Ricardo Alonso: “Hay una decisión evidente de quedarse instalados en Ushuaia"

En diálogo con Rulo Quiroga, Alonso explicó que desde el inicio de la intervención, el 20 de enero de este año, su organización acompaña a los trabajadores afectados y rechaza la medida por considerarla “ilegítima, inconstitucional e ilegal”.

“Nosotros venimos desde el momento de la intervención acompañando a los 140 trabajadores del puerto que quedaron afuera. No estamos de acuerdo para nada con la intervención”, afirmó el dirigente sindical, quien señaló que el objetivo de los gremios es lograr que los empleados recuperen sus puestos de trabajo.

Alonso remarcó que los conflictos que puedan existir entre el Gobierno nacional y la Provincia deben resolverse en los ámbitos correspondientes, pero advirtió que esa disputa no puede seguir perjudicando a las familias de los trabajadores. En ese sentido, confirmó que los sindicatos llevaron sus reclamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir una definición sobre la intervención.

Uno de los puntos más cuestionados por el vicepresidente de APDFA tiene que ver con las contrataciones y licitaciones realizadas durante la administración del puerto. Según detalló, se habría convocado a una licitación para el servicio de seguridad por un monto de 4.000 millones de pesos durante 12 meses, equivalente a unos 350 millones de pesos mensuales.

“Realmente el puerto no es tan grande como para analizar esos valores”, sostuvo Alonso, quien comparó los costos con los de otros puertos del país y consideró que el monto resulta excesivo para las dimensiones de la terminal portuaria de Ushuaia.

El dirigente también mencionó otras contrataciones que, según indicó, generan interrogantes, entre ellas una reparación de un pontón por 90 millones de pesos y la compra de un martillo hidráulico por 50 millones. Asimismo, cuestionó la baja de un oferente en una contratación vinculada al servicio de salud porque, según su relato, el precio presentado era inferior al establecido como base de la licitación.

Para Alonso, estas decisiones forman parte de una serie de situaciones que deben ser explicadas. “Todo lo que está pasando en la intervención es raro, se huele mal”, expresó.

 

“No hay intención de devolverle el puerto a Tierra del Fuego”

 

Durante la entrevista, el representante sindical planteó que existen indicios de que la intervención podría extenderse más allá del plazo previsto inicialmente. Como argumento, mencionó la contratación de servicios de seguridad por un año y el traslado de personal administrativo y operativo desde Buenos Aires y otras ciudades hacia Ushuaia.

En esa línea, hizo referencia a la estructura de la Administración General de Puertos y aseguró que, dentro de un nuevo organigrama que se estaría elaborando, aparece una dependencia denominada “Unidad Tierra del Fuego”.

“Le digo, primero, no va a haber ninguna intención de disolver la Administración General de Puertos y no hay ninguna intención de devolverle el puerto a Tierra del Fuego, por lo menos en el corto plazo”, manifestó.

Alonso sostuvo que estos movimientos refuerzan la preocupación de los trabajadores y de las organizaciones sindicales respecto del futuro de la terminal portuaria fueguina. No obstante, sus afirmaciones corresponden a la interpretación que realiza el dirigente sobre las decisiones adoptadas durante la intervención.

 

La expectativa por una definición de la Corte Suprema

 

El vicepresidente de APDFA confirmó que representantes gremiales se presentaron frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para visibilizar el conflicto y solicitar avances en el expediente judicial.

Según explicó, durante la manifestación dos dirigentes pudieron ingresar y mantener una conversación con el secretario del tribunal. De acuerdo con lo que relató Alonso, recibieron el compromiso de que durante esa semana estaría disponible para los ministros el informe que serviría de fundamento para resolver la cuestión.

El dirigente precisó que el reclamo sindical apunta a dos objetivos centrales: que se resuelva la situación institucional del puerto y que los 140 trabajadores puedan regresar a sus puestos laborales.

“Sabemos que la Corte tiene un expediente, que es el expediente 90 del 2026, que lo está tratando”, indicó.

Alonso aclaró que la movilización no tuvo como finalidad realizar una protesta multitudinaria, sino exponer la posición de las organizaciones que representan a los trabajadores portuarios y ferroviarios. En la manifestación participaron dirigentes de APDFA, de la Asociación de Trabajadores del Estado vinculados a la administración portuaria, de SUTEF y de otras organizaciones, según detalló durante la entrevista.

 

La preocupación por los salarios y el futuro de 140 familias

 

Otro de los aspectos centrales del conflicto es la situación económica de los trabajadores que permanecen fuera del puerto. Alonso recordó que se firmó un acuerdo entre la Provincia y los gremios para sostener el pago de los salarios durante un año, con fondos que tenía reservados la administración portuaria.

Sin embargo, advirtió que la Dirección Provincial de Puertos de Ushuaia dejó de recaudar en el marco de la intervención y que todavía no existe una respuesta concreta sobre cómo se garantizará la continuidad de los ingresos una vez vencido el acuerdo.

“Tenemos un convenio firmado con la provincia y los gremios donde le reconocen el salario hasta febrero o marzo, por un año a partir de que se firmó el primer convenio”, explicó.

