la comisión busca reconstruir históricamente los hechos y determinar qué responsabilidades les corresponden a los funcionarios que participaron de las decisiones. También señaló que solicitó al actual ministro de Producción y Ambiente que permita realizar una inspección en las instalaciones de LeoLabs, en el marco de las facultades de control ambiental de la provincia.

Sin embargo, reconoció que la investigación enfrenta dificultades para reunir todos los testimonios previstos. Entre quienes fueron convocados y no habrían concurrido mencionó al exresponsable de la Dirección Provincial de Energía, Manchini. También indicó que pretende incorporar las opiniones de exfuncionarios nacionales, entre ellos el exembajador argentino en Estados Unidos Jorge Argüello, el excanciller Jorge Taiana y el funcionario que intervino en el otorgamiento de la autorización nacional precaria.

Villegas señaló que la comisión tiene plazo hasta el 15 de diciembre para completar su tarea, aunque manifestó su intención de contar con el informe final durante noviembre, siempre que sea posible reunir los elementos necesarios.

La provisión de energía, otro punto bajo investigación

Uno de los aspectos que el legislador consideró centrales es la autorización para suministrar energía eléctrica al radar, en un contexto en el que Tolhuin ya presentaba dificultades en su capacidad de generación y vecinos de la ciudad continúan denunciando inconvenientes para acceder al servicio.

Villegas indicó que existen constancias documentales que dan cuenta de un requerimiento de 10 kW para el funcionamiento del emprendimiento. En ese marco, cuestionó que se haya comprometido la provisión eléctrica para el radar mientras persisten necesidades insatisfechas entre los habitantes de la localidad.

“Es absurdo que por un lado se haya comprometido la provisión de energía eléctrica para la instalación y funcionamiento de este radar y, por otro lado, no se garantice a los vecinos la posibilidad de acceder a un servicio básico, elemental y fundamental”, sostuvo.

Consultado sobre el rol del entonces secretario de Energía, Moisés Solorza, Villegas explicó que el exfuncionario ya prestó testimonio ante la comisión. Según relató, Solorza manifestó que no estuvo operativamente a cargo de la decisión de otorgar el suministro eléctrico a LeoLabs. El legislador aclaró que esa declaración deberá ser evaluada junto con el resto de las pruebas y testimonios.

La comisión deberá establecer qué intervención tuvo cada funcionario y si las decisiones adoptadas fueron compatibles con las necesidades energéticas de Tolhuin.

Villegas cuestionó la intervención del puerto de Ushuaia

Durante la entrevista, el legislador también se refirió a la intervención del puerto de Ushuaia y cuestionó las decisiones adoptadas en ese marco, en particular ante las informaciones difundidas sobre una posible contratación del servicio de seguridad portuaria con valores que, según lo denunciado, representarían sobreprecios de hasta el 1.000%.

Villegas calificó la intervención como “inconstitucional, ilegítima e ilegal” y sostuvo que constituye una afrenta a la autonomía provincial.

“Todas las decisiones que se adopten en el marco de esta intervención van a tener que ser revisadas por los órganos provinciales, ahora o en su debido momento”, advirtió.

El legislador recordó que la administración del puerto fue transferida a la provincia mediante un convenio entre Nación y Tierra del Fuego en 1992 y sostuvo que los recursos portuarios deben utilizarse dentro del marco de la ley, evitando perjuicios económicos y fiscales para los fueguinos.

“Uno va a estar muy atento, mientras esté en estas funciones legislativas, de tratar de que las decisiones que se adopten en el marco de la intervención no impliquen un perjuicio en términos económicos y fiscales a Tierra del Fuego”, afirmó.

Finalmente, Villegas consideró que la Legislatura podría evaluar la creación de una comisión investigadora para analizar lo ocurrido con el puerto, aunque aclaró que esa posibilidad dependerá de la voluntad política de los distintos sectores.

En ese sentido, recordó que la investigación sobre el radar también demoró años en conseguir respaldo legislativo y expresó su expectativa de que no ocurra lo mismo con el conflicto portuario.