La incertidumbre aumenta porque, según señaló, los trabajadores continúan sin poder ingresar a sus lugares de trabajo y no cuentan con definiciones sobre lo que ocurrirá cuando finalice la cobertura salarial acordada.

“Hay que ver quién se va a hacer cargo de la continuidad o no de los trabajadores. Alguien tiene que hacerse cargo”, reclamó.

En uno de los pasajes más contundentes de la entrevista, Alonso resumió la dimensión humana del conflicto: “No son 140 personas, porque uno dice 140 personas, lo llenamos en un salón en una fiesta; son 140 familias que están pendientes de la resolución de un tipo a 3.800 kilómetros, sentado en una oficina en Puerto Madero”.

El dirigente sostuvo que la responsabilidad de encontrar una salida no puede recaer indefinidamente sobre la Provincia mientras los trabajadores siguen sin poder desarrollar sus tareas habituales.

 

Ushuaia como una posible prueba piloto para intervenir otros puertos

 

Alonso también planteó una interpretación política más amplia sobre la intervención del puerto fueguino. A su entender, la decisión podría haber funcionado como una prueba para evaluar la posibilidad de avanzar sobre otras terminales portuarias del país.

“Para nosotros, Ushuaia era una prueba piloto. Si pasaba desapercibida y salía bien, iban a avanzar por otros puertos”, afirmó.

En ese contexto, mencionó a los puertos de la provincia de Buenos Aires como posibles escenarios de futuras intervenciones y contrastó la situación fueguina con la de Chubut y Santa Cruz, provincias que, según su análisis, mantienen una relación política diferente con el Gobierno nacional.

El dirigente consideró que intervenir puertos de mayor peso económico, como los vinculados al complejo agroexportador del Gran Rosario, supondría un escenario mucho más complejo por los intereses productivos y comerciales involucrados.

Además, cuestionó la forma en que se llevó adelante el procedimiento en Ushuaia. Según su relato, el ingreso de las autoridades se produjo durante la noche, con presencia policial, sin la participación de las autoridades provinciales en el procedimiento y mediante notificaciones por WhatsApp.

“Entrar dejando 140 trabajadores en la calle no es una forma de ingresar a un puerto”, expresó.

Alonso también apuntó contra el funcionario nacional Iñaki Arregui y denunció la existencia de presuntas complicidades que, según su versión, habrían contribuido a concretar la intervención. En ese marco, mencionó a Juan Avellaneda y cuestionó una denuncia que atribuyó a un gremio al que calificó de irregular. Estas acusaciones forman parte de sus declaraciones y no constituyen, por sí mismas, hechos judicialmente acreditados.

 

Críticas a la Cámara de Turismo y a la Cámara de Comercio

 

El vicepresidente de APDFA también cuestionó la falta de participación de sectores empresariales de Ushuaia en las instancias de diálogo propuestas por los trabajadores.

Según relató, representantes sindicales invitaron a la Cámara de Turismo y a la Cámara de Comercio de Tierra del Fuego a reunirse para analizar el conflicto y evaluar posibles alternativas, pero aseguró que ninguna de las dos entidades asistió.

Alonso advirtió que las consecuencias de la intervención podrían trascender el ámbito laboral y afectar directamente a la actividad turística y comercial de la ciudad.

En particular, alertó sobre la posibilidad de que el conflicto llegue a instancias internacionales y se comunique a las empresas navieras que operan con cruceros en Tierra del Fuego.

“Les vamos a llevar el conflicto a la OIT y vamos a hablar con las empresas armadoras que fletan buques de pasajeros a Tierra del Fuego para explicarles que hay un conflicto”, anticipó.

El dirigente señaló que una eventual advertencia internacional sobre problemas operativos o demoras podría generar preocupación entre las compañías de cruceros, con consecuencias económicas para una actividad de gran relevancia para Ushuaia.

Por eso, insistió en que el conflicto no debería ser considerado un problema exclusivo de los empleados portuarios, sino una situación que involucra al conjunto de la comunidad fueguina.

 

“Esto se arregla con diálogo, transparencia y decisión política”

 

Sobre el cierre de la entrevista, Alonso volvió a insistir en que la prioridad de los sindicatos es lograr que los trabajadores recuperen sus puestos y que sus familias puedan dejar atrás la incertidumbre económica y emocional que atraviesan desde enero.

Aunque denunció presuntas irregularidades y responsabilidades políticas, rechazó expresamente cualquier salida violenta al conflicto.

“No estoy apelando a que haya violencia. Todo lo contrario. No creo, estoy convencido de que esto no se arregla con violencia; esto se arregla con diálogo, con transparencia y con decisión política. No hay otra forma de arreglarlo”, afirmó.

Finalmente, ratificó que las organizaciones gremiales continuarán con sus reclamos en los ámbitos institucionales y judiciales hasta obtener una respuesta.

“La única premisa es que los 140 trabajadores vuelvan a trabajar y que las 140 familias vuelvan a tener la estabilidad psicológica y económica que tuvieron hasta el 20 de enero de este año”, concluyó